Colombia enfrenta momentos decisivos para avanzar hacia la consolidación de la paz. Los caminos que conducen a lograrlo están plagados de obstáculos que se manifiestan en ataques sostenidos para derrumbar su construcción, y en las interpretaciones erróneas del mandato constitucional que rige su implementación.
Desde Comunes, partido político surgido del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP, expresamos nuestra profunda preocupación por la grave crisis en la implementación de lo acordado, especialmente, por la situación de incertidumbre que enfrentan los firmantes de paz.
1. Una crisis que vulnera derechos y vidas
El inicio de 2025 nos recibe con los mismos problemas y angustias que cerraron 2024. Aún no se soluciona el incumplimiento en el pago de la asignación mensual de más de 10,973 firmantes, ni en el suministro de los acompañamientos alimentarios para 10,355 personas en proceso de reincorporación. Esta situación no solo afecta el sustento de las familias, sino también compromete los proyectos para construir una paz duradera.
Es inadmisible que mientras se habla de “Paz Total,” los firmantes de paz vivan en incertidumbre económica y sus derechos fundamentales sean vulnerados. Más alarmante aún es el creciente nivel de asesinatos de firmantes, que en la primera semana del año ha costado la vida a dos personas en proceso de reincorporación, hechos que se suman a una larga lista de crímenes que continúan impunes y se va configurando en un genocidio contra la paz. No es posible avanzar en la reincorporación si no se garantiza la vida de quienes apostaron por la paz.
2. Un compromiso que debe ser coherente
El presidente Gustavo Petro ha declarado que “ni un peso se quitará a la paz” y que los recursos están garantizados. Sin embargo, seguimos esperando acciones concretas. El recorte del 73% del presupuesto de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ha reducido drásticamente su capacidad operativa, y la posibilidad de implementar con garantías el Programa de Reincorporación Integral PRI y el Sistema Nacional de Reincorporación, situación que paraliza el avance de los planes de reincorporación integral. Adicionalmente, los desembolsos siguen sin cumplirse, dejando a más de 10,000 familias en la incertidumbre.
Reconocemos las dificultades económicas que enfrenta el Estado colombiano, agravadas por un déficit fiscal heredado y un Congreso que ha bloqueado iniciativas claves. Sin embargo, la crisis fiscal no puede descargarse sobre los sectores más vulnerables. La paz no puede ser una prioridad condicionada; debe ser una política de Estado que se refleje en hechos concretos.
3. Reincorporación: Un proceso que no puede esperar
El acceso a tierras sigue siendo un obstáculo mayor para la reincorporación efectiva. De las 12,278 hectáreas entregadas a los firmantes de paz, solo se han adjudicado 2,925 en más de seis años. Este rezago evidencia la falta de voluntad institucional para cumplir con los compromisos adquiridos. Además, persisten dificultades normativas, burocráticas y territoriales que frenan el avance del proceso.
En cuanto a la implementación del Programa de Reincorporación Integral (PRI), preocupa la insistencia de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en que los firmantes de paz suscriban sus planes de reincorporación, pese a que no cuenta con la capacidad operativa necesaria para garantizar un acompañamiento integral. Además, no existen los recursos suficientes para la implementación de esta política, ni se ha instalado el Sistema Nacional de Reincorporación, lo que constituye un incumplimiento de lo pactado y genera desconfianza entre los firmantes de paz respecto a la viabilidad de la política.
Asimismo, no se ha garantizado el funcionamiento ni el acompañamiento del Consejo Nacional de Reincorporación, instancia derivada del Acuerdo Final de Paz, cuya función es determinante para orientar el proceso de reincorporación.
4. Exigencias al Gobierno Nacional
Desde el Partido Comunes, hacemos un llamado urgente al señor presidente Gustavo Petro, al Gobierno Nacional en general, al Ministerio de Hacienda, al Fondo Colombia en Paz y a la ARN para que garanticen la implementación plena de lo pactado. Asimismo, llamamos la atención de la comunidad internacional, a los países garantes del Acuerdo Final de Paz y a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas a que tomen nota de los incumplimientos y acompañen con rigor el seguimiento al proceso. Exhortamos a todas las entidades responsables a:
Restablecer la arquitectura institucional de la implementación del Acuerdo Final de Paz, reactivando la Alta Consejería para la implementación tal y como se comprometió el presidente Gustavo Petro en Mesetas Meta frente a la población en proceso de reincorporación y la comunidad internacional el 29 de marzo de 2023.
Desembolsar de manera inmediata los recursos necesarios para el pago de la asignación mensual y los beneficios alimentarios.
Garantizar la adición presupuestal adecuada para la implementación de la política de reincorporación, basada en una planificación y cronogramas coherentes que respeten los derechos y fortalezcan la confianza de los firmantes de paz.
Acelerar la entrega de tierras y simplificar los procesos administrativos para garantizar el acceso efectivo de los firmantes de paz a los recursos productivos.
Implementar medidas reales de protección, que vayan más allá de comisiones y pronunciamientos, para frenar los crímenes contra firmantes de paz.
5. Un llamado a la coherencia y la responsabilidad
La paz no es solo una meta; es un derecho, es una responsabilidad de Estado y Gobierno. Luego de ocho años de dejar las armas, más del 85% de los firmantes continúan cumpliendo con su compromiso de reincorporación política, social y económica. Sin embargo, su esfuerzo no ha sido correspondido.
Instamos a todos los actores involucrados a garantizar que la “Paz Total” sea una realidad y que empiece por honrar lo ya firmado. La coherencia entre discurso y acción no es solo una exigencia moral, sino la base para construir un futuro más justo y reconciliado para Colombia.
Partido Comunes
Enero de 2025.
