02 Sep La más importante encrucijada del gobierno Petro
El Acuerdo Final de La Habana continúa siendo el más grande esfuerzo que se haya hecho en la historia colombiana para poner fin al largo conflicto armado, sobre la base del diálogo abierto y franco entre las partes enfrentadas por más de medio siglo, y la participación de innumerables organizaciones sociales y personalidades interesadas en la paz y la justicia social.
La fórmula definitiva adoptada en el Teatro Colón, apuntó a un conjunto de reformas estructurales que solucionaran las causas de la violencia política, tan dolorosamente arraigada en nuestro pasado. Los grandes temas que allí se pactaron pueden sintetizarse en expresiones cortas como la democratización de la tierra, la apertura del sistema político colombiano, la solución al problema de las drogas y los derechos de las víctimas.
En cuanto a la democratización de la tierra, se pactó la Reforma Rural Integral. Ésta contempla la conformación del Fondo de Tierras para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, así como subsidios, créditos y otros mecanismos para adquirirlas, la formalización de la pequeña propiedad, instancias para la resolución de conflictos sobre tenencia y uso de la tierra, de las que es ejemplo la Jurisdicción Agraria propuesta este miércoles en el Congreso.
Pero además, el Catastro Multipropósito, para la actualización y cobro del impuesto predial, el cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva. También los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, que se refieren a la infraestructura vial y la adecuación de tierras, el desarrollo social del campo y los estímulos a la economía campesina. Es decir la superación de la pobreza rural.
Eso mediante un plan nacional de vías terciarias, un plan nacional de riego, un plan nacional de electrificación rural, así como de conectividad rural. Un plan nacional de salud rural, otro plan nacional de educación rural y uno más de vivienda rural. A ellos se suman los planes nacionales de fomento a la economía campesina, de asistencia técnica, de subsidios y créditos, de comercialización y otro progresivo de protección social.
Como si fuera poco, se previó un Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación encaminado a erradicar definitivamente el hambre, mediante la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente, para lo cual debe crearse un Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición. Del campo colombiano, en el tema específico de los cultivos de uso ilícito, se ocupó en detalle el punto 4 del Acuerdo de Paz.
En este punto se desarrollan en detalle los componentes de sustitución de cultivos, la política de salud pública frente al consumo de las drogas y la solución al problema del narcotráfico. Esta última con transformaciones en los ámbitos políticos, institucionales y transnacionales, así como de la sociedad en general para la erradicación y superación del impacto generado por las prácticas relacionadas con el crimen organizado y sus redes de apoyo.
En sus desarrollos, el Acuerdo contempló una condición insoslayable: la principal garantía de no repetición de la violencia radica en la implementación integral y efectiva de todos y cada uno de sus componentes. Como quien dice, si se quiere que este Acuerdo materialice todo cuanto se propone, es necesario cumplirlo al pie de la letra. Por ambas partes, claro. La antigua insurgencia en lo suyo, pero sobre todo el Estado, el real encargado de las grandes reformas estructurales.
No existe la menor duda acerca de la intención de este gobierno, en cuanto a reivindicar al campesinado colombiano. Como no puede negarse su voluntad manifiesta de alcanzar lo que han dado en llamar la paz total, por vía de conversaciones y acuerdos civilizados. En muchos sentidos, como se reconoció en la negociación con las FARC en La Habana, estos dos temas están íntimamente unidos. La situación del campo colombiano es el semillero del conflicto.
En Ituango, Petro, invocando las palabras de un campesino del Catatumbo, aseguró que la sustitución de cultivos aprobada en el PNIS no era suficiente. Que hacía falta mucho más para el campo. En su criterio, y con algo de desdén, el PNIS fue una política fracasada intentada por otros gobiernos. Un hombre tan bien informado como él, debe saber que el PNIS hace parte del conjunto de la Reforma Rural Integral aprobada en el Acuerdo de Paz.
Y que eso que llama fracaso, no es otra cosa que el incumplimiento descarado del gobierno de Iván Duque. Palabras más, palabras menos, si Petro desea la paz total, está obligado a hacer lo que Duque no quiso, es decir, a implementar integralmente el Acuerdo de La Habana. Si no lo hace, y lo desprecia, puede tener la seguridad de que las conversaciones por iniciar con el ELN y demás grupos armados, estarán destinadas a convertirse en otra frustración nacional.
