21 Oct El primer quinquenio del Acuerdo de Paz -parte tres-
Rubín Morro
El próximo 24 de noviembre conmemoraremos los primeros cinco años de la firma del Acuerdo final de paz. Los firmantes y demás organizaciones sociales que luchan por una patria y vida digna nos disponemos a celebrar por esta opción de esperanza de paz, a pesar de las múltiples adversidades y de los cientos de asesinatos contra líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, ambientalistas y 289 firmantes de paz.
Enorme cuota de sangre estamos poniendo quienes tuvimos la osadía de dejar las armas y construir la paz, confiando en las Garantías de Seguridad Integrales acordadas con el Estado colombiano para proteger nuestras vidas, no solamente con esquemas de seguridad, que sin duda han impedido que fuese más alto el número de victimas mortales. Pero lejos estamos de la seguridad jurídica en cuanto a suficientes abogados para atender a miles de ex guerrilleros y que cada día aparecen más citaciones y tampoco existe presupuesto para movilizarnos de un extremo del país a las comparecencias.
La participación política también es una garantía de vida para el ejercicio de la misma. Algunos signatarios tenemos suspendidos los derechos políticos, pues no podemos hacer uso del ejercicio del voto, en contravía de lo acordado. Nuestra esencia es hacer política por nuestra naturaleza social y así está en el Acuerdo Final de Paz (AFP). Estos incumplimientos básicos desconciertan a los que firmamos lo construido en La Habana entre las extintas FARC-EP y el Estado colombiano. Esto es preocupante para un firmante de paz, puesto que nuestra condición social es de actores políticos y que es fundamento del Acuerdo de Final.
¡Estos trampazos e incumplimientos son inconcebibles, cuando nosotros estamos cumpliendo con todos los compromisos adquiridos en el marco del AFP!
Es también seguridad integral la posibilidad de trabajar sin riesgos y es el Estado quien tiene la obligación perentoria, porque el Acuerdo de Paz es norma constitucional y muchos ex combatientes han abandonado sus asentamientos formales, para ir en busca de cómo sobrevivir. Es ahí donde los reincorporados somos presa fácil de los asesinos. Sobre todo en las regiones, resulta bien complejo y peligroso.
Es también seguridad integral la no estigmatización, el odio y la venganza que vomitan algunos personajes y sectores sociales que quieren volver a la guerra y por eso persisten en acabar con la JEP, “reformarla” y destruir el Acuerdo de Paz.
Próximos al primer quinquenio de la firma de esta nueva oportunidad de construir paz para la familia colombiana, son sumamente preocupantes las amenazas y los desplazamientos forzados de las familias de los reincorporados de la otrora insurgencia y el asesinato sistemático de los signatarios del Acuerdo.
¡Es el colmo que hasta un ETCR completo, en Ituango, Antioquia, fue desplazado a plomo y hasta se dio el asesinato de un niño! Y lo más complejo: dizque custodiados por la Fuerza Pública! ¡Qué raro todo esto!
La zozobra crece cada día por la inseguridad donde quiera que estemos, a donde nos dirigimos, cuando nos toca viajar a requerimientos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición, que como condición de la Jurisdicción, nos asiste como comparecientes. Salir al trabajo diario es también un riesgo evidente.
Es sumamente complejo y grave para nosotros que, incluso para compartir con la familia, es mejor no visitarla o hacerlo clandestinamente, como si no hubiésemos firmado un tratado de paz. Es una zozobra que solo la sentimos quienes fuimos ex combatientes y no es nada fácil.
Estamos confinados a vivir en nuestras viviendas, que a la final son como disimuladas cárceles. Salir a las distintas actividades de trabajo y a los compromisos con las víctimas y la sociedad es como si fuera la última vez.
No firmamos la paz para que nos asesinaran. Firmamos porque así lo exigía la sociedad. Firmamos el Acuerdo Final porque fue siempre nuestra premisa desde nuestra fundación como organización. Firmamos porque hubo también voluntad de la contraparte. Firmamos el proceso de paz porque nos cansamos de matarnos entre colombianos, por cuenta de Estados intolerantes en el pasado.
Concertamos el pacto construido en La Habana porque creímos y creemos en nuestra dirección. Igualmente creímos en Juan Manuel Santos como representante del Estado. Dejamos las armas en un tiempo récord de solo cuatro meses. 8.994 armas de diferente tipo, municiones, explosivos, para un total de 390 toneladas de material bélico, el cual fue destruido en su totalidad. Esas armas jamás volverán a la guerra.
Jamás hemos dudado de la importancia y trascendencia de nuestra acertada decisión política de pactar la reconciliación y convivencia, como tampoco hemos vacilado en continuar en la construcción de esta esquiva paz. Porque sabemos que Colombia no puede estar condenada a vivir siempre en la guerra y esto solo se logra con todo el concurso de la sociedad. No existe otra salida, votar por la vida y un país amable en las próximas elecciones.
Ya le quedan a Duque menos de 250 días para pasar a la historia como el presidente que, en sus cuatro años de haber gobernado para la oligarquía, fue una talanquera y ferviente enemigo del Acuerdo de Paz, pues se esforzó ilusamente en “hacerlo trizas”.
Aun así, creemos que hay fundamentales logros en la construcción de una patria amable y digna. Miles de vidas humanas ha salvado el Acuerdo de La Habana. De esto tampoco se habla. Miles de hombres y mujeres ya no estamos en la guerra.
Hay en el escenario político una nación excluida, sumida en la pobreza y el hambre, que ha perdido el miedo a movilizarse, a protestar como una de las grandes conquistas de la sociedad. “Nos lo han quitado todo, que hemos perdido hasta el miedo”. Y ahora nos toca conquistar la paz completa.
Somos una nación que jamás ha conocido el sosiego; y cuando creemos haber conquistado un espacio para la vida y el futuro de nuestros hijos y nietos, un nuevo monstruo de mil formas de una nueva guerra cuelga sobre nuestras cabezas.
La solución política para salir de este atolladero social es la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y adelantar diálogos y negociación con todas las expresiones violentas de este país.
