Por Marcela Rico Sosa
Recuerdo muchas tardes de conversas y café, donde las palabras “excombatiente” y “reincorporación” flotaban en el aire como trajes que no nos terminaban de entallar. “Es que el ‘ex’ suena a algo que se acabó, y nosotras seguimos luchando”, decían las compañeras con firmeza. En ese intercambio de sentires, comprendimos que la identidad que hoy nos junta —mujeres firmantes— nació el día que se plasmó la rúbrica sobre el papel. Ese acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) no lo firmaron solo unos pocos en una mesa; lo firmamos todas con nuestra voluntad de cambio. Al llamarnos “Firmantes de Paz”, dejamos de ser sujetos de un proceso técnico para reivindicarnos como protagonistas de una historia eterna. En ese concepto, por fin, cabemos todas.
Las mujeres en proceso de reincorporación hemos asumido la categoría de mujeres firmantes como una forma de reivindicar nuestra identidad como sujetas políticas activas y comprometidas con lo pactado en 2016. Este concepto trasciende la denominación de “excombatientes” para resaltar nuestro papel protagónico como constructoras de paz territorial, líderesas autónomas y defensoras de la implementación del Acuerdo Final y de todas las apuestas que dignifiquen la vida de las mujeres. Reconocernos como firmantes es un acto de soberanía política.
Nuestra lucha no ha terminado; simplemente ha encontrado su lugar en la esperanza.
El lenguaje es territorio de resistencia. Es una identidad que no caduca, un tatuaje en el alma que nos recuerda que somos guardianas eternas de un pacto que cambió la historia. Reivindicarnos como mujeres firmantes nos reconoce no solo como personas que dejamos las armas producto de un acuerdo con el Estado colombiano, sino como actoras fundamentales e incidentes en las profundas transformaciones que ese Acuerdo propone. Nuestra lucha no ha terminado; simplemente ha encontrado su lugar en la esperanza.
Escribo desde esa experiencia colectiva y a partir de mi propia trayectoria como mujer firmante del Acuerdo de Paz de 2016, integrante de la delegación de paz de las FARC-EP y de la Subcomisión de Género que construyó el enfoque de género del Acuerdo. A casi una década de aquel hito, reflexiono sobre la experiencia colectiva y la mía propia. Empiezo por decir que el balance es agridulce.
Hemos avanzado en el papel, en el reconocimiento, en la autogestión y en el acceso a espacios importantes; sin embargo, en los territorios la paz sigue teniendo deudas profundas para hacer real nuestra autonomía y la seguridad de las y los firmantes. De igual manera, sigue siendo débil la integralidad de las acciones para que tengan la capacidad de desatar la real potencia transformadora de ese gran compromiso que suscribimos con el Estado colombiano hace 10 años.
Recuerdo aquel 24 de noviembre de 2016 no solo como una firma en un papel, sino como el despertar vibrante de un proyecto de vida renovado, tanto individual como colectivo. Recuerdo las enormes expectativas del reencuentro con la familia, de retomar planes de estudio y otros importantes asuntos aplazados, junto con los temores propios del salto en la historia que estábamos dando como personas, organización y país. Volver fue como intentar leer un libro que otros escribieron en nuestra ausencia. Fue el abrazo apretado y, a la vez, el vértigo de ponerse al día con las risas perdidas y los silencios de los duelos que no pudimos llorar.
Conocer a los más pequeños de nuestras familias traía una pregunta silenciosa: ¿nos reconocerán como esa hermana, tía o prima que hasta entonces solo había sido un nombre en un relato? Para quienes fueron madres en la guerra, ese temor calaba más hondo, buscando en los ojos de sus hijos el hilo de un vínculo que la distancia intentó romper. En cada mirada, la mayor expectativa era descifrar si en el corazón de la familia aún quedaba un sitio para que estuviéramos presentes, ya no como un recuerdo lejano, sino como una realidad cotidiana. Tras 10 años, el temor que sentimos al principio se ha convertido —por necesidad— en persistencia y resistencia.
El enfoque de género: un hito global en disputa
El Acuerdo Final de Paz de 2016 representa un hito histórico y político sin precedentes a nivel global, al ser el primer pacto de su tipo en incorporar de manera transversal un enfoque de género en todos sus puntos. Esta conquista no fue una concesión gratuita del Estado o de las partes en conflicto, sino el resultado de una movilización sin cuartel del movimiento de mujeres que logró una representación del 46 por ciento en la mesa de negociación y del 60 por ciento en las delegaciones de víctimas y la creación de la Subcomisión de Género que construyó el enfoque.
Para Colombia y la comunidad internacional, este enfoque significó una ruptura con la visión tradicional de la paz como simple ausencia de guerra, proponiendo en su lugar una transformación estructural de las relaciones de poder que han marginado históricamente a las mujeres y personas LGBTQ+. Políticamente, el Acuerdo reconoció a las mujeres no solo como víctimas, sino como sujetos políticos incidentes y constructoras de paz territorial, cuya participación es esencial para la sostenibilidad de cualquier proceso de transición política.
A nivel mundial, el caso colombiano estableció un estándar de Paz con Dignidad, vinculando el fin del conflicto armado con el acceso real a la tierra, a la autonomía económica y a la representación política equitativa. Este precedente obliga a entender que la paz es incompleta si no aborda las violencias patriarcales y las brechas de cuidado que el conflicto armado suele profundizar. Hoy, la implementación de este enfoque se ha convertido en el termómetro de la calidad democrática del país, exigiendo pasar de la formalidad jurídica a una realidad operativa que garantice que la paz signifique, efectivamente, una vida digna para las mujeres, especialmente en los territorios más golpeados por la violencia.
Tras 10 años de implementación, existe una brecha crítica: el avance ha sido predominantemente normativo.
Pese a todo lo anterior, tras 10 años de implementación, existe una brecha crítica: el avance ha sido predominantemente normativo con aprobación de leyes y decretos; pero el desarrollo operativo, es decir, la puesta en marcha de acciones concretas y la asignación de recursos, ha sufrido una desaceleración significativa. Por desaceleración me refiero a una combinación de debilidades estructurales, falta de recursos y una arquitectura institucional que dificulta la ejecución efectiva en los territorios.
Los avances normativos generados en la etapa de implementación temprana marcaron un ritmo esperanzador, pero este se redujo poco a poco en la implementación práctica de los instrumentos e instancias de articulación creadas, posicionando una lógica fragmentada y el padecimiento de una desfinanciación crítica, por ejemplo, con proyectos productivos—estrategias económicas y de generación de ingresos diseñadas para garantizar la reincorporación sostenible a la vida civil de los excombatientes—que han operado con déficits presupuestales superiores al 50 por ciento. Además, existe una marcada disociación entre el diseño institucional y su materialización territorial, donde la inseguridad y la estigmatización actúan como barreras que impiden el avance de las medidas proyectadas.
Se creó la Alta Instancia de Género de Gobierno bajo el Decreto 1418 de 2018 para coordinar, armonizar y hacer seguimiento a la hoja de ruta política consignada en el CONPES 3931 de 2018 —que integra 18 acciones específicas de género, orientadas a cuatro objetivos fundamentales: fortalecer la articulación institucional, promover la reincorporación comunitaria, generar autonomía económica y garantizar el acceso a derechos fundamentales. Sin embargo, desde el inicio de su funcionamiento en enero de 2019, esta instancia ha operado a través de sesiones plenarias con muchas irregularidades de tiempo y sin real capacidad de impacto de sus decisiones en la práctica de la implementación.
En particular, para las acciones de género en la reincorporación, un factor determinante es la centralización de responsabilidades en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), lo que genera cuellos de botella ya que otras entidades responsables a menudo desconocen sus funciones o carecen de la voluntad política o de la capacidad técnica y presupuestal para aplicar el enfoque de género en sus ofertas.
El Programa de Reincorporación Integral (PRI), creado bajo el Decreto 0846 de 2024, tiene como mandato transversalizar el enfoque de género, pero este enfrenta fallas estructurales en su arquitectura institucional como las ya mencionadas y la falta de una financiación suficiente para su materialización. Gran parte de las acciones desarrolladas para mujeres firmantes han dependido de la cooperación internacional, lo que pone en riesgo la sostenibilidad y debilita la responsabilidad del Estado en la garantía de estos derechos.
La reincorporación económica y la brecha del cuidado
Los proyectos productivos— agrícolas, comerciales o de servicios—constituyen el corazón de la reincorporación económica para las y los firmantes de paz, funcionando como el motor que impulsa su tránsito a la vida civil en las dimensiones económica, social y comunitaria. Estos emprendimientos están estrechamente vinculados a la apuesta por una economía solidaria y popular, que busca trascender el modelo técnico para convertirse en un esfuerzo transformador del territorio. Al estar aterrizados en las particularidades de cada región y fundamentarse en relaciones de solidaridad y crecimiento colectivo, estos proyectos no solo buscan la sostenibilidad, sino que aspiran a reconstruir el tejido social y abordar las causas estructurales de la violencia desde un enfoque humano y territorial.
El balance en estos 10 años de implementación del Acuerdo de Paz arroja un total de 11.014 personas en proceso de reincorporación activas, de las cuales 3.015 somos mujeres, y el análisis de las cifras nos permite decir que la autonomía económica es el pilar más frágil de la reincorporación. Los informes periódicos del Consejo Nacional de Reincorporación destacan que las mujeres han buscado en las formas asociativas una vía para gestionar su desarrollo.
Los informes del Consejo permiten observar una transición en el proceso de reincorporación. Si el informe de 2024 evaluaba los avances y retos de las 18 acciones de género del CONPES 3931 para generar condiciones de igualdad—señalando que persistían desafíos para garantizar la autonomía económica de las mujeres firmantes—, las cifras a marzo de 2026 permiten dimensionar esas brechas con mayor claridad. De las 3.015 mujeres firmantes activas en el proceso de reincorporación, el 62,45 por ciento se encuentra en su etapa más productiva, entre los 29 y 44 años. Sin embargo, la brecha en materia de empleo sigue siendo crítica: solo 741 mujeres cuentan con empleo, frente a 2.274 que no lo tienen.
En cuanto a la sostenibilidad económica, persiste una brecha estructural en el modelo de reincorporación y el acceso a recursos productivos. A pesar de que el Acuerdo de Paz privilegia el fortalecimiento del tejido comunitario, los datos de 2026 muestran que las mujeres participan mayoritariamente en proyectos individuales: 1.728, frente a 1.104 en proyectos colectivos.
Es de resaltar que estos proyectos se concentran principalmente en el sector pecuario, donde participan 1.063 mujeres, y en el sector agrícola, con otras 500 mujeres. Esta distribución refleja una tendencia que suele ignorar las vocaciones específicas de las mujeres en los territorios, como el creciente interés en el turismo comunitario. Además, las actividades de las mujeres suelen estar ligadas a roles tradicionales de género o cuidado—por ejemplo, proyectos centrados en el cuidado de especies menores o plantas medicinales—, mientras que los hombres acceden con mayor frecuencia a la formación y proyectos en otras escalas productivas, como la comercialización.
Esta tendencia se ve reforzada por una desigualdad histórica en el acceso a la tierra: en Colombia, los hombres reciben en promedio 3,4 hectáreas, mientras que las mujeres acceden apenas a 1,7 hectáreas. A ello se suma que el 65 por ciento de las firmantes labora en predios que no son propios, lo que genera una incertidumbre constante sobre su estabilidad a largo plazo.
Estar activa en el proceso de reincorporación significa mantener un compromiso constante con la transición integral a la vida civil, lo cual se materializa operativamente a través del contacto mensual con la ARN y el cumplimiento de las resoluciones que regulan el proceso. Esta condición implica el seguimiento y monitoreo permanentes de los planes individuales y colectivos en sus dimensiones política, social y económica, asegurando que los firmantes de paz avancen hacia una participación productiva en la sociedad. Para las mujeres, mantenerse activas conlleva además la verificación del acceso a derechos específicos, como la sostenibilidad económica a través de proyectos productivos y el impulso de las acciones afirmativas diseñadas para cerrar brechas de género en el territorio.
Finalmente, la carga desproporcionada de cuidado se consolida como la barrera más persistente para las mujeres activas en el proceso de reincorporación. A medida que mujeres y hombres han transitado de la vida insurgente a la vida civil, sus responsabilidades han cambiado. Muchos hombres en proceso de reincorporación han dejado de asumir la responsabilidad de estas tareas, lo que ha hecho que las mujeres queden relegadas al papel de “cuidadoras”. Según los datos del CNR, 1.446 mujeres firmantes actúan como jefas de hogar y un 26 por ciento, 445 mujeres, se dedica exclusivamente a labores de cuidado, cifra que contrasta drásticamente con el exiguo 3 por ciento registrado para los hombres en la misma condición. Los informes reflejan que el 33 por ciento de las mujeres reporta dificultades para participar en actividades de reincorporación debido a responsabilidades del hogar, una cifra que duplica el 15 por ciento reportado por los hombres. Esta brecha, sumada a la falta de espacios de cuidado infantil en los territorios, obliga a las mujeres a asumir roles tradicionales que limitan su autonomía y su vinculación al mercado laboral, demostrando que la igualdad de derechos sigue enfrentando obstáculos sociales y económicos profundos.
El análisis de las cifras nos permite decir que la autonomía económica es el pilar más frágil de la reincorporación.
Esta desproporción genera un impacto erosivo para mujeres en su autonomía económica y en la sostenibilidad de sus planes de vida: mientras que el 24 por ciento de las mujeres ha tenido que abandonar su empleo por estas responsabilidades—frente al 8 por ciento de los hombres—, un 17 por ciento ha desistido de proyectos productivos, comparado con un 6 por ciento masculino. El vacío es aún más alarmante en el ámbito del conocimiento, donde el 37 por ciento de las mujeres ha dejado de participar en actividades de educación y formación debido a las cargas domésticas, frente a un escaso 5,54 por ciento de los hombres.
Estos datos nos traen un eco contundente: la paz se debilita ante muros de desigualdad. Mientras las mujeres firmantes sostienen la vida con sus manos, el acceso desigual a la tierra y al empleo formal asfixia su autonomía política y económica, recordándonos que sin justicia económica, la democracia en los territorios sigue siendo una promesa incompleta.
Seguridad y doble estigmatización
La seguridad también se identifica como un desafío persistente y urgente. Doce mujeres firmantes han sido asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz, y más de un tercio de las mujeres en proceso de reincorporación reportan haber recibido amenazas.
Las mujeres firmantes sufrimos una “doble estigmatización”: somos juzgadas no solo por nuestro pasado en un grupo armado, sino también por haber transgredido los roles tradicionales de género que asocian la feminidad con la pasividad y la delicadeza. Esta estigmatización impacta directamente en el éxito de nuestros emprendimientos económicos, nuestras iniciativas de liderazgo y nuestra estabilidad.
Esta estigmatización se refleja en casos concretos como los de mujeres en reincorporación con liderazgos visibles que han sido señaladas pública y sistemáticamente bajo alegatos de presuntos vínculos con organizaciones al margen de la ley, utilizando su pasado insurgente, noticias que suelen registrarse con menciones específicas sobre relaciones sentimentales: “fue la mujer de”. Esto claramente deslegitima y busca frenar nuestro ejercicio de liderazgo social y político actual.
También enfrentamos estigmatización por parte de las instituciones del Estado que se supone deben apoyarnos y protegernos. En vez de brindar acceso a derechos o garantías de seguridad, los funcionarios o funcionarias justifican las barreras por el hecho de haber sido parte de una organización insurgente. Tal es el caso de una compañera que, al intentar denunciar señalamientos que ha recibido en la vereda donde vive su madre, en una región central del país, recibió como respuesta de las autoridades la sugerencia de “no ir” o actuar con “discreción” para no molestar a los vecinos. En otros casos, instituciones educativas han negado el ingreso de sus hijos e hijas, argumentando reclamos o exigencias de otros padres de familia. Esta falta de apoyo institucional alimenta un manto de duda permanente sobre nuestro compromiso, real y demostrado, con la paz y sobre nuestro derecho a la ciudadanía plena.
Participación política: avances desde lo colectivo
A pesar de los riesgos, las mujeres firmantes hemos fortalecido la autonomía política y económica a través de formas asociativas. Los liderazgos de las mujeres firmantes se han consolidado en cargos de alta incidencia, ocupando escenarios políticos y comunitarios estratégicos dentro de las instancias creadas por el Acuerdo de Paz para garantizar su participación activa y productiva.
Esta labor se fortalece mediante una vibrante asociatividad que incluye 177 cooperativas mixtas a nivel nacional, de las cuales 45 cuentan con representación legal femenina, además de iniciativas como la Coordinadora Nacional de Mujeres (CONAMU), la cual articula a 140 organizaciones en la defensa de la implementación integral y el posicionamiento de sus voces a nivel internacional, si bien lograr una incidencia real en las decisiones estatales sigue representando un reto significativo.
Asimismo, desde la incidencia local, las mujeres rurales construyen la paz territorial a través de la defensa del medio ambiente, el turismo y la gestión de los asuntos del cuidado, utilizando su liderazgo político para prevenir nuevos ciclos de violencia en sus regiones.
Las mujeres rurales construyen la paz territorial a través de la defensa del medio ambiente, el turismo y la gestión de los asuntos del cuidado.
Un ejemplo de ello ocurre en el corazón de Neiva, Huila, el compromiso con la vida se ha transformado en un hogar de puertas abiertas: Casa Nativa es un lugar donde mujeres firmantes de paz lideran el latido de la reconciliación en su territorio. Allí, vecinas y firmantes se encuentran bajo un mismo techo para sanar las heridas del conflicto a través del diálogo y la creación colectiva. Este espacio no es solo un lugar de encuentro, sino un proyecto vivo de economía solidaria y popular donde el ejercicio productivo se entrelaza con el arte, la formación, el cuidado y la organización comunitaria, desdibujando las viejas divisiones del trabajo para sembrar relaciones de camaradería y apoyo mutuo.
Allí, como en muchos otros espacios creados y dirigidos por mujeres firmantes, entre talleres, danzas, huertas y saberes compartidos, se construye cotidianamente la paz territorial. Son iniciativas que transforman el estigma en confianza mutua, fortalecen el tejido comunitario y demuestran que la reconciliación se cultiva desde el trabajo colectivo y el cuidado de la vida.
La paz como vida digna en los territorios
Para las mujeres firmantes, la construcción de paz trasciende la dejación de armas. Se define como la garantía de una vida digna, no como una consigna abstracta sino como el imperativo político de transformar las condiciones materiales y simbólicas que sostienen la guerra y la exclusión rural. Esto implica, también, la garantía de derechos fundamentales como la soberanía alimentaria, la educación rural de calidad y un sistema de salud con enfoque de género que reconozca nuestros requerimientos según el ciclo vital, incluyendo la salud sexual y reproductiva. Una Reforma Rural Integral que tenga como eje central a las mujeres.
En última instancia, esta apuesta por la dignidad es una forma de re-existencia territorial; es el derecho a proteger la vida en todas sus manifestaciones, a partir del fortalecimiento comunitario, entendiendo que no habrá una paz estable y duradera mientras el cuidado de la vida siga siendo una carga invisible para el mundo y relegado a un segundo plano; y mientras el ejercicio de nuestro liderazgo sea castigado con la violencia o el miedo.
A pesar de los vientos de inseguridad que aún azotan nuestros pasos, del esquivo acceso de la tierra que labramos y de las cargas de cuidado que intentan confinar nuestra voz al silencio del ámbito doméstico, las mujeres firmantes nos mantenemos hoy más erguidas que nunca, sin rastro alguno de claudicación.
Al cerrar estas reflexiones, nos encontramos además en un momento de tránsito institucional: recientemente se ha elegido un nuevo presidente, el abogado de la extrema derecha Abelardo de la Espriella, y la incertidumbre campea en distintos ámbitos de la vida nacional. El Acuerdo de Paz vuelve a situarse en el centro de la agenda pública, pero no como la política de Estado que los distintos gobiernos tienen la obligación de implementar, sino sometido a valoraciones sobre su legitimidad, que resultan preocupantes. Este escenario nos exige, una vez más, insistir con claridad en que el cumplimiento del Acuerdo no es opcional, sino un mandato constitucional que compromete la continuidad del Estado y la garantía efectiva de los derechos de quienes apostamos por la paz.
No desistimos, ni lo haremos, pues no somos sujetas pasivas de un proceso administrativo, sino arquitectas orgullosas de una paz territorial que nace de la entraña misma de nuestras comunidades y de nuestra propia transformación. Nuestro compromiso con una paz que signifique justicia social y una vida digna para los territorios es un juramento tallado en la esperanza. Seguiremos tejiendo la reexistencia y defendiendo cada letra de lo pactado, porque nuestra voluntad de transformar este país es, y será siempre, absoluta e indeclinable.
Listado de mujeres firmantes asesinadas desde 2016:
1. Yolanda Zabala Mazo.
2. Blanca Rosa Monroy.
3. Paula Andrea Osorio.
4. Maritza Quiroz Leiva.
5. Mary Luz López Espitia.
6. Karen Yanitza Parra.
7. Yurani Blandón.
8. Astrid Conde.
9. Elena Úsuga.
10. Liliana Astudillo.
11. Nini Johana Ávila.
12. Marleny Muñoz.
Marcela Rico Sosa, conocida como Manuela Marín, es administradora pública y firmante del Acuerdo de Paz de 2016. Integró la Subcomisión de Género durante las negociaciones de paz y actualmente trabaja por la implementación integral del Acuerdo. Es fundadora de la Coordinación Nacional de Mujeres (CONAMU) y cursa una maestría en derechos humanos, gestión de la transición y posconflicto.
Tomado de: https://nacla.org/diez-anos-tejiendo-la-vida-digna/
