24 Ago Acudiremos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
v para denunciar el
entrampamiento a la paz
“El informe de la Comisión de la Verdad concluye que el país aún no conoce lo que
en realidad ocurrió en la tras escena de la captura de Jesús Santrich. Deja en
evidencia que la DEA y la Fiscalía General de la Nación se asociaron para dar un
golpe al corazón del Acuerdo de Paz…). Revista Cambio,
https://cambiocolombia.com/
La publicación del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) «Los
obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia», ha puesto
nuevamente sobre la mesa lo muchas veces denunciado por los firmantes de paz: la
Fiscalía General, bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, atentó contra el Acuerdo
Final de Paz a través de miles de argucias que produjeran el retorno a la guerra de una
parte de quienes se acogieron al Acuerdo de Paz. Esta política les ha costado la vida a 347
firmantes del Acuerdo a la fecha.
Los entrampamientos fueron múltiples: unos directamente contra la Jurisdicción Especial
de Paz, JEP; otros contra la familia del senador Iván Cepeda; contra los senadores Pablo
Catatumbo y Julián Gallo. Amén de las famosas chuzadas a la mesa de negociaciones en La
Habana, Cuba.
El informe de la CEV afirma: el entrampamiento desató un nuevo ciclo de violencia y puso
en riesgo la implementación del Acuerdo de Paz. Al mismo tiempo, empujó a cientos de
exguerrilleros a retornar a las armas y envió a la ciudadanía el mensaje de que el Acuerdo
de Paz había fracasado. Es importante anotar que, pese al entrampamiento, la cifra de
exguerrilleros que volvieron a la guerra es menor, que la mayoría se mantuvieron en el
proceso de reincorporación.
Nuestro Partido, surgido del Acuerdo, denunció reiteradas
veces el evidente montaje, condenó la grave situación que involucró a antiguos
compañeros y acompañó el proceso de defensa en el marco de la legalidad.
En una acción, propia de la guerra fría, se concertó un plan que incluyó al sobrino de Iván
Márquez (Marlon Marín), un militar retirado (teniente coronel Gustavo Adolfo Calvache
Prado), la DEA y hasta cocaína en poder de la fiscalía. El objetivo no era otro que inculpar a
los hombres y mujeres en proceso de reincorporación, poner en tela de juicio su seguridad
jurídica y obligarlos a retomar las armas.
Lamentamos que el miedo a la verdad, la paz y la diferencia, por parte de quienes se
oponen a la paz, haya terminado en un saboteo que afectó al país entero. Exigimos una
investigación profunda sobre el papel del exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira,
militante del partido Cambio Radical, confeso enemigo del Acuerdo Final de Paz y otros
miembros de la Fiscalía comprometidos. De comprobarse lo enunciado por la Comisión de
la Verdad, Martínez Neira sería responsable por el retorno de la violencia a muchas
regiones del país y esa acción debe ser castigada jurídica y políticamente.
Acudiremos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para realizar la petición de
caso, pues es evidente que el Estado colombiano y el gobierno impidieron la
implementación del Acuerdo final de Paz y, al contrario, conspiraron para destruirlo. Hubo
un plan sistemático y generalizado, financiado desde el Estado para afectar al Sistema de
Verdad y Justicia, para destruir el proceso de paz en Colombia.
Una vez más reiteramos el compromiso de paz y convocamos, a quienes regresaron a la
guerra debido a esta acción irresponsable y macabra, a buscar caminos para regresar y
construir la paz grande, la paz total.
CONSEJO POLÍTICO NACIONAL DEL PARTIDO COMUNES
Bogotá, 22 de agosto de 2022
