Construimos la paz con justicia social en todo el territorio colombiano y defendemos los derechos de los colombianos y las colombianas humildes, los derechos de las gentes del Común.
Comunes es el partido de la paz, de la justicia social, del compromiso irreductible en defensa de la soberanía nacional, del desarrollo sustentable y protección del ambiente para el progreso de nuestra nación,
sobre todo, somos el partido de las gentes del común, de los y las trabajadoras del campo y la ciudad, de los humildes, desposeídos, de comunidades afro, pueblos indígenas, raizales, campesinos y campesinas. Luchamos para poner fin a la pobreza, por la igualdad efectiva de la mujer en la sociedad y contra todas las formas de discriminación. Nuestra meta es construir entre todos y todas, una sociedad equitativa en la que florezca la esperanza para los y las jóvenes y las nuevas generaciones. ¡Nunca más jóvenes para la guerra! Asumimos el compromiso de luchar por un gobierno de transición, que reconcilie la nación colombiana sobre bases de paz y justicia social, en el largo camino hacia un nuevo orden económico y social, en el que la dignidad humana sea el máximo valor, que incorpore los enfoques diferenciales de derechos de género, étnico y territorial. Por consiguiente, proponemos al país las siguientes bases mínimas:
Construcción de una paz completa, estable y duradera con justicia social. En ese propósito trabajaremos por el cumplimiento e implementación integral del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, así como por soluciones políticas, dialogadas y diplomáticas a todos los conflictos que aún subsisten en nuestro territorio.
Celebración de un Pacto Político Nacional, integral, multisectorial, participativo y democrático que excluya para siempre la violencia y las armas de la política colombiana. Dicho Pacto deberá ser promovido desde los municipios, departamentos y a nivel nacional, en particular en los territorios más afectados.
Edificación de una república democrática participativa, diversa, pluricultural, pluriétnica y anti patriarcal, un Estado social que garantice los derechos de todas y todos.
a. Que a los poderes públicos ejecutivo, legislativo y judicial sume 2 poderes más: un poder moral, conformado por 5 órganos (Procuraduría, Defensoría, Contraloría, Contaduría y Auditoria), y un poder electoral a cuya cabeza se encuentre un alto tribunal creado para ese efecto.
b. Una reforma política estructural necesaria para la construcción de una democracia avanzada, que garantice las condiciones para la participación real y decisiva de todos los partidos, movimientos y organizaciones sociales; donde el umbral, no determine la personería jurídica, ni la potestad de emitir avales.
c. Democratización de la elección de magistrados de las altas cortes, con voto directo y secreto de todos los jueces del país, y elección popular de los cargos superiores del poder moral.
Lucha contra la corrupción, partiendo de revisar y reformar estructuralmente los mecanismos de licitación, contratación, fortaleciendo la auditoría del gasto y la veeduría ciudadana, y su articulación con los entes de control, concentrando el esfuerzo en combatir las mafias dedicadas al saqueo de los recursos públicos. Tipificar como agravantes de los delitos contra el erario, la apropiación de dineros destinados a salud, educación, infancia, saneamiento básico, agua potable e inversión en sectores vulnerables de la población. En todos los casos, como parte de la pena, los dineros apropiados deben ser devueltos con los respectivos intereses y se extinguirá el derecho de dominio sobre todos los bienes de los corruptos.
Lucha frontal contra el modelo neoliberal minero-energético depredador vigente, y desarrollo de un modelo de transición hacia energías limpias. Las inmensas riquezas naturales del país deben ser explotadas con criterios patrióticos y la esencia del modelo económico alternativo debe ser la transformación y agregación de valor en el país. Impulso y estímulo estatal a la economía productiva real. El Estado debe ser el principal propietario y administrador de los sectores estratégicos de la economía.
Garantizar que la vida es el derecho fundamental de todas y todos en Colombia. La prioridad de nuestro sistema político será un régimen de justicia económica, social, ambiental, y tributaria para un buen vivir y la construcción de una cultura de paz.
a. La justicia económica y social es el acceso, goce efectivo y garantía plena de los derechos fundamentales a la vida, paz, libertad, salud, educación gratuita y universal, cultura, trabajo digno, vivienda, alimentación y renta básica universal. Con especial atención a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, población diversa, adultos mayores, personas en condición de discapacidad física y/o cognitiva, pueblos étnicos, campesinos, campesinas y las víctimas de todas las formas de violencia.
b. La justicia ambiental es reconocer los derechos de la naturaleza y del planeta, los deberes que tenemos para su defensa y protección como garantía de la conservación de la vida. La prioridad es la preservación de los ecosistemas y serán las comunidades las primeras vigilantes y preservadoras de los territorios.
c. La justicia tributaria se basará en el criterio de la redistribución del ingreso, los principios de equidad, proporcionalidad, progresividad y tendrán carácter constitucional. Quienes más ganan, más pagan; la base del sistema tributario será la priorización de los impuestos directos y el IVA solo afectará bienes suntuarios.
La base de la paz es la reconciliación de la familia colombiana como principio del esfuerzo por la reconstrucción nacional. La doctrina de defensa y seguridad del Estado colombiano debe basarse en el respeto y defensa de la dignidad de la persona para garantizar el bienestar tanto material como sicosocial de todos y todas las ciudadanas. La seguridad pública debe ser, ante todo una obligación del Estado que propenda por el acceso a derechos de todos y todas las ciudadanas.
a. El presupuesto militar y el número de efectivos serán acordes con un país que no está en guerra, ni en disputas territoriales con sus vecinos, y se pondrá a disposición de la reconstrucción del país para la paz.
b. Propendemos por la reforma estructural a las fuerzas militares y policía, en un país que busca la construcción de paz con justicia social, es indispensable que la doctrina de las fuerzas militares y policía se enfoque en la defensa de los intereses de las gentes del común y la protección de los derechos humanos.
c. Superar la doctrina del enemigo interno para eliminar la estigmatización y criminalización de los y las jóvenes, campesinos y campesinas, pueblos étnicos, líderes y lideresas sociales, fuerzas políticas alternativas y de la protesta social. d. Trabajaremos por la defensa del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, por lo cual apoyamos un servicio social para la paz que fortalezca el enfoque comunitario en el desarrollo de país.
Relaciones internacionales con todos los países del mundo, bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio.
a. Priorizar tareas para la integración latinoamericana y caribeña, rechazando el intervencionismo militar, económico y político.
b. Respeto a los compromisos políticos con otros Estados sin menoscabo de su soberanía.
c. Revisión total de los pactos militares, tratados comerciales y convenios lesivos para la nación.
d. Se pondrá fin a la extradición de nacionales y se defenderá la repatriación de los prisioneros y prisioneras en las cárceles extranjeras.
e. Revisión al pago de la Deuda Externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases.
f. Para los otros casos se planteará una refinanciación y condonación en el servicio, para facilitar la cancelación de la deuda social.
Colombia debe mirar hacia el campo. Se deben desarrollar las inmensas capacidades agropecuarias de nuestra nación.
a. La economía campesina, parcelaria y comunitaria, cooperativa y empresarial debe recibir el apoyo técnico-científico que demanda un plan estratégico de desarrollo agropecuario y el financiamiento necesario, mercadeo y comercialización que garanticen el proceso de resarcimiento de los derechos de los y las campesinas, incluyendo el acceso y la propiedad a la tierra, que han sido las principales víctimas del conflicto y del modelo neoliberal.
b. La Agroecología como propuesta cultural y productiva fundamentada en el buen vivir debe hacer parte de la política agraria nacional.
c. La producción intelectual agraria será propiedad comunitaria y prohibir la patente y estarán al servicio y uso de los y las campesinas, comunidades afro y pueblos indígenas. d. Proteger y resguardar las semillas nacional y regional para preservar la diversidad de la flora, amenazada por la producción transgénica de especies.
La información libre y responsable es requisito para la construcción del país al que aspiramos. Los medios de comunicación deben ser democratizados en su propiedad, así como en la libertad de contenidos.
Se debe garantizar el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y propender por un sistema público de comunicación, robusto y gratuito en radio, prensa, televisión y plataformas tecnológicas de punta, incluyendo el servicio de internet. Se impulsarán y fomentarán los medios de comunicación alternativos y populares, así como el acceso a los mismos.
En defensa de los derechos de la clase obrera y los y las trabajadoras, lucharemos por la dignificación del trabajo para lograr condiciones dignas de contratación, salario y seguridad social.
Asimismo, propenderemos por la no criminalización y privatización del uso del espacio público para los y las trabajadoras quienes laboran en la informalidad.
a. Reforma laboral y pensional para garantizar el derecho al trabajo digno. Para los y las trabajadoras del campo y de la ciudad se construirá una política que garantice el reconocimiento, formalización y justa remuneración, de todas las formas productivas país, reconociendo la economía del cuidado como uno de los ejes fundamentales.
b. Las prestaciones sociales en términos de salud y pensión deben ser asumidas por los empleadores y por el estado, defendiendo la eliminación de las contrataciones por prestación de servicios.
c. Una política pensional que garantice la vida digna de las personas de tercera edad y el acceso a la pensión universal para las generaciones futuras.
Acogemos el derecho a la ciudad como forma de superación de las desiguales sociales y políticas en el ámbito urbano y rural, bajo los principios de democracia, participación, justicia, economía solidaria, cuidado del ambiente, acceso y garantía de los derechos de sus habitantes.
a. Participación de las comunidades organizadas en la definición del uso del suelo y planes de ordenamiento territoriales urbanos.
b. Garantizar el retorno de las familias desplazadas por el conflicto social a sus lugares de origen.
c. Protección de la vida, el agua y el ambiente y medidas frente a los efectos del cambio climático, la estructura ambiental urbana como sujeto de derechos.
d. Un ordenamiento territorial para la vida donde los derechos como la vivienda, y el buen hábitat, estén por encima del negocio el lucro personal. La propiedad deberá cumplir una función social y ecológica.
e. Una ciudad para la inversión el empleo y las iniciativas de economía solidaria que fomente la industria, los servicios, y propicie el sector del conocimiento, el acceso a la conectividad y las energías limpias, protegiendo el empleo digno y la estabilidad laboral.
Promovemos la equidad e igualdad de género en el marco de una cultura anti patriarcal garantizando el acceso a derechos de las mujeres y las diversidades sexuales por medio de la participación política y la paridad.
a. Enfrentar la feminización de la pobreza a través de la promoción de la igualdad de condiciones con enfoque de género y prevenir los feminicidios y cualquier forma de violencia contra las mujeres y población diversa.
b. Se propone un modelo alternativo a la zonificación urbana y rural que segrega social y laboralmente a las mujeres, impulsando una remuneración digna y el reconocimiento de la economía del cuidado.
c. Se defiende el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos de una forma libre y segura, garantizando los derechos sexuales y reproductivos, apoyando la Interrupción voluntaria del embarazo.
La población juvenil como sujeto de derechos se promoverá su participación en la construcción del nuevo orden social, político y cultural.
a. Educación para la paz gratuita y universal con el fomento de universidades populares y campesinas en especial en las zonas más afectadas por el conflicto.
b. Salud gratuita y universal para los y las jóvenes que propenda por su desarrollo integral.
c. Accesibilidad y presupuesto para programas integrales que promuevan la recreación, cultura, deporte, trabajo digno y la participación política de los y las jóvenes del campo y la ciudad.
Construir un programa de arte y cultura para la defensa, promoción y consolidación de Paz que incentive la construcción de la memoria histórica.
Defensa de los derechos humanos de los y las prisioneras políticas de acuerdo con el derecho internacional y la reforma de la política penitenciaria y carcelaria y que garantice los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.
Aprobada en la Segunda Asamblea Nacional de los Comunes
22, 23 y 24 de enero de 2021
