El cuerpo seis veces baleado de Alexander Parra, a quien conocimos en las FARC como Rodolfo Fierro, antiguo guerrillero y mando de extraordinaria calidad humana, tendido frente a la vivienda que ocupaba en el Espacio Territorial de Capacitación Mariana Páez, en Mesetas, Meta, es la demostración palmaria de que este gobierno no ofrece las más mínimas garantías para quienes dejamos las armas y nos reincorporamos a la vida civil.
Ese no puede ser el destino de quienes firmamos el Acuerdo de Paz. Pasan de 170 los ex guerrilleros de las FARC asesinados tras nuestro paso a la legalidad. Hemos oído de las autoridades argumentaciones y pretextos mediante los cuales se empeñan en disimular la sistematicidad de este nuevo genocidio. Rodolfo jugaba ajedrez en el ETCR Mariana Páez, custodiado por el Ejército Nacional, ubicado a cinco minutos de su vivienda, cuando los asesinos lo sorprendieron. Hora y media tardaron las tropas en presentarse al lugar del crimen.
Así se expresaba Rodolfo, convencido completamente de las bondades del Acuerdo de Paz: “Pienso que la paz nos ha llevado a ese despertar y esa confianza, a construir la paz. Ya no está la zozobra de los tiros, de las bombas, como la persecución, el temor. No, yo pienso que ya hay un reencuentro de la familia colombiana y por eso estamos de la mano y estamos todos muy enardecidos con estas elecciones hoy”.
Su crimen nos duele doblemente porque no puede negarse la
responsabilidad del Estado. Este y el gobierno de turno están obligados
a proteger a todos los ciudadanos, a garantizar que nadie,
absolutamente nadie, se tome la autoridad de matar a otro. Menos a
quien con la mayor buena fe se acoge a un Acuerdo de Paz y cumple
estrictamente sus términos. Hay en Colombia enemigos furibundos de la
paz, gente empecinada en hacer trizas los Acuerdos, intereses declarados
en que la guerra continúe indefinidamente. No puede permitirse que
sigan ensangrentando la patria.
El Estado colombiano asumió compromisos muy serios frente a nosotros, el
país y la comunidad internacional. El primero de ellos las garantías
para la vida, la integridad y el ejercicio de la actividad política.
Exigimos el cumplimiento de su palabra. El Presidente Duque no puede
quedarse en declaraciones, tiene la obligación de hacer efectiva la
letra de los Acuerdos de Paz, de manera integral. Un Estado y un
gobierno que no garantizan la vida a sus ciudadanos son un fracaso.
El camarada asesinado era esposo de Luz Marina Giraldo, Yesenia, candidata por el partido FARC al concejo municipal de Mesetas, Meta. Se conoce que tanto ella como él habían solicitado medidas especiales de seguridad a la Unidad Nacional de Protección sin haber obtenido atención. Colombia no puede seguir viviendo este horror. Requerimos del apoyo manifiesto del pueblo colombiano y la comunidad internacional en la defensa del Acuerdo. Quienes se benefician de la violencia no pueden seguir arrebatándole la paz a nuestro pueblo.
CONSEJO POLÍTICO NACIONAL
FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN FARC
Bogotá, 25 de octubre de 2019
