Rodrigo López Oviedo
Las condiciones sociales y políticas bajo las cuales actúan las organizaciones populares se hacen cada vez más difíciles. Para el mes de marzo de este año, y desde la firma de los acuerdos de paz, ya habían sido asesinados 580 líderes populares, sin incluir a los 217 excombatientes de las Farc que también lo habían sido. Es como si a tales organizaciones se las hubiera condenado a la misma suerte que corrió la Unión Patriótica.
Las anteriores cifras, con todo lo dantescas que son, son solo una evidencia de la desmesura criminal de nuestras castas dominantes, que siempre han contado con el aliento que el Estado les brinda a través de sus hordas paramilitares, sus dobles discursos, su pasividad, tolerancia y complicidad, para no hablar de la acción directa de que es acusado por muchas víctimas de la violencia y no pocos victimarios.
Cómo es de contrario lo anterior a la actuación de otros pueblos, que no lo piensa dos veces cuando deben protestar por el asesinato de uno de los suyos. Así lo hicieron recientemente en Estados Unidos, y lo han hecho incluso para rechazar acciones tan oprobiosas de su gobierno, como la guerra de Vietnam, así haya callado muchas otras.
Desafortunadamente en Colombia hemos sido parcos al repudiar tantos asesinatos del Estado, lo cual no significa que no nos movilicemos. Así lo hemos hecho en recientes protestas, a las cueles el Estado no ha respondido con el diálogo, como debe ser, sino a bayoneta calada, con los saldos fatales que todos conocemos.
Para estos próximos días volverán a calentarse las calles, pero no porque los líderes que están programando las nuevas acciones lo estén haciendo con ingredientes de violencia. Se calentarán por la acción de infiltrados que, con estudiadas “acciones revolucionarias”, justificarán la intervención represiva del Estado, con saldos mortales incluidos, con el fin de desviar la atención de los motivos de la protesta hacia los “vándalos muertos” y los destrozos callejeros.
Según comentarios, el gobierno piensa decretar la conmoción interior. Si así lo hiciera, uno de los fines sería el de deshacerse definitivamente de su obligación de garantizar la protesta social y, a cambio, legalizarse como violador de tal derecho. Veríamos, entonces, a la fuerza pública sembrando miedo con el fin de evitar que la necesidad de protestar sustraiga a la población del confinamiento a que de alguna manera ha estado sometida en estos tiempos de pandemia y feroz represión.
Se hace inaplazable impedir esa maniobra y seguir preparando las próximas movilizaciones populares, que han de desencadenar en el paro cívico nacional que está en gestación. Estas son las tareas del momento.
Tomado de: http://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/13224-las-movilizaciones-que-nos-esperan
