Naciones Unidas, 17 de junio de 2021
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia reune a la heredera de unas tierras en el departamento del Tolima con un grupo de las extintas FARC-EP y líderes indígenas para identificar zonas con artefactos sin explotar.
“Esta finca se recuperó por medio del proceso de paz, es una finca heredada de mis padres. Poder estar acá es una victoria en muchos sentidos”, cuenta Carol Aponte desde el predio Gigante, en la vereda La Alemania, corregimiento San José de las Hermosas, en zona rural del municipio de Chaparral, en el sur del departamento colombiano de Tolima.
Luego de varias semanas de planeación, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia logró apoyar esta sesión de reconciliación al juntar a Carol con un grupo de 14 personas en proceso de reincorporación de las extintas FARC-EP, todos comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), líderes representantes de la comunidad indígena Amoyá-La Virginia con presencia en el Cañón de las Hermosas y su Guardia Indígena, representantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT) y funcionarios de una organización civil dedicada al desminado humanitario.
El objetivo de la actividad era identificar, con la información aportada por los excombatientes, posibles zonas con artefactos sin explotar en el predio Gigante y de paso hacer una verificación del predio con un dron de la Misión de la ONU. Desde que la familia Aponte salió desplazada hace dos décadas, el terreno fue base de las extintas FARC-EP y luego zona de combates entre esa guerrilla y las fuerzas militares colombianas.
Tres puntos del predio, bajo sospecha
“Llevaba 21 años sin poder volver. Con mi familia sufrimos el desplazamiento forzado cuando yo tenía 6 años. Hoy la visita fue muy gratificante porque se pudo volver a estos terrenos que se habían perdido hace mucho tiempo por el conflicto, fue muy emotivo”, apunta Carol.
Este terreno fue incluido en la priorización de compra de predios hecho por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), a solicitud de la comunidad indígena Amoyá-La Virginia a la Agencia Nacional de Tierras para constituir su resguardo en esta región.
En un ejercicio técnico previo de levantamiento topográfico como parte de este trámite administrativo, se evidenció la presencia de artefactos explosivos, por lo cual la entidad oficial no ha podido avanzar en este proceso.
El grupo de excombatientes que participó en la actividad mantuvo operaciones en esta zona por muchos años por lo que pudo entregar información sobre tres puntos donde aún podría haber artefactos sin explotar.
Objetivo: declarar el territorio libre de minas
Ahora una organización civil de desminado humanitario determinará la forma de proceder para identificar y retirar los posibles artefactos y poder declarar el territorio como libre de minas.
Esta actividad demuestra el compromiso de excombatientes de las FARC-EP con la entrega de información crucial para garantizar la integridad y la vida de las personas que habitan el territorio, así como su responsabilidad con lo estipulado en el Acuerdo de Paz.
“Esta fue una actividad muy armoniosa, se cumplió todo como estaba planeado. Creo que es una importante experiencia de cómo le apostamos a estos apoyos y esfuerzos con las comunidades que requieren que nosotros les garanticemos que sobre estos terrenos no tengan ningún problema con huellas del conflicto, que no les quede a ellos alguna secuela de guerra, eso fue muy espectacular”, contó al final de la jornada Gustavo Bocanegra, representante legal de la Asociación Asodipaz (Asociación Digna por la Paz) y persona en proceso de reincorporación que tuvo acciones en esta zona del Tolima.
Ochenta familias a la espera de poder trabajar las tierras
Para José Roberto Quijano Muñoz, coordinador de la Guardia Indígena de la comunidad indígena Amoyá – La Virginia del pueblo Pijao, la actividad representa “gestos de paz que nos han permitido construir confianza con una sociedad que demanda mucho perdón, muchos actos de reconciliación para la construcción de la paz”.
“Esto representa la madurez del acuerdo donde víctimas y victimarios han reflexionado y han llegado a un nivel de comprensión de que odiándonos no es la solución, sino la construcción de una paz estable y duradera a partir de aceptar que cometimos errores y reflexionar para poder evolucionar como sociedad en el pensamiento, y conocer el contexto en donde estamos, que estamos en el año 2021 y no en el 1996 cuando sucedieron esos hechos y que permiten la construcción de ese perdón que buscamos en Colombia”, concluye Quijano.
“Esperamos que se pueda materializar la compra del terreno para que estas comunidades se asienten aquí, traigan progreso y riqueza, entendemos que son más de 80 familias que necesitan tierra para trabajar y eso es un aporte al primer punto de la reforma rural integral”, comenta el excombatiente Bocanegra sobre lo que sigue de aquí en adelante.
Para Nieves Batres, jefa del equipo móvil de la Oficina Regional Bogotá de la Misión de Verificación de la ONU, este tipo de actividades serán claves para que Colombia avance en el proceso de reconciliación después de tantos años de conflicto interno.
“Esperamos que como ha sido el llamado del Secretario General, las partes sigan trabajando conjuntamente, con gran compromiso, como el del día de hoy, para proteger y ampliar estos logros del proceso de paz. Además, esto demuestra la gran capacidad de resiliencia de colombianos y colombianas de estas zonas afectadas por el conflicto”, apuntó Batres
La Misión de Verificación de la ONU seguirá de cerca este proceso, que contó con el respaldo del Mecanismo Tripartito de Suministro de Información sobre Contaminación por Artefactos Explosivos en Colombia, en el marco del proceso de reconciliación que viven muchos territorios que han sido afectados por la violencia del conflicto. Estas actividades son financiadas con fondos extrapresupuestarios del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la ONU.
