13 Ene Precisiones al quinto informe de la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz
«Instamos a la Fiscalía General de la Nación darle pleno reconocimiento a la JEP, y así como ha procedido con estos informes, acatar integralmente todos los requerimientos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición».
La Fiscalía General de la Nación ha hecho público un informe elaborado para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que alude a la economía de guerra de las extintas FARC-EP. Frente a dicho documento, consideramos necesario realizar las siguientes aclaraciones:
Respecto al punto 1. Ingresos por Renta Ilícita, a) secuestro, podemos precisar que, frente a los ingresos atribuidos a las antiguas FARC-EP citados por la Fiscalía, no todas las retenciones o secuestros fueron obra de esta guerrilla, y eso queremos establecerlo en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pues como se sabe, también hubo casos de secuestro cometidos por particulares, empresarios, narcotraficantes, paramilitares y agentes del Estado que aún hoy se indilgan a nuestra organización.
En cuanto al numeral b) extorsiones, las extintas FARC-EP tenían parámetros o normas sobre en qué condiciones se podían exigir pagos a personas naturales o jurídicas que ejercieran explotación económica en los territorios. Recursos que en ocasiones eran invertidos en las mismas comunidades para suplir la ausencia del Estado, como la construcción de escuelas, carreteras, caminos, entre otras obras. Esto se puede evidenciar en el inventario entregado a las autoridades en agosto del 2017, donde, no obstante, no todas las obras ni inversiones sociales quedaron relacionadas. Por eso resulta extraño que la Fiscalía no las relacione en sus investigaciones, pues ellas requerían de dinero para su realización, y eso debe constar también en sus investigaciones y archivos incautados.
Frente al tema c) narcotráfico, las FARC-EP reconocieron hace años el cobro del denominado impuesto al gramaje a los narcotraficantes que operaban en zonas bajo control de esa guerrilla. Sin embargo, nunca la organización cohonestó con el narcotráfico, pues implica una filosofía muy diferente a nuestros ideales, y visión de sociedad, muestra de esto es el cambio de mentalidad muchos jóvenes en las barriadas populares que vieron en esta práctica una forma fácil de satisfacer las necesidades impuestas por la sociedad de consumo.
Se debe hacer memoria que, las antiguas FARC-EP desde la década de los noventas ha generado propuestas para poner fin a este flagelo, que afectaba principalmente a los campesinos de regiones olvidadas, sin contar con respuestas estructurales por parte del Estado para superarlo, muestra de ellos es que en la actualidad, desconociendo el Acuerdo de Paz y los esfuerzos hechos hasta ahora, se quiere acabar con una iniciativa factible socialmente como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Cabe preguntarse entonces a quién le ha convenido más el narcotráfico, ¿a las antiguas FARC-EP o al propio Estado colombiano? Pues todas las ramas del poder público y económico han tenido que ver con el narcotráfico. Para citar un solo ejemplo, desde la Aerocivil se daban permisos y licencias para utilizar pistas, aeropuertos y aeronaves para que la droga siguiera su mortal camino hacia otras latitudes, beneficiando a los eslabones más grandes del narcotráfico, que se quedaban con los mayores ingresos de esta actividad; sectores industriales como el de construcción blanqueaban fondos procedentes de esta actividad y el sistema financiero incorporaba las rentas de esa actividad al circuito económico Por eso insistimos en la necesidad de establecer el componente de verdad, justicia, reparación y no repetición.
¿Qué dice la Fiscalía de la participación del narcotráfico en la economía colombiana? ¿Cuánta plata hubo? No son precisamente amigos de las extintas FARC-EP quienes fueron extraditados en diferentes gobiernos por ser grandes narcotraficantes, con estrechas relaciones con la clase política.
Con respecto al punto c) minería ilegal, ha sido una práctica obligada en los territorios, siendo de las pocas opciones de economía en las zonas rurales ante la inexistencia de una reforma rural integral. Y nuestro problema no era, como se estableció en la Octava Conferencia aludida por el informe, la actividad económica en sí, sino que su práctica causara la menor incidencia posible al medio ambiente de los territorios donde la antigua guerrilla hizo presencia, y que se realizaran obras que beneficiaran a las comunidades.
Frente al punto 2, estrategia de persecución de bienes, debemos decir: el 15 de agosto del 2017, el Secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP entregó al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas, el inventario de bienes y activo de la organización, cumpliendo con el punto 5.1.3.7 del Acuerdo de Paz, hecho sin precedentes en ningún acuerdo de paz en el mundo. En este se relaciona el inventario de bienes y activos de las FARC-EP, y en él se declaró: “Debido a que las FARC-EP, por las condiciones en las que se ha desenvuelto el conflicto armado, no han contado con registros oficiales con bienes adscritos a la financiación, desarrollo y mantenimiento de la rebelión armada, y considerando que en diferentes operaciones militares han sido incautados computadores y otros registros de las FARC-EP donde se incluían inventarios de bienes, es imposible aportar datos completos de la totalidad de los bienes relacionados en dichos archivos incautados, información que ya se encuentra en poder de distintas instituciones del Estado, por lo que el compromiso de información también se ha cumplido respecto a todos los incluidos en dichos inventarios en el caso en que no estuvieran incluidos en el que ahora se entrega”.
También advertimos en su momento la necesidad de “que por intermedio de la CSIVI se activen lo más pronto posible los mecanismos y garantías necesarias a efectos de tomar posesión efectiva de los bienes y valores aquí consignados, en la medida que el paso del tiempo o el desinterés institucional puede tener como efecto su pérdida, deterioro o hurto, en la medida en que no existirá organización que pueda preservar su cuidado”. Reiteramos una vez más nuestro llamado a las autoridades a que tomen custodia de los bienes inventariados, que a fecha de hoy siguen estando fuera del debido control del Estado a pesar de nuestros insistentes llamados a las instituciones para que se hicieran cargo de su protección.
Adicionalmente, el informe de la Fiscalía a la JEP hace una relación de bienes que no habrían sido declarados por las extintas FARC-EP, vinculados directa o indirectamente con la organización, los cuales fueron afectados por la jurisdicción ordinaria por medidas cautelares de extinción del derecho de dominio entre 2016 y octubre de 2018. El valor de las propiedades afectadas supera el valor de los dos billones de pesos”. Lo anterior no es procedente por lo arriba explicado. Pero en todo caso dichos bienes, en caso de realmente existir, deberán ser identificados y declarados por la Fiscalía para incorporarse al fondo de reparación para las victimas del conflicto que se creó por el Acuerdo de Paz. Además, sabemos de los falsos positivos judiciales orquestados por la Fiscalía, como los casos de Supercundi y Merkandrea, entre otros, dirigidos a afectar el Acuerdo de Paz y que le cuestan a la Nación el pago cuantiosas indemnizaciones a los afectados, a cargo del agobiado pueblo. Montajes que también han estado dirigidos a afectar a reconocidos líderes de nuestra organización, para que desconfíen de las instituciones y así alejarlos del proceso.
Debe recordar la Fiscalía que el inventario se entregó en agosto del 2017, por lo tanto, las fechas que relaciona el informe no proceden. Además, hay que tener en cuenta que desde el 2012, cuando empezó la negociación, las antiguas FARC-EP debían seguir sosteniendo a su organización, con los escasos recursos que se tenían, sin percibir ingresos debido al inicio del cese de hostilidades. Así mismo, es de extrañar que no se haga referencia a los dineros llevados por desertores e incautados en diferentes operativos militares y hallados en caletas por la fuerza pública.
Finalmente recordamos a la opinión pública que en este momento versa un conflicto de competencia entre la Jurisdicción Especial para la Paz y Fiscalía General de la Nación ante la Corte Constitucional Colombiana respecto a los bienes incautados a las FARC. En dicho conflicto de competencia ha insistido el ente acusador que estos bienes deben continuar bajo la custodia y utilización poco transparente de la justicia ordinaria y no a la reparación de víctimas del conflicto armado tal como lo ha decidido la Corte Constitucional Colombiana y el Acuerdo Final de Paz.
Finalmente, instamos a la Fiscalía General de la Nación darle pleno reconocimiento a la JEP, y así como ha procedido con estos informes, acatar integralmente todos los requerimientos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
