Señor
Rodrigo Londoño
Presidente del partido FARC
E S. M.
Señor Londoño:
Le agradezco su reciente carta y le doy respuesta en los siguientes términos:
Celebro que la “Peregrinación por la Vida y por la Paz” haya culminado exitosamente con una reunión con el presidente de la república. Tengo entendido que el gobierno adquirió cuatro compromisos: acelerar el proceso de entrega de tierras, acelerar los proyectos productivos, medidas adicionales de seguridad por parte de la UNP y siete reuniones del Consejo Nacional de Reincorporación en los territorios para evaluar la situación en cada uno de ellos. Es importante hacerles seguimiento a estos compromisos, en especial al tema de seguridad, porque este es uno de los aspectos que más preocupan no solo a los integrantes del partido FARC -por supuesto- sino a los colombianos en general y a la comunidad internacional. Hay que seguir abogando también por la implementación integral del acuerdo. Es un compromiso que obliga a las dos partes. El Estado tiene que cumplir, pero ustedes también, y no puede ser un cumplimiento a medias.
Entiendo su preocupación por proyectos de referendo o de ley para “hacer trizas los Acuerdos de Paz” mediante la derogatoria de la JEP. Yo no me preocuparía tanto porque ni los acuerdos ni la JEP (que hace parte de ellos) son derogables. Es un imposible categórico jurídico y político. Como le dije al papa Francisco al final de su histórica visita: a la palomita de la paz hay que dejarla volar sola porque por fortuna quedó blindada.
Los acuerdos y su debida implementación hacen parte de nuestra constitución y obligan a este y a los próximos dos gobiernos. Ningún decreto, ninguna ley, ninguna reforma constitucional, ni siquiera un referendo, los puede echar para atrás. Como bien lo han dicho eminentes juristas y el propio expresidente de nuestra Corte Constitucional y hoy presidente de la JEP: “tienen una fuerza jurídica superior y articulan en su seno exigencias inderogables del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional”.
La declaración unilateral de Estado que hice personalmente en mi calidad de jefe de Estado, el 13 de marzo de 2017 ante el Consejo de Seguridad de la ONU, obliga al Estado colombiano a cumplir lo pactado ante la comunidad internacional. El apoyo que desde el principio recibió el proceso desde esa máxima instancia del orden mundial (ningún evento ha generado tantas resoluciones unánimes de respaldo por parte de este organismo desde su creación en 1945), así como el apoyo entusiasta directo de los países que enviaron delegados especiales como Estados Unidos y la Unión Europea, para no hablar de la región latinoamericana, constituye otra capa del blindaje de los acuerdos. El reciente triunfo de Joe Biden, promotor como pocos del acuerdo, será sin duda un refuerzo adicional importante para la debida implementación de la paz.
Aplaudo que reitere su compromiso conmigo y con mi gobierno, pero también —y es lo más importante- con Colombia y con el mundo, de reconocer responsabilidades y decir la verdad, una verdad que debe ser plena y comprobable. Aprecio también que hayan reconocido el asesinato de Alvaro Gómez y los atentados al vicepresidente Germán Vargas. En una reacción que lo enaltece, Vargas reconoció el gesto y aceptó su solicitud de perdón sin necesidad de un acto simbólico. La verdad fue suficiente. Saber perdonar requiere entereza y coraje, y es componente indispensable de cualquier reconciliación. Ojalá la familia Gómez, y tantas otras víctimas que se niegan a estrechar la mano arrepentida de sus victimarios, siguieran su ejemplo. Difícil, para muchos doloroso, pero la construcción de la paz lo requiere. Ya una cantidad importante de víctimas por fortuna lo han hecho.
Dice usted que hace falta que otros actores del conflicto aporten verdad. Cierto. Algunos ya han comenzado a hacerlo. La verdad es un pilar fundamental de la justicia transicional. La JEP hace parte de un sistema que se basa precisamente en la verdad. Nunca se sabrá toda la verdad de un conflicto de más de 50 años y es imposible satisfacer a todas las víctimas, como algunos reclaman, más por desprestigiar el sistema que por solidaridad con las víctimas. Es necesario ser selectivos como con los siete macro casos ya abiertos.
Así como los parámetros de los negociadores eran buscar el máximo de justicia que nos permitiera la paz, y lograron, es ahora muy importante buscar el máximo de verdad —por más dolorosa que sea— que nos permita una verdadera reconciliación. Por eso hay que facilitar que los máximos responsables de las atrocidades paramilitares comparezcan con su verdad ante la JEP. No es cierto que el sistema no lo permita, como algunos temerosos de la verdad sostienen. Lo pueden hacer en su calidad de promotores, auspiciadores y/o financiadores del paramilitarismo. Si jefes guerrilleros, jefes paramilitares, agentes del Estado y terceros cuentan lo que realmente pasó -la verdad completa—, será una catarsis complicada para la sociedad colombiana, hasta traumática, pero necesaria, muy necesaria y conveniente para consolidar la paz y construir sobre ella un mejor futuro.
Cuando usted y yo nos conocimos le dije: “de tratar de matarnos durante muchos años en una guerra absurda, pasamos a partir de este momento a tener que remar juntos, en la misma canoa, y en la misma dirección, la de la paz”. Y le agregué: “no va a ser fácil, saldrán muchos enemigos de lado y lado, pero usted y yo tendremos que mantener el rumbo y perseverar”. Y así ha sido. Fuego amigo de lado y lado, a veces implacable, del lado suyo criminal y violento, del mío populista, mentiroso y plagado de hipocresía. Pero los que quieren hacer trizas la paz, los que quieren desprestigiar el proceso, los que quieren volver a la guerra, se quedarán con los crespos hechos: porque como usted lo dice al final de su carta, la paz es el bien más valioso de cualquier nación.
Algunos le exigen la JEP más celeridad y más resultados, lo cual es normal, pero también hacen comparaciones malintencionadas con la ley de justicia y paz. Son dos modelos de justicia transicional muy diferentes y no comparables; uno lleva 15 años, el otro 3, y hacen caso omiso de un hecho incontrovertible: los resultados ya obtenidos por la JEP superan los de todos los otros tribunales similares. Reclamar más justicia, una justicia implacable, en un contexto transicional, penas más severas y para más personas, siempre resulta un recurso fácil y atractivo para conseguir aplausos de la galería, pero desconoce la naturaleza misma de la justicia transicional. Y exigir un resultado maximalista resulta inclusive contraproducente por la imposibilidad de alcanzarlo. Es como cuando los operadores aéreos decretan la operación reglamento para sabotear el funcionamiento de los aeropuertos.
Otros se rasgan las vestiduras porque exguerrilleros responsables de crímenes atroces son parte del Congreso temporalmente sin antes pagar cárcel, y acusan a la justicia especial de ser una feria de impunidades. Desconocen que de eso se trata un proceso de paz, de cambiar las botas por los votos, como decía Felipe González. Por primera vez una insurgencia no derrotada entregó las armas para someterse a la justicia. Eso es lo que hay que valorar. Y se les olvida que de todas formas pasarán por la justicia transicional para ser juzgados y sancionados. No deja de ser una gran ironía que muchos de los que reclaman penas más severas, otrora promovieron, defendieron y otorgaron indultos, sin ningún tipo de castigo, a responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad que después fueron congresistas, ministros o candidatos presidenciales. La doble moral.
Se cuestiona hasta el origen de la JEP. Nunca un proceso de creación de un tribunal había sido más transparente y meritocrático, como lo han resaltado los expertos. Cinco instancias incuestionables: las Naciones Unidas, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Instituto Internacional de Justicia Tradicional, nuestra propia Corte Suprema, y las Universidades Públicas designaron cinco representantes del más alto nivel que a su vez adelantaron la escogencia, a plena luz del día, de todos y cada uno de los magistrados. Escogieron a muchos expertos en derechos humanos porque esa es la base de la justicia transicional. Resulta risible decir que por eso tiene un sesgo político. ¿Querían magistrados expertos en derecho canónico o en derecho del mar para impartir justicia transicional? Vaya sofisma tan rebuscado. Los derechos humanos no tienen ni deben tener color político.
Las críticas al proceso de paz y a la JEP no van a parar. Es para algunos una consigna y una estrategia política electorera. Para los detractores nunca habrá suficiente justicia ni suficiente reparación. Pero por fortuna la gente se está dando cuenta de que es mejor la paz que la guerra. Los avances están a la vista. La inmensa mayoría de los excombatientes abandonó definitivamente las armas y se encuentra en plena reincorporación. El reconocimiento y apoyo internacional se mantiene incólume. Hay que seguir remando. Nunca desfallecer, nunca desistir, no perder el rumbo, hasta llegar al puerto de destino que nos trazamos ese día en La Habana para que las generaciones venideras puedan disfrutar de una Colombia en paz.
