A pocos dias de haberse posesionado el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, el “Cambio de verdad” se inició radicando ante el Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria para la igualdad y justicia social, como una oportunidad de recobrar la confianza ante un Estado que desde décadas ha tenido una deuda más que económica, también social e histórica en nuestro país. Pues el hambre, el desempleo, la pobreza y miseria en que hemos vivido millones de colombianos han abierto una gran brecha de inequidad, injusticia y desigualdad que, en pleno siglo XXI, se hace imperativo, transformar el enfoque de la política pública en materia económica, disminuyendo aquellos tratamientos tributarios que por muchos años han priorizado a las élites y postergado en beneficios y responsabilidades a esos nadies que en términos generales, sin desconocer el papel de las empresas, han aportado ostensiblemente ha mantener las finanzas en nuestra nación.
Existen múltiples motivos para generar este cambio, aunque algunos medios masivos de comunicación, personas y partidos políticos no hagan caso a la razón y en cambio continúen afianzando el odio y la división, pero el hecho de querer hacer realidad la justicia social, la igualdad, elevar la dignidad humana, lograr una estabilidad fiscal, bajo el amparo de los principios constitucionales de la equidad, eficiencia y progresividad, donde prime el bienestar general más que el particular, no debe temerse, sino al contrario, apoyarse y legitimarse, para así mantener una viabilidad en el gasto público de calidad.
De esta manera, la reforma Tributaria que propone Gustavo Petro, como bien lo manifestó, desea “llevar una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan para abrirle las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud, no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio. Es simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a una sociedad que le permite y le garantiza la fortuna. La solidaridad está en el impuesto que paga el que puede pagarlo y en el gasto del Estado que va a quienes lo necesitan por su infancia, por su juventud, por su vejez”. Definitivamente un cambio a las normas de los tributos donde se pretende recaudar 50 billones de pesos en los cuatro años de periodo presidencial, asegurando así, ingresos para un Estado que quiere ver realizado los sueños de colombianos y colombianas de a pie, que merecen vivir con una vida digna, salud y educación, protegiendo también el medio ambiente.
Aunque dicha propuesta se entregue también con el propósito de ser discutida, se reivindica en todos los escenarios políticos, con el fin de consolidar una economía basada en una verdadera producción, la del campo, la que tienen nuestros campesinos y campesinas, indígenas y en general todas aquellas personas que hicieron del agro su forma de vida, su sustento y su vocación. Una economía que fortalezca y reconozca el trabajo así como el conocimiento en todas sus formas.
En resumidas palabras, no se trata de llevar la contraria a ningún partido político, persona, empresa u organización, se busca transformar la estructura tributaria o económica que tiene un país, potencializando el agro, promoviendo el uso adecuado de la tierra, estimulando la formalización, abriendo oportunidades laborales para todos y todas de manera formal, democratizando también la propiedad y sobretodo reviviendo la economía campesina, produciendo alimentos de calidad, saludables, erradicando así la pobreza y satisfaciendo todas las necesidades de un país, cansado de recibir migajas. La reforma tributaria es, el reto tal vez más ambicioso de este nuevo gobierno en el que, sin duda alguna se hará realidad lo imposible, tal como se espera que lo haga con el Acuerdo de Paz.
