16 Dic Política Pública Nacional LGBTI: una deuda que sigue pendiente
El artículo 13 de la Constitución Nacional de Colombia establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, por lo que recibirán la misma protección y trato de las autoridades y disfrutarán de los mismos derechos, oportunidades y libertades sin ningún tipo de discriminación por razones de origen, lengua, opinión, raza, religión o sexo”.
Sin embargo, y para nadie es un secreto que la población LGBTIQ+ soporta discriminación extrema: de acuerdo con el informe Nada que celebrar; informe de derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, de Colombia Diversa, entre el 2019 y 2020, se registró una aterradora cifra de 1060 víctimas por casos de amenazas, homicidio y violencia policial.
Pero la problemática contra la población LGBTIQ+ parece aún peor pues en la mayoría de los casos las víctimas no denuncian, entre otras razones por el miedo a la actuación del Estado y la respuesta de la fuerza pública (284 de las victimas reportados por el informe de Colombia Diversa, es decir el 26,7 por ciento, fue causadas por la Policía Nacional directamente).
Esta circunstancia queda muy clara en otro informe, el de la ONG Temblores de 2019, titulado Que Maricada con Nuestros Derechos primera edición, en el que se afirma que entre el 2008 y 2019, a Medicina Legal apenas se reportaron 1.944 casos.
Más preocupante aún resulta el hecho de constatar que los casos de violencia citados anteriormente no obedecen a provocación alguna por parte de la población LGBTIQ+ sino que son simplemente hechos que se dan por pura y simple discriminación: de los 1944 casos reportados, 576, es decir, un 29,6 por ciento, se presentaron -según el informe- “cuando lxs maricas se desplazaban de un lugar a otro” y el 45 por ciento de las agresiones, entre esas violencia interpersonal, sexual y homicida sucedieron en lugares públicos.. Es decir, la población LGBTIQ+ simplemente por ser y existir y con el solo hecho de desplazarse de un lugar a otro ya está expuesta a la violencia.
Pero ¿por qué sucede esto y cuál es la razón para que el gobierno nacional no le ponga freno?
Hay muchas razones de forma y de fondo para que la población LGBTIQ+ soporte estos vejámenes, en principio: una sociedad machista, racista y patriarcal que somete a aquellos que piensan, sienten y/o se identifican diferentes.
En segundo lugar, un Estado que privilegia el “statu quo” que hace que unos ciudadanos -los que se ajustan al patrón- “luzcan bien”, mientras aquellos que se alejan del patrón sean estigmatizados, perseguidos, vulnerados y en casos extremos -pero no tan escasos- asesinados.
Sin embargo, no hay un hecho que sea más determinante de esta problemática que la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos de la población diversa sexualmente.
En esta materia, la Corte Constitucional en su sentencia T314 2011 dice lo siguiente: “se advierte la necesidad de articular una política integral pública nacional LGBTIQ+, concebida desde la construcción participativa, con metodologías, tiempos, recursos técnicos y financieros claros y adecuados. Así como con las metodologías, fases y tiempos requeridos para garantizar un ejercicio efectivo de formulación de políticas públicas sociales con énfasis en poblaciones y territorios”.
Entonces: ¿por qué el gobierno de Iván Duque se niega a obedecer el mandato de la Corte? ¿por qué incumple con tanto descaro las disposiciones contempladas en el decreto 762 de 2018 expedido por el anterior gobierno, el de Juan Manuel Santos, y en el cual se deja la obligación para que el actual gobierno ejecute la política pública en favor del colectivo LGBTIQ+?
¿Acaso, y parafraseando a la Corte Constitucional, no es obligatorio para el estado promover, salvaguardar e implementar políticas públicas con líneas de acción que apunten a visibilizar de manera efectiva el derecho a la igualdad y adoptar medidas al interior de todas las entidades a favor de los derechos del sector LGBTIQ+ históricamente abandonada y discriminada?
¿Qué responsabilidad le cabe directamente al Ministerio del Interior que es el encargado de articular con las organizaciones sociales de diversidad sexual el plan de acción para la implementación y cumplimiento de las disposiciones contempladas en el decreto 762 de 2018?
No, la verdad es que este gobierno definitivamente no está interesado en promover, defender y garantizar los derechos que por Constitución Nacional tiene el sector LGBTIQ+.
La verdad es que necesitamos unirnos entre todos y todas para que esto suceda. Así que les informo que, junto a las organizaciones sociales con expresiones sexuales e identidades de género diversas, desde mi curul en el congreso, continuaré e intensificaré la lucha hasta que este gobierno indolente decida cumplir la Constitución Nacional, acatar la sentencia T314 2011 de la Corte Constitucional y aplicar el decreto 762 de 2018.
