Apreciados compañeros de Defendamos la Paz, señoras y señores invitados:
Hace 4 años, cuando hacía uso de la palabra en el acto de firma del Acuerdo de Paz en la ciudad de Cartagena, un avión caza de guerra se clavó con su rugido amenazante sobre el espacio donde se celebraba el acto, volviéndose a elevar a toda velocidad para desaparecer de la escena. Todos los presentes sufrimos el impacto del calculado movimiento, que de paso sirvió a varios medios de comunicación para caricaturizar con mala intención mi reacción.
Nunca supimos por qué una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana cumplió semejante acción sobre el centro de la ciudad de Cartagena, estando allí presentes no sólo las más altas autoridades del país, sino además una representación presidencial y diplomática de carácter internacional, amén de centenares de testigos y medios de prensa. Algunos, con genio avizor, pronosticaron tiempos muy difíciles para la implementación de todo lo firmado en el Acuerdo de Paz.
Quedaba claro que la paz de nuestro país contaba con enemigos de grueso calibre, que se encargarían de hacer todo cuanto estuviera al alcance para sabotearla. Un Acuerdo aplaudido por la comunidad internacional, elogiado por los más reconocidos juristas de orbe, motivo de estudio en las más importantes universidades extranjeras, apenas firmado se convertía en blanco de los más encarnizados ataques por parte de sectores partidarios de la confrontación.
Lo vivido durante estos cuatro años no ha hecho más que confirmarlo. Pero también ha puesto de manifiesto que nuestro país posee unas inagotables reservas democráticas, integradas por mentes preclaras y corazones de buena voluntad, que en los más variados escenarios han hecho resonar su voz en defensa de lo pactado. Defendamos la paz, el movimiento amplio que convoca esta conferencia, es el más cercano testimonio de cómo Colombia da un rotundo no a la guerra.
La comunidad internacional brinda un decidido apoyo a la paz en nuestro país. La Organización de las Naciones Unidas está presente por medio de diversas agencias y funcionarios, indagando, gestionando, contribuyendo de todas las formas posibles a la implementación del Acuerdo. Igual podemos decir de la Unión Europea. Del mismo modo, países garantes y distintas instancias internacionales de seguimiento se pronuncian con frecuencia a favor de la implementación.
En estos cuatro años, los firmantes de la paz que tuvimos responsabilidades de dirección en la antigua guerrilla hemos cumplido infinidad de tareas a lo largo y ancho de la geografía nacional. Me siento obligado a dejar constancia del plebiscito permanente de respaldo por parte de comunidades campesinas, negras e indígenas, de incontables organizaciones de mujeres, género, estudiantiles, académicas, sociales, cívicas, obreras y juveniles, entre muchas otras.
El Acuerdo Final de Paz no es un patrimonio de las antiguas FARC, ni una obra culminada para favorecer a los excombatientes. Cada día es más evidente que el Acuerdo de Paz ha sido hecho suyo por el pueblo colombiano, que sale en su defensa cada vez que fuerzas no tan oscuras se ensañan contra él, que reclama en las calles su cumplimiento, que exige al Estado y el gobierno la ampliación de la democracia y la justicia social, a las que se comprometió en La Habana.
Y no es para menos. Entre enero y agosto de 2020 han sido asesinados 43 exintegrantes de las FARC, siendo los departamentos de Meta, Antioquia, Huila y Putumayo donde se registra el mayor número de estas acciones violentas. Nuestro partido se ha visto obligado a reiterar la adopción de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues durante la pandemia esta situación sí que se ha agravado, poniendo en peligro la vida de los firmantes de la paz.
Cuando el pasado 22 de mayo hicimos la primera solicitud en tal sentido ante esa Corte, la cuenta de excombatientes asesinados iba en 197. A fines de junio la suma de víctimas fatales llegaba a 214. Hoy son 228 los firmantes de la paz asesinados. Por eso no resulta exagerado afirmar que cada semana un excombatiente es víctima de homicidio. La organización social INDEPAZ registra que en lo corrido del 2020 han sido asesinados 203 líderes y lideresas sociales. Y que desde la firma del Acuerdo Final de Paz se registran 1008 asesinatos de estos hombres y mujeres comprometidos con la construcción de paz. Dicho Acuerdo contiene un punto denominado Participación política: Apertura democrática para construir la Paz, en el que se contemplan derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política, en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan de la firma del Acuerdo Final.
Para hacerlo posible se pactó un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, sobre la base de una concepción moderna, cualitativamente nueva, de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funde en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos. En contraste, todo nos demuestra que la doctrina de seguridad nacional del enemigo interno sigue predominando en Colombia.
En hechos demasiado recientes, la Policía Nacional, en retaliación a la protesta social espontánea generada por el asesinato brutal de un ciudadano a manos de varios agentes policiales, empleó a diestra y siniestra armas de fuego, hecho que está acreditado por centenares de registros audiovisuales, causando la muerte a 13 ciudadanos más y dejando heridos por arma de fuego a varias decenas. En La Habana el Estado colombiano se comprometió a otra cosa.
En el punto 2.2.2 del Acuerdo no solo se fijan garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica, sino que se establece que el Estado deberá garantizar los derechos de los y las manifestantes y de los demás ciudadanos y ciudadanas. Mientras el señor Presidente de la República se viste de agente de la policía y respalda con energíaa la fuerza pública, guarda un significativo silencio frente a los ciudadanos acribillados por ésta.
En el Acuerdo quedó claro que todos en Colombia debemos contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo cual implica un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social. Hay que recordarlo aquí, por las graves consecuencias que la violación de esto por altos funcionarios públicos acarrea, porque es desde ellos y su partido donde más se incumple.
Defendamos la Paz ha convocado esta conferencia internacional, con el propósito de balancear con espíritu constructivo el estado de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Nuestro partido podría explayarse en las enormes deficiencias que existen en materia de cumplimiento por parte del Estado, aunque tampoco podría dejar de lado los avances conseguidos. Esto implicaría una larga exposición de cifras y razones con las que no quiero aburrir a tan ilustres invitados.
Además, no es mi intención enzarzarme aquí en un tira y afloje confuncionarios del gobierno nacional, como el doctor Archila, con quien en diversas instancias nuestro partido intercambia y discute sobre todos los asuntos de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Al firmar ese Acuerdo nuestro propósito fue el de construir un país en donde el diálogo y el respeto mutuo se impusieran sobre la confrontación y el estigma. Seguiremos luchando por ello.
Sí quiero referirme brevemente a un asunto que ha implicado siempre un profundo debate. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición se acordó con el propósito de cerrar judicialmente el conflicto, con todos los responsables de los hechos atroces sucedidos durante el mismo. Exguerrilleros, agentes del Estado, fuerzas militares, empresarios, terceros actores del conflicto debían comparecer ante él y aportar verdad.
Reacciones de hecho del alto mando militar, primero, y luego diversos desarrollos legislativos y jurisprudenciales del Acuerdo Final de Paz fueron excluyendo de la obligación de comparecer a los más importantes agentes estatales, la cúpula militar y finalmente a empresarios y terceros involucrados directamente en la confrontación. El resultado ha sido el de casi convertir a las antiguas FARC en los únicos destinatarios del sistema integral. Esto último no nos amilana, pese a que contra nosotros se ha cumplido una verdadera avalancha de estigmas. Firmamos nuestro compromiso con la verdad y lo estamos cumpliendo. Ante la JEP, la Comisión de la Verdad y la Comisión de búsqueda. El último secretariado de las FARC, integrado en su inmensa mayoría desde el año 2008 hacia acá, ha expresado públicamente que asume las responsabilidades por las conductas de la organización durante más de medio siglo.
Y está compareciendo a todas las convocatorias del sistema, al igual que un buen número de los antiguos mandos de la organización. Hemos reconocido y seguiremos reconociendo la realización de hechos que a la luz del derecho internacional constituyen graves violaciones de los derechos humanos, asumiendo su terrible significado y explicando, cuando es posible hacerlo, el contexto en el que se presentaron. No vacilamos en pedir perdón a las víctimas y el mundo por todo esto.
Pese a ello, no cesa la campaña de nuestros adversarios contra nosotros. No deja de sorprendernos que nadie pregunte cuándo van a comparecer ellos a revelar la verdad de su participación en los hechos atroces que el país y el mundo conocen. Los hemos visto en cambio poner toda clase de trabas al sistema integral, difamándolo, inventando diversos recursos, proponiendo proyectos de ley para reformarlo e incluso hacerlo desaparecer. Su miedo a la verdad salta a la vista.
Desde Defendamos la Paz se reconoce que los recursos que se debían integrar a la Reforma Rural Integral, primer punto del Acuerdo Final, están prácticamente paralizados; que la implementación de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), además de sus dificultades de financiación y gestión, tiene una competencia con las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, que se basan principalmente en temas de seguridad. Además, que el Fondo del Acceso a Tierras está lejos de ser implementado de manera eficaz.
A esto habría que añadir la pobre gestión en materia del punto de sustitución de cultivos de uso ilícito. El Estado colombiano y la insurgencia reconocieron en La Habana que este problema tenía profundas raíces en la inequidad y el atraso del campo. Pese a ello, hoy se insiste en retomar la fracasada política de guerra contra las drogas y sus aspersiones aéreas.
Las antiguas FARC firmamos la paz, convencidas de que entre todas y todos los colombianos podemos construir una nación, que excluya la violencia de la política e incluya en la democracia y el progreso a millones de compatriotas víctimas de la persecución y el olvido. Seguimos soñando en que eso es posible. Sabemos que realizarlo será una gigantesca obra colectiva que exige lo mejor de la nación colombiana y la comunidad internacional. Reconforta enormemente ver multitudes de jóvenes en todos por todos los rincones del país, levantando pancartas y gritando consignas que exigen el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Esa es la mejor demostración de la vitalidad de la potencia transformadora contenida en ellos. Las nuevas generaciones entienden de qué se trata todo esto y están dispuestas a luchar por ello. Gracias a todos y todas ustedes no están solas. En efecto, el mundo mejor es posible.
26 de septiembre de 2020
