Miembros
CONSEJO DE SEGURIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS E.S.M.
Ref. Nuestras preocupaciones acerca de la implementación del Acuerdo de paz y sus perspectivas
Respetados Miembros:
Tras cerca de 20 meses de iniciado el proceso de implementación del Acuerdo de paz, y más allá de las valoraciones puntuales acerca de cada uno de los puntos convenidos en él, que hemos transmitido en diferentes momentos al Consejo de Seguridad de la ONU a través de nuestro permanente intercambio con la Segunda Misión de Verificación en Colombia, las siguientes son algunas de nuestras principales preocupaciones sobre el momento que atraviesa el proceso de implementación.
1.Hay una comprobable distancia entre el discurso gubernamental sobre su compromiso con la implementación del Acuerdo y el proceso de reincorporación y la acciones reales y materiales del gobierno del Presidente Iván Duque Márquez.
Al tiempo que, particularmente en escenarios internacionales y en la interlocución con la comunidad internacional, con Estados, organizaciones multilaterales, empresarios u organizaciones diversas de la sociedad civil, se afirma continuamente tal compromiso, el análisis concreto de los desarrollos de la implementación, concebido desde la integralidad del Acuerdo y de cada uno de sus componentes, sin desconocer que se puedan presentar algunas ejecutorias puntuales, nos permite afirmar que se atraviesa por un estado crítico, que de no revertirse y acentuarse puede configurar la perfidia.
Es cierto que el proceso de implementación hereda del gobierno anterior numerosas dificultades. No obstante, advertimos que la concepción de la implementación del Gobierno actual está lejos de coincidir con los compromisos del Estado colombiano al suscribir elAcuerdo de paz y de atender en forma estricta el marco normativo constitucional y la propia jurisprudencia constitucional sobre los alcances de las obligaciones del Estado, particularmente de lo derivado del Acto Legislativo 02 de 2017, conocidocomo el “blindaje jurídico” del Acuerdo.
Comprendemos que por efecto de los resultados electorales, el Gobierno posee todo el derecho de desarrollar su programa político acorde con sus convicciones políticas e ideológicas, pero al mismo tiempo está en la obligación de implementar el Acuerdo de paz, así éste contenga en sus definiciones aspectos que no estén dentro de sus prioridades o incluso que sean contrarios a su visión política. El principio universal del pacta sunt servanda no admite interpretaciones.
De manera particular advertimos que por vía interpretativa gubernamental, el Acuerdo de paz esta sufriendo, entre otros:
- Una afectación sensible de su integralidad y una reducción y simplificación inaceptable de sus contenidos, como se expresa en el documento “Paz con legalidad”, que dice guiar la acción gubernamental;
- Un estancamiento o revisión de facto en sus desarrollos normativos, que se expresa, por una parte en la inexistencia a la fecha de una agenda legislativa que de cuenta de asuntos cruciales y urgentes de la implementación en los diferentes puntos del Acuerdo a incorporar en el ordenamiento jurídico. Y por la otra, en la pretensión – sin éxito hasta el momento- de revisar o desmontar aspectos sustanciales de lo convenido, como se expresó en las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, y se expresa en otros proyectos de desarrollos normativos que se anuncian;
- El desarrollo de políticas públicas que contravienen el espíritu y la letra del Acuerdo de paz, como en el caso de la llamada política antidrogas, particularmente en el tratamiento al problema de los cultivos de uso ilícito, para citar un ejemplo.
2.No hay una suficiente acción gubernamental orientada a la superación de las condiciones de la violencia política a fin de garantizar la vida de líderes y lideresas sociales y el propio proceso de reincorporación política.
Desde que suscribimos el Acuerdo de paz, fuimos concientes de que uno de sus propósitos principales consistía en la superación de las condiciones de ejercicio estructural de la violencia en nuestro país, ejercida contra la oposición política y social. No por casualidad, concebimos desde la propia agenda de diálogos y negociaciones, un proceso de reincorporación articulado tambien con la provisión de garantías de seguridad, lo cual quedó consagrado en el punto 3.4 del Acuerdo de paz.
En ese sentido, se concibió un sistema robusto de garantías que comprende la necesidad de promover un gran acuerdo político nacional para superar de manera definitiva todo vínculo entre violencia y política, la formulación de una política de seguridad y criminal delEstado tendiente a la superación de estructuras y organizaciones que han promovido, financiado y creado organizaciones armadas de carácter paramilitar a través de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la puesta en marcha de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política – SISEP, la conformación de un cuerpo élite del Estado para la persecusión de las organizaciones criminales de carácter paramilitar, la investigación y persecusión de esas organizaciones a través de una Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, y también la conformación de una Subdirección encargada de la protección de los y las exintegrantes de las FARC-EP dentro de la Unidad Nacional de Protección, con las funciones -entre otras- de diseñar y poner en marcha un programa nacional de protección y de proveer seguridad física a los integrantes de nuestro Partido a través de esquemas de seguridad.
Aunque reconocemos la importancia de medidas gubernamentales muy recientes para enfrentar los asesinatos sistemáticos de líderes y de liderasas sociales, que desde la firma del Acuerdo superan la escobrosa cifra de 744 y de exintegrantes de las FARC-EP que alcanza 140, consideramos que se trata de acciones insuficientes. Entendemos que superar de manera estructural esa situación, es una tarea de alta complejidad que inicia con la comprensión del problema y con la definición de una política integral, a lo cual se agrega la definición de proridades, la acción política cotidiana y el propio discurso gubernamental.
A nuestro juicio, la simplificación de la política de seguridad a una cuestión de orden público y a la consideración del Estado como una víctima de la acción criminal, por una parte, así como al esclarecimiento de los responables materiales, por la otra, no permite abordar el problema en forma integral y estructural. Todo ello conduce a instalar una interpretación que explica la matanza que está ocurriendo en nuestro país como una sucesión de hechos aislados, en la que no sería posible identificar patrones de sistematicidad, y en la que lo ocurrido se explica simplemente por la existencia de prácticas ilegales asociadas con economías criminales de diversa índole, para de esa manera exculpar toda responsabilidad del Estado.
La sola constatación de que los asesinatos son de líderes y lideresas sociales, así como de exintegrantes de las FARC-EP, es una evidencia de que no se trata de una mera actividad delictiva común, como se pretende presentar, sino que en el trasfondo real lo que se encuentra es el propósito de acallar cuestionamientos desde los territorios, expresados precisamente en los liderasgos sociales y de nuestro militantes, a poderes políticos y fácticos locales, a los impactos producidos por el modelo económico de extracción minero- energética, a las continuadas prácticas del desplazamiento y despojo, a la restitución de tierras expropiadas violentamente, y a las propias economías ilegales.
La experiencia histórica demuestra que sin tratarse siempre y necesariamente de prácticas que respondan a un centro de dirección y coordinación, sí hay una confluencia en torno al propósito común de preservación violenta del orden social vigente y de los órdenes existentes de dominación y control en el nivel territoral, en el que han concurrido y continúan concurriendo poderosos intereses privados con agentes del Estado.
Con base en esas consideraciones, fue que el Acuerdo de paz concibió el sistema de garantías de seguridad, que visto de conjunto tiene desarrollos magros. Consideramos que el Gobierno debe apropiarlo e implementarlo, si en verdad está empeñado, como lo afirma, en la superación de las condiciones que hacen que se reproduzca la violencia política.
A lo anterior, debe agregársele la necesaria superación de discursos de funcionarios de alto nivel que banalizan la problemática y que contribuyen a la estigmatización tanto de la labor de los líderes y lideresas, como de nuestro propio Partido y de sus militantes. Nos preocupa específicamente que el Gobierno no tome distancia de los discursos inciendiarios de los dirigentes y parlamentarios del partido de gobierno, el Centro de Democrático, y de otros sectores de la dirigencia política, empeñados en sembrar el odio y la venganza. Llamamos la atención particularmente sobre la necesidad de que el Gobierno se comprometa en impulsar el gran acuerdo político nacional para superar todo vínculo entre violencia y política y retiremos la necesidad de concretar el Punto 3.4 del Acuerdo de paz íntegramente.
A lo anterior se agrega, la necesaria presencia del Estado en los territorios, no como fuerza de ocupación, sino a través de la inversión social, de educación, de salud y seguridad social, de cultura y recreación, con infraestructura y vías, en suma, en los término previstos en la integralidad del Acuerdo paz, a lo cual se debe adicionarse el reconocimiento de las potencialidad existentes en las comunidades que habitan los territorios para construir y rehacer sus vidas sobre presupuestos de justicia social.
3.Los reiterados cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz por parte del Gobierno y de funciones gubernamentales, además de poner en entredicho la independencia judicial, siembran de manera permanente la inseguidad jurídica entre quienes suscribimos en Acuerdo de paz.
A pesar de las notorias distorsiones que sufrió la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, especialmente con la exclusión de comparencencia obligatoria de los llamados terceros civiles responsables de los hechos ocurridos en el marco de la confrontación armada, hemos mantenido incólume nuestro compromiso con la sociedad colombiana y especialmente con las víctimas de conflicto, de comparecer a esa jurisdicción. Más allá de situaciones particulares, hoy queremos reafirmar el compromiso de nuestro Partido y de la antigua comandancia guerrillera de continuar cumpliendo con ese compromiso. Tenemos toda la disposición de ofrecer nuestra verdad, de asumir las responsabilidades que nos corresponden, y de acoger y aceptar las decisiones de la JEP.
Queremos no obstante señalar que a ese propósito no contribuye en absoluto el ambiguo discurso gubernamental en el que al tiempo que anuncia el compromiso con el Acuerdo en materia de justicia transicional, no solo pone en entredicho la solución de justicia convenida en La Habana, sino que cuestiona permanemente la labor de la JEP, además de propiciar por acción o por omisión agendas legislativas tendientes a su desmonte y plena desfiguración. Las consecuencias saltan a la vista: Además de afectarse la independencia judicial por someter esa jurisdicción a las presiones de la agenda política del Gobierno, se siembra la inseguridad jurídica entre los exguerrilleros y exguerrilleras, y se afectan sensiblemente las condiciones de la reincorporación política y de nuestra representación parlamentaria en el Congreso de la República.
Queremos que por su conducto se exhorte al Gobierno nacional a abandonar definitivamente lenguajes belicosos y de desconocimiento del principio universal del debido proceso.
Asimismo, manifestamos nuestra honda preocupación por la afectación del trabajo de todas las instituciones del Sistema Intregal de Verdad, Justicia, Repración y No Repetición. Si en realidad hay un compromiso del Gobierno, como lo afirma reiteradamente, con las víctimas del conflicto, son absolutamente inadmisibles los inmensos recortes presupuestales, en más de un 30 por ciento, que se han anunciado a la JEP, a la Comisión de Esclarecimento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
4.La obligación gubernamental de concretar el Acuerdo Final en política pública y de incorporarlo en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, como indicador de voluntad y decisión política de su implementación, no se cumplió en los términos señalados por el Acuerdo de paz
En el Acuerdo de paz quedó definida una ruta precisa de la implementación. Fue voluntad de las partes traducir lo convenido a procesos de planeación y desarrollo de políticas públicas. Para tal efecto se pactó la formulación de un Plan Marco de Implementación – PMI y la obligación de incorporar en los planes de desarrollos de los siguientes gobiernos un capítulo específico de implementación. En la fase de implementación temprana las partes elaboraron el PMI, el cual fue incorporado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en el Documento CONPES 3932 de 2018, que guía la acción gubernamental en materia de implementación.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”, de reciente sanción presidencial, se desatendió la obligación gubernamental -derivada del Acuerdo de paz, del ordenamiento constiticional (Acto legislativo 01 de 2016 y Acto Legislativo 02 de 2017), y del CONPES 3932 de 2018- de incorporar un capítulo específico de la implementación. Aunque el Gobierno ha aducido lo contrario, desde nuestra visión, lo que a su juicio sería el señalado capítulo de la implementación no corresponde ni en sus contenidos generales, ni en sus definiciones más precisas con lo estipulado en la hoja de ruta de la implementación, que no es otra que el Plan Marco de Implementación.
De nuevo reconocemos que el Gobierno tiene la facultad de interpretación sobre los desarrollos clave de política pública de la implementación; pero advertimos que ese margen de interpretación es posible siempre y cuando se desenvuelva en el marco de lo pactado en La Habana. Por encontrar enorme distancia entre el PMI y los términos de lo que se debe implementar durante el actual cuatrienio presidencial, por una parte, y lo que se encuentra presuntamente diseminado en todo el PND, no en la forma de capítulo específio, por la otra, es que afirmamos que hay una simulación del cumplimiento por parte del Gobierno en esta materia.
Le otorgamos una importancia mayúscula a este tema, pues es a través de la política pública y de la acción gubernamental en cada caso como se concreta real y materialmente el discurso del presunto compromiso con la implementación del Acuerdo. Y aquí nos encontramos frente a un comprobable incumplimiento del Acuerdo de paz.
Desde luego que reconocemos que hay acciones gubernamentales que se pueden encuadrar dentro de un concepto de implementación; más no dentro del concepto de integralidad de la implementación del Acuerdo en los términos en los que él fue suscrito y menos aún atendiendo las disposiciones técnicas convenidas en el Plan Marco de Implementación. Eso dificulta el seguimiento a la implementación en clave de política pública. Pareciera que se fueran borrando las huellas para posibles verificaciones, pues toca rastrearlas por todas las instituciones y políticas del gobierno para reconstruir una imagen unificada de ellas.
5.No hay certeza sobre el compromiso del Gobierno con la financiación del proceso de implementación en los años inmediatamente venideros y específicamente en 2019 y 2020.
Procesos de planeación y de política pública conllevan necesariamente la asignación de recursos. Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo quedó consignado un monto de asignación de recursos de 37,1 billones de pesos (cerca de 11.600 millones de dólares) aparantemente para implementación durante el período presidencial, no son constatables las destinaciones de esos recursos para la implementación de cada uno de los puntos de Acuerdo, como tampoco son verificables las fuentes de financiación. Se asiste a una alta probabilidad de que el Gobierno impute recursos en nombre de la implementación de puntos del Acuerdo, sin que necesariamente tengan esa destinación. No hay a la fecha marcadores presupuestales que permitan afirmar lo contrario.
Más allá de lo establecido en el PND sobre financiación, tenemos la impresión de que estamos frente a una política de desfinanciación fáctica de la implementación. El Acuerdo se puede secar financieramente si no se disponen los recursos correspondientes. Esta afimación la sustentamos en que a diferencia de años anteriores, en los que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP (instrumento de programación de los compromisos fiscales del gobierno y de establecimiento de un plan financiero de la política pública) se incluía un apartado de la financiación del Acuerdo de paz, en el MFMP 2019 presentado por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la República tal apartado desapareció por completo, lo que a nuestro juicio indica que no se están haciendo las previsiones fiscales para la implementación en los años siguientes.
La consecuencia lógica es que el Acuerdo de paz queda sometido a la discreción de la política fiscal del gobierno que anuncia severos recortes en el presupuesto de 2020. De hecho, ya se han dado los anuncios de recortes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese aspecto, es previsible entonces que en el proyecto de presupuesto que debe presentar el Gobierno el 20 de julio de este año al Congreso se vea afectada la totalidad de la implementación. Con el agravente que por la forma como se esta llevando la presupuestación se convierte en un imposible la verificación sobre la destinación cierta de los recursos.
En suma a los problemas ya señalados de la implementación, se le adiciona la incertidumbre sobre la financiación. Llamamos la atención al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la necesidad de claridades por parte del Gobierno nacional sobre los recursos de presupuesto que se van destinar para la implementación. Y ellas pasan por la información precisa sobre la financiación de cada uno de los puntos del Acuerdo de paz.
6.Sectores importantes y en crecimiento de la sociedad colombiana vienen demostrando su compromiso con la construcción de la paz y la implementación del Acuerdo de paz.
El estado precario de la implementación, junto con la tendencia a la configuración de la perfidia, no pueden dejar la impresión de que se está frente a un fracaso del proceso de paz. Siempre consideramos que el Acuerdo de paz era un logro que teníamos que alcanzar en la mesa de negociaciones, como en efecto ocurrió; y que la implementación era un campo en disputa, como efectivamente viene sucediendo. Sabemos que lo que está en juego es la posibilidad de desatar transformaciones más profundas de la sociedad colombiana y que el Acuerdo de paz posee un potencial transformador que aún está por desatarse. Y que en ese propósito, tal y como ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país, hay fuerzas e intereses muy poderosos empeñados en que ello no ocurra; es lo que hemos llamado las resistencias sistémicas a la reforma, que poseen las más variadas configuraciones.
Empero, al mismo tiempo debemos señalar que las voces por una Colombia nueva vienen creciendo, que la audiencia por superar esas resistencias está adquiriendo nuevas dimensiones en medio de inmensas dificultades y de la persistencia de la violencia política. Todavía estamos distantes de lograr sembrar la paz en el corazón de todos los colombianos y colombianas. Pero creemos que no hay vuelta atrás.
Sea esta una nueva oportunidad de reafirmar el compromiso de nuestro Partido y de su militancia con el proceso de paz en general y específicamente con el Acuerdo de paz, en la medida en que éste se implemente en el espíritu y la letra de lo convenido en La Habana. Tenemos grandes preocupaciones por el destino del proceso de reincorporación. No habrá reincorporación exitosa si no se nos garantiza la vida, si no se logra resolver la situación de cerca de 300 exintegrantes de las FARC-EP que aún se encuentran en la cárcel, si no se proveen las condiciones para preservar y expandir nuestra experiencia de vida en comunidad, si no es posible normalizar la vida en su cotidianidad de quienes integraron nuestra fuerza guerrillera, y sobre todo si no hay una implementación integral del Acuerdo. Para nosotros discutir sobre la reincorporación es discutir sobre la implementación misma.
Consideramos que este Gobierno no ha hecho lo suficiente y que está muy lejos de haber ido más allá de los Acuerdos, a no ser que ese más allá se conciba como su propósito fallido en muchos aspectos, de revisarlo y de incumplirlo en aspectos nodales.
Finalmente, queremos agradecer el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Segunda Misión de Verificación. Sin ello, la situación del proceso y de la implementación sería aún más compleja y problemática.
Con toda consideración,
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC
