22 Oct La paz en Colombia, una lucha que no cesa. Intervención de Rodrigo Londoño en México
Camaradas y compañeros de luchas:
Antes de llegar a la ciudad de México, invitados por el Partido del Trabajo a este seminario, teníamos preparada nuestra participación, enfocada al tema del proceso de paz en Colombia. De hecho me tomaré el tiempo, agradeciendo la cortesía de nuestros anfitriones, para leer la ponencia que elaboramos al respecto, pues el tema del
Acuerdo de Paz y los incumplimientos por parte del gobierno colombiano se encuentra al orden del día.
Dos días atrás llegamos al aeropuerto de la ciudad, optimistas y en permanente contacto con los camaradas anfitriones. De hecho, nuestro compañero Rodrigo Granda, a quien conocimos en tiempos de las FARC-EP como Ricardo Téllez, entabló conversación telefónica con los camaradas del Partido del Trabajo, informándoles de nuestro
arribo y de cómo nuestra salida de Colombia no había tenido mayores contratiempos, tras cumplir con los requisitos legales.
Como era obvio, todos nosotros pasamos por inmigración, sin que ninguno, salvo Rodrigo Granda, tuviera dificultades. A Rodrigo lo invitaron a pasar a una sala con el propósito de constatar alguna información. Transcurridos unos minutos fue obvio que algo extraño y hasta grave estaba sucediendo. Nuestro camarada fue aislado y privado de la comunicación telefónica, por un tiempo que se fue extendiendo angustiosamente.
Los camaradas del Partido del Trabajo se pusieron de inmediato a la tarea de indagar qué sucedía, a la vez que a procurar la liberación de Rodrigo Granda. Las informaciones obtenidas eran cada vez más preocupantes. Se supo por fuentes de alta credibilidad, de que existen indicios que nos indican que una vez nuestro camarada abordó el
vuelo internacional en Bogotá, las autoridades colombianas activaron una alerta roja, pidiendo su detención con fines de deportación, en cualquier país donde se hallara.
Estas mismas autoridades negarían posteriormente cualquier gestión de su parte en ello, adjudicándole al gobierno del Paraguay la exclusiva responsabilidad. Eso riñe por completo con los indicios que se obtuvieron por quienes gestionaban aquí su libertad inmediata. Y da cuenta de la calidad moral y política del gobierno de Iván Duque. Duque pertenece al Centro Democrático, partido encabezado por Álvaro Uribe Vélez, enemigo declarado de la paz en nuestro país.
En Colombia, durante el gobierno actual, se ha hecho famosa una expresión, la jugadita, que se refiere a las permanentes y traicioneras maniobras dirigidas a violar en los hechos lo que se jura en las palabras. Así trabaja Iván Duque, socavando la democracia y la paz en todo el continente, como pueden acreditarlo sobradamente los pueblos de Venezuela y Cuba, y como podemos afirmarlo sin vacilación nosotros. Denunciamos aquí semejante conducta.
Ha sido una verdadera hazaña por parte nuestra y el movimiento popular y democrático colombiano sostener a brazo partido el Acuerdo de Paz de La Habana, suscrito hace cinco años entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, así como el trabajo por su implementación. El gobierno colombiano ha hecho hasta lo imposible por echarlo abajo. Sabe bien que hay unas garantías jurídicas acordadas para los excombatientes, pero las viola con descaro. Como sucedió evidentemente con Rodrigo Granda. Y como sucede con gran parte del Acuerdo que burla a su antojo.
Queremos contarles de esa historia. Y por eso la ponencia que leeré a continuación, abusando quizás de la paciencia de ustedes.
Mensaje de COMUNES al XXV Seminario Internacional
“Los Partidos y la Nueva Sociedad”
La paz en Colombia, una lucha que no cesa
Presentación
Somos COMUNES, de acuerdo con la reforma a nuestros estatutos aprobada en la Segunda Asamblea Nacional de los Comunes, celebrada en el mes de enero del presente año en Colombia. Nacimos a la vida política legal con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, tras la firma del Acuerdo Final de Paz de noviembre 24 de 2016, es decir cinco años atrás. Somos un partido político nacido para luchar por la paz y la justicia social en nuestro país.
Nos sentimos orgullosos de ser invitados a este seminario, que congrega sin duda lo más selecto del pensamiento revolucionario de hoy. Nuestros profundos agradecimientos al Partido del Trabajo, al
obierno de Andrés Manuel López Obrador y al pueblo mexicano. Nos une el sueño de un mundo mejor, sin explotadores ni explotados, en paz, en el que la humanidad entera goce de justicia y equidad, un mundo que deje atrás y para siempre el capitalismo imperante.
Somos un partido político nuevo, pero con una lucha muy vieja. Somos la transformación de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, en una organización política que opera en la legalidad. Libramos durante 53 años continuos lo que denominamos una guerra popular prolongada, hasta que, como culminación de un proceso de diálogos que duró 33 años, firmamos un Acuerdo de Paz.
Queremos compartir con ustedes esta larga experiencia, sin duda alguna producto de situaciones económicas, sociales y políticas propias de la realidad colombiana, pero entrelazadas de manera íntima con las realidades de nuestra América Latina y el Caribe, así como con la del conjunto de los pueblos del mundo que luchan contra el imperialismo y las clases dominantes que se le subordinan. La lucha por la paz, la justicia social y la democracia es finalmente bandera de los revolucionarios.
Sin pretensión alguna de plantear sesudas elaboraciones teóricas, queremos exponer el camino que nos condujo de un plan estratégico de carácter político militar para la toma del poder, mediante una insurrección armada que conjugaba la simultaneidad de la ofensiva final guerrillera con el levantamiento de las masas en ciudades y
campos, a la firma de un Acuerdo de Paz en el que pactamos la dejación de las armas y la búsqueda de los cambios por vías democráticas.
Resumir el Acuerdo de Paz simplemente en la dejación de armas y nuestra conversión en partido político legal no le hace justicia. Durante más de tres décadas porfiamos con el Estado colombiano porque la solución política al conflicto colombiano debía contemplar la solución de las causas que lo generaron. El Acuerdo se ocupó de la reforma rural integral, la democratización de la vida nacional, la solución al problema de las drogas y las garantías para la vida, integridad y libertad de todos.
En medio de su crudeza, nuestra lucha armada revolucionaria nació con el romanticismo de los años sesenta, en medio de la guerra fría, impulsada por la situación insoportable de los campesinos colombianos, pero también inspirada por la revolución cubana y el auge del campo socialista. Medio siglo después la situación mundial se había transformado de manera inimaginable. No sin pesar, entendimos que había que ser realistas. La vía de las armas debía quedar atrás.
Pero también resulta un desacierto atribuir la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016 al desencanto. La búsqueda de la solución política fue un planteamiento elaborado por las FARC a partir de su Séptima Conferencia Nacional, celebrada en el mes de mayo de 1982. Nuestro comandante Jacobo Arenas lo sintetizó en una frase que aprendimos
todos, La guerra no puede ser el destino de este país. Los revolucionarios estábamos por la paz, como lo quería nuestro pueblo.
Los orígenes del conflicto
El levantamiento armado de las FARC fue consecuencia de la práctica de la violencia política contra la oposición, enraizada en nuestro país desde los años cuarenta del siglo veinte. La oligarquía dominante en Colombia, profundamente arraigada al sector rural, se mostraba contraria a la industrialización y se alimentaba ideológicamente de las ideas franquistas, en alianza con la iglesia católica tradicional, asociando en forma fanática las ideas liberales al comunismo.
De esa manera terminó por precipitar una oleada de violencia política que significó la vida de más de trescientos mil colombianos en la década comprendida entre 1948 a 1958. Los movimientos de autodefensa campesina y los primeros grupos guerrilleros surgidos en Colombia fueron la reacción a esa violencia inspirada desde los más altos niveles del Estado. Manuel Marulanda Vélez, fundador de las FARC, fue primero, de joven, guerrillero liberal enfrentado a los gobiernos conservadores.
Dos hechos terminarían por hacer interminable la violencia. El pacto por las alturas entre los jefes liberales y conservadores que terminaron repartiéndose el poder milimétricamente, excluyendo de la participación en política a cualquier fuerza que no perteneciera a esos dos partidos. Lo llamaron el Frente Nacional, forma de dominación vigente durante 16 años en que se turnaban el poder entre ellos y se repartían por mitad todos los cargos públicos.
El otro fue la doctrina anticomunista desplegada por los Estados Unidos con fundamento en la doctrina de seguridad nacional, derivada del triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y que ellos a su amaño definieron como un plan expansionista rojo para dominar el mundo. Para frenar la supuesta expansión soviética debían educar a todas las fuerzas armadas del continente en la tesis del enemigo interno, al que debían exterminar en nombre de la libertad.
Fue cuando concibieron la Organización de Estados Américas, con el propósito de impedir que el comunismo ingresara en el continente. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca firmado en 1947 suponía una alianza continental militar con el mismo fin. La Escuela de las Américas con sede en Panamá se convirtió en centro de formación anticomunista para los mandos de todos los ejércitos de América Latina, validando la guerra total contra la subversión comunista.
El enemigo interno era el agente del comunismo internacional, que se camuflaba de mil maneras distintas para ir desde adentro promoviendo la expansión soviética. Así comenzaron a ser vistos como el enemigo interno los obreros que buscaban mejores condiciones de vida, los campesinos que luchaban por la tierra, los estudiantes que
reclamaban educación pública. En Colombia todo aquello coincidió con el ideario falangista de los sectores más retardatarios en el poder.
Quien no estaba de acuerdo con el Frente Nacional liberal conservador, quien se enfrentaba a la violencia estatal, quien reclamara tierra, se organizara sindicalmente o conformara organizaciones estudiantiles o populares comenzó a ser objeto de persecución. En algunas regiones del país, colonos organizados libraban una lucha por la tierra, siguiendo orientaciones del Partido Comunista. Contra ellos se desató entonces una operación de
exterminio.
A mediados de 1964, en plena lucha de resistencia, los campesinos agredidos por el Ejército de Colombia en la región de Marquetalia, al sur de departamento del Tolima, lanzan un manifiesto conocido como el Programa Agrario de los Guerrilleros, en el que dan cuenta al mundo de la real situación que se presenta en la zona, así como de los propósitos que los animarán en adelante:
“Nosotros hemos golpeado en todas las puertas posibles en busca de auxilio para evitar que una cruzada anticomunista, que es una cruzada contra nuestro pueblo, nos condujera a una lucha armada prolongada y sangrienta.
“Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas «Repúblicas Independientes» y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder”.
Dos años más adelante, en su Segunda Conferencia, ese núcleo de resistencia campesina adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y asumió la organización de un pequeño ejército guerrillero, con sus estatutos, reglamento de régimen disciplinario y sus normas internas de comando. Desde entonces, y asimilando los golpes propinados por las fuerzas estatales, fue creciendo de manera paulatina hasta contar con muchos frentes por todo el país.
El largo proceso de paz colombiano
Dieciocho años después, en 1982, en su Séptima Conferencia Nacional, tras un sesudo balance de su lucha, las FARC se trazan un doble objetivo, para algunos contradictorio, pero para ellas doblemente estratégico. Un plan militar para la toma del poder, que será un plan de crecimiento político y militar en todos los sentidos, y una propuesta de solución política del conflicto al Estado colombiano, mediante conversaciones de paz que proponen iniciar cuanto antes.
Si las clases dominantes colombianas persisten en una salida violenta de corte fascista no habrá más solución que una guerra abierta encaminada a su derrota. Pero si se muestran dispuestas a una solución negociada de la confrontación, las FARC estarán listas para ella. Es que los dieciocho años de guerra continua han ilustrado suficientemente al país de los extremos a los que puede llegar la violencia estatal animada por la teoría de la seguridad nacional.
En su guerra antisubversiva, el Estado colombiano apeló a las operaciones de tierra arrasada en muchas regiones, al crimen y la guerra sucia contra dirigentes populares y de oposición, al desaparecimiento de líderes, convirtió la tortura en práctica cotidiana en las instalaciones militares. Aplicó la justicia penal militar a civiles y los condenaba a largas penas ejemplarizantes. La confrontación se prolongaba indefinidamente y el pueblo colombiano sufría sus
consecuencias.
Conversaciones con Belisario Betancur
La alternativa de la solución política caló en un sector de las clases dominantes en Colombia. Y es precisamente el gobierno de Belisario Betancur, quien asciende a la Presidencia del país en 1982, quien manifiesta extender un ramo de olivo y estar dispuesto a hablar de paz. Los diálogos con su gobierno conducen a la firma de un cese al fuego, que puede convertirse en tregua y finalmente en paz definitiva, si se van implementando una serie de reformas políticas y sociales.
El Acuerdo, que se firma el 27 de marzo de 1984, se conoció en el país como los Acuerdos de La Uribe, por el municipio en que fue suscrito. En él las FARC se comprometieron a dejar las armas y convertirse gradualmente en un partido político. El Estado implementaría una apertura democrática y garantizará el ejercicio de la oposición política, al tiempo que producirá una reforma agraria profunda, entre otra serie de medidas para aliviar la situación de los
más pobres en el país.
La voz de aliento para los colombianos que representó este Acuerdo pronto se vio opacada por la reacción de buena parte del Establecimiento. Empezando por las fuerzas armadas que de inmediato manifestaron su propósito de no acatar la orden de cese al fuego. El movimiento político que surgió para la posible desmovilización de las FARC y al que se integraron con entusiasmo grupos de izquierda y sin partido, a poco comenzó a ser blanco de una operación de exterminio.
Cientos, miles de miembros de la Unión Patriótica fueron acribillados en campos y ciudades, junto con dos de sus candidatos a la Presidencia. Resultó evidente que el poder formal, representado por el gobierno nacional, no tenía realmente el poder, que reposaba más en las fuerzas armadas y en los intereses de los gremios económicos insertados en el legislativo. A ello se agregó la corrupción derivada del narcotráfico, que se sumó a la tarea de guerra sucia con sus sicarios.
La fuerza de la reacción se infló aún más tras la toma del Palacio de Justicia en Bogotá en noviembre de 1985, cuando las fuerzas armadas retomaron a sangre y fuego el recinto de la Corte Suprema tomado por guerrilleros del M19, en un episodio calificado como un golpe de Estado contra el poder civil. El militarismo y la influencia abierta de los llamados enemigos de la paz insertados en el Estado terminaron por conducir a una reanudación de las hostilidades.
El segundo lustro de los años ochenta se caracterizó en Colombia por una violencia desenfrenada que cobró las vidas de lo mejor del movimiento popular y democrático del país. Los carteles del narcotráfico pusieron sus grupos armados al servicio de esa labor criminal, que llegó a golpear incluso a figuras del poder político tradicional. Como resultado de ello se produjo un crecimiento y fortalecimiento de las guerrillas, particularmente de las FARC.
La conformación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, expresión de la unidad guerrillera que clamaba por conversaciones de paz, fue respondida desde el poder con conversaciones aisladas con grupos como el M19, el EPL y algunos desprendimientos del ELN, que finalmente pactaron su desmovilización, todo lo cual coincidió con el derrumbe del socialismo en Europa Oriental y la inesperada desaparición de la Unión Soviética.
Conversaciones con César Gaviria
El Estado colombiano se sumó a la oleada neoliberal mundial con sus políticas privatizadoras, de flexibilización laboral y apertura comercial total, agravando las condiciones de vida del pueblo colombiano. Eso al mismo tiempo que el movimiento popular y guerrillero en su conjunto conseguía la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que terminó por derogar la vetusta constitución política de 1886 y expedir la Constitución de 1991.
Producto de esa misma presión, el gobierno de César Gaviria se vio obligado a retomar las conversaciones de paz, esta vez con el conjunto de las fuerzas restantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Las propuestas de una y otra parte pusieron de presente dos visiones totalmente contrapuestas de país, lo que condujo al presidente Gaviria a dar por terminados los diálogos que se celebraron en Caracas, Venezuela, y Tlaxcala en México.
En su lugar, decretó la llamada guerra integral, que en palabras del ministro de la defensa acabaría en dieciocho meses con las guerrillas. El incremento sin antecedentes del poder de las fuerzas militares,pronto resultó contrarrestado por la respuesta del movimiento armado, en particular por las FARC que propinaron al Ejército Nacional los golpes más grandes de su historia. La respuesta desde el Estado fue la conformación de grupos paramilitares que sembraron el terror.
La palabra masacre se hizo de uso diario en el país, convirtiendo a Colombia en un escenario del horror. La complicidad del Estado con el paramilitarismo se hizo evidente, los grandes medios y voceros responsables del Establecimiento hablaron de reconocimiento político a esas bandas criminales. Las FARC, en su Octava Conferencia en 1993, plantearon una plataforma para la reconstrucción y la reconciliación nacional que partía de conversaciones de paz.
Conversaciones con Andrés Pastrana
La solución política al conflicto armado colombiano se tornó en la bandera del movimiento democrático y popular, que clamó por paz con justicia social. Las crecientes ofensivas de las FARC también se sumaban al coro por la salida dialogada, en momentos en que la debilidad del Estado frente a las guerrillas era evidente. El gobierno de Andrés Pastrana ofreció entonces el diálogo y para materializarlo aprobó la solicitud de una zona desmilitarizada al sur del país.
Pero Andrés Pastrana firmaba al mismo tiempo el Plan Colombia con los Estados Unidos, mediante el cual se acordaba una reingeniería de las fuerzas militares, su fortalecimiento en toda clase de recursos y se planeaba una arremetida sin antecedentes contra la insurgencia. Por ello la Mesa de Diálogos establecida en la región del Caguán nunca tuvo avances significativos, pese a los casi cuatro años que duraron las conversaciones. El Estado simplemente apostó a ganar tiempo. Como en efecto sucedió, cuando en febrero de 2002 decretó la ruptura de las conversaciones y el inicio de la más grande ofensiva contra las FARC. En ella tomaron parte asesores norteamericanos, británicos e israelíes, contando además con el apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos.
Álvaro Uribe retomó con su gobierno lo iniciado por su antecesor, decretando el Plan Patriota y otra serie de operaciones a gran escala con el empleo masivo de la aviación y los bombardeos. Las fuerzas militares y de policía fueron prácticamente duplicadas y dotadas del más moderno arsenal para la guerra. Hasta la firma del
Acuerdo Final de Paz en noviembre 24 de 2016, se vivieron en Colombia escenas de guerra nunca vistas, que incluyeron el involucramiento cada vez más doloroso de la población civil, afectada de una y otra manera por las acciones de uno y otro bando. El número de víctimas civiles en medio del fuego se tornó insoportable.
Conversaciones con Juan Manuel Santos
El clamor por la paz, acallado por la ofensiva militar del Estado, renació con más fuerza que nunca a partir del año 2010. Los más diversos sectores de la vida nacional volvieron a tomar fuerza con la celebración de toda clase de eventos por la solución política al conflicto. La movilización por la paz volvió a tomarse las calles de las grandes ciudades. La llegada al gobierno de un sector de las clases dominantes que veía la necesidad de parar la confrontación también tuvo su importancia.
Colombia se hallaba completamente desgastada por cuenta de una guerra que no vislumbraba solución militar a corto plazo. La resistencia de las FARC había ido mucho más allá de lo que esperaron los estrategas de la confrontación. De hecho la lucha armada se acercaba a medio siglo de lucha, sin que tampoco se hubieran cumplido los sueños y los planes de insurrección popular. El contexto latinoamericano de gobiernos progresistas y democráticos también contaba para la paz.
Organizaciones en auge como la CELAC y UNASUR se unieron al coro de las conversaciones de paz en Colombia, a lo que también concurrió el ascenso al poder del partido demócrata en los Estados Unidos, con un presidente como Barack Obama. Juan Manuel Santos decidió jugársela por un acuerdo que pusiera fin a la confrontación, y las FARC aceptaron siempre que lo acordado se extendiera a la solución de las causas que originaron el conflicto.
Tras casi cinco años de discusiones, las delegaciones del gobierno nacional y las FARC, con la garantía de Cuba y Noruega y el acompañamiento de Venezuela y Chile, con el visto bueno del delegado del gobierno de Obama en la Mesa y el apoyo cerrado de la Unión Europea y las Naciones Unidas, dieron cuenta al mundo de la concreción de un Acuerdo Final de Paz para la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.
Es de anotar que durante las conversaciones de paz, tanto el gobierno nacional como las FARC, insistieron reiteradamente ante el ELN, la otra organización armada contra el Estado en Colombia, por el inicio de conversaciones de paz. El ELN no aceptó nunca vincularse a la mesa de diálogos con las FARC y planteó una mesa distinta, que dolorosamente no llegó nunca a buen término. COMUNES no se cansará de clamar por una paz completa.
Por otra parte esta relación sería incompleta si no hiciera referencia a los enemigos declarados y ocultos de la paz en Colombia. La guerra sirvió como instrumento para el despojo de tierras a miles y miles de familias campesinas, así como para la expansión de negocios como la minería ilegal y el narcotráfico. Gracias a ella prosperaron grandes emporios agroindustriales en tierras quitadas a la fuerza y grandes negociados con armas y pertrechos militares.
Debido a ello maduraron en el país intereses y fuerzas porque la confrontación no se detuviera nunca. A lo que se sumó el temor a responder por graves crímenes cometidos durante ella. Los mismos, quizás más poderosos sectores, que en 1982 se opusieron al establecimiento de conversaciones de paz con el gobierno Betancur, se empeñaron a lo largo del proceso porque nunca se pudiera consolidar un acuerdo. Y son los mismos que hoy lo atacan con sevicia.
Síntesis extrema del Acuerdo de Paz
El Acuerdo se inició con el punto Reforma Rural Integral, que apuntó a romper el exagerado desequilibrio en la propiedad del suelo en Colombia. También a vincular al desarrollo nacional a amplísimas regiones olvidadas por el Estado y sumidas en el atraso. Planes de desarrollo con enfoque territorial apuntan a llevarles infraestructura vial, eléctrica, de agua potable, vivienda, salud, educación, proyectos productivos y justicia, a fin de erradicar la pobreza y la miseria. Siguió con un punto que contempla las más amplias garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surgieran luego de la firma del mismo.
También las medidas efectivas para promover la más amplia participación en la política nacional, regional y local, que contempla una amplia reforma al régimen electoral. Además la representación política para las regiones y zonas más afectadas por el conflicto.
Luego contempló las reglas sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como sobre la dejación de armas. Asimismo se ocupó de las medidas para la reincorporación política, económica y social de los antiguos combatientes, que incluyó también un acuerdo sobre garantías de seguridad y la lucha del Estado contra las organizaciones y conductas criminales que pudieran afectar a los firmantes de paz, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Enseguida el Acuerdo Final se dedicó a complementar el tema de la pobreza rural y los cultivos de uso ilícito que tanto han tenido que ver con el conflicto armado colombiano. Lo primero fue un Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, al que se añadieron los programas de prevención del consumo de drogas y
salud pública. En la idea rectora de cambiar el tradicional enfoque de guerra contra las drogas que nunca logró solucionar el problema.
El quinto punto del Acuerdo se dedicó al tema de las víctimas, el cual definió tratarlo con un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, que contempló institutos como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el conflicto. La idea central es atender los derechos de las víctimas y asumir la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia.
Finalmente el Acuerdo se ocupa de los principios generales para la implementación del mismo, estableciendo los mecanismos para ello, así como de verificación del cumplimiento. Aquí se previeron componentes internacionales de verificación y acompañamiento en la misma. Del mismo modo incluye herramientas para la difusión y comunicación, así como un acuerdo sobre la refrendación del mismo para su validez legal.
Vicisitudes del Acuerdo
No ha sido fácil para nosotros la construcción de la paz, basados en ese Acuerdo. En primer lugar por la embestida permanente y corrosiva emprendida por los sectores de extrema derecha en nuestro país, que desde siempre se han opuesto a la consolidación de la paz. Su tarea de difamación, calumnias y veneno ha sido incesante, hasta el punto de sabotear el plebiscito inicial de refrendación y oponerse luego cerradamente a todas las decisiones de las cortes nacionales.
A ello se agrega el hecho político de que ante la posibilidad de que en las elecciones de 2018 ganara las elecciones el candidato de izquierda, las fuerzas de la derecha y centro se unieron con el fin de impedirlo. Otra hubiera sido la suerte del Acuerdo si el Presidente de la República no hubiera sido Iván Duque Márquez, candidato del partido uribista Centro Democrático y enemigo declarado de los Acuerdos de Paz y su implementación. Con él todo se dificultó enormemente.
Fueron distintas las instituciones que se atravesaron a la implementación integral de lo acordado, en particular la Fiscalía General de la Nación que no vaciló en recurrir a montajes y entrampamientos con el fin de enredarlo. A ello se sumó la actitud asumida por algunos firmantes de paz nuestros, que desconociendo la importancia estratégica de los Acuerdos de Paz, optaron por retornar a las armas, confundiendo a gran parte de la opinión nacional y brindando mayores argumentos al gobierno que busca pretextos para hacer trizas los Acuerdos.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas expidió recientemente su informe sobre el tercer trimestre del año 2021, en el que da cuenta de 292 firmantes de paz asesinados. No podemos ocultar que un número significativo de esas muertes provienen de grupos disidentes del Acuerdo, lo que también sirve al Estado para ensombrecer aún más su mano criminal.
Nuestra lucha por la paz
Por encima de los incumplimientos evidentes del gobierno nacional a buena parte de los puntos pactados en el Acuerdo Final de Paz, COMUNES sigue apostando a su implementación integral. Siempre sostuvimos que los avances de la lucha popular en Colombia se relacionan con la correlación de fuerzas existentes en la sociedad, por
lo que entendemos que sólo un movimiento amplio de nuestro pueblo, unido al apoyo de la comunidad internacional, pueden lograrlo.
De ahí que nuestro propósito fundamental consiste en hacer política a favor del Acuerdo. Desde las curules que por obra del mismo conseguimos en el legislativo colombiano y en cada una de las actividades partidarias y de masas, en la campaña a las elecciones presidenciales y legislativas que tendrán lugar en el año 2022. Otro gobierno de derecha y enemigo de la paz como el actual significaría un golpe muy grave para las aspiraciones de paz y justicia social en
nuestro país.
De allí que consideremos estratégico trabajar por la elección de un gobierno alternativo, que le apueste decididamente a la implementación integral del Acuerdo. Así como trabajar de la mano con la comunidad internacional para impedir que la derecha gobernante pueda maniobrar para incumplir definitiva e impunemente con lo acordado. Requerimos por tanto del apoyo cerrado de todos los partidos y organizaciones que luchan en el mundo por la causa de los pueblos.
No faltan las voces que nos señalan de incautos en el mejor de los casos, y hasta de traidores en el peor de los mismos. Somos conscientes de que son inevitables las corrientes de extrema que tanto daño han hecho a los procesos revolucionarios y democráticos en la historia. Consideramos que su discurso está muy lejos del sentir de la sociedad colombiana, que le apuesta a la paz y se muestra decidida a luchar por un gobierno que la haga posible. En esa dirección deseamos terminar recordando un párrafo de la introducción al Acuerdo Final de Paz de 2016, que compendia de manera magistral la urgente necesidad de materializar la paz en nuestro país. Consideramos lamentable que existan voces de extrema derecha y desde otros flancos, que insisten en perpetuar lo que el pueblo colombiano ha querido que termine de manera definitiva en Colombia:
“La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas del desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y Rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia”.
CONSEJO POLÍTICO NACIONAL DE COMUNES
México, 21, 21 y 23 de octubre de 2021.
