19 Feb El Fiscal Martínez miente interesadamente una vez más
«Colombia necesita de la Jurisdicción Especial para la Paz. Todos los trámites legales de la ley estatutaria han sido cumplidos. Su constitucionalidad está fuera de toda duda»
Invocando la necesidad de un debate democrático y de cara al país, el señor Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, se lanza de nuevo con sevicia sobre los Acuerdos de Paz de La Habana. Con las imaginarias y torcidas interpretaciones que entreteje para fundamentar su diatriba contra la ley estatutaria de la JEP, ofrece en bandeja a la extrema derecha, las razones que el poder ejecutivo reclama con urgencia para hacer trizas la paz.
El sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición pactado tras intensas y largas discusiones en la Mesa de Conversaciones de La Habana, del cual es parte integrante la JEP, ha sido objeto de los más virulentos ataques por parte de quienes se oponen decididamente a que la verdad sobre el conflicto salga a la luz pública. Tras una verdadera odisea, se halla desde fines del año anterior a la espera de la sanción presidencial que lo haga aplicable íntegramente.
Mal hace el señor Fiscal en insinuar que la ley objeto de sanción no ha sido discutida. Los Acuerdos de La Habana requirieron más de cuatro años de intensas discusiones, no exentas de las más diversas calumnias. El sistema integral fue convertido primero en norma constitucional por el Congreso de la República y luego en ley estatutaria, pasando las más difíciles pruebas en debates no siempre inspirados por la buena fe. La Corte Constitucional lo declaró exequible.
Un sector de la nación, seriamente implicado en los más graves crímenes cometidos a lo largo del cruento conflicto de más de medio siglo, se ha opuesto de modo cerrero a que se hable de esclarecimiento de la verdad, de responsabilidades y sanciones. Su reciente fórmula de que sería bueno objetar la JEP, pero mucho mejor eliminarla, pone al descubierto el verdadero interés por la impunidad, así se rasgue las vestiduras cada vez que se refiere a ella.
No nos causa extrañeza la arremetida del señor Fiscal, sobre cuya integridad moral el país sostiene grandes reservas. Su vida profesional ha estado dedicada a la defensa de los intereses de grandes capitales involucrados ilícitamente en el conflicto, razón por la cual ha hecho de su desempeño en la Fiscalía una cruzada contra el sistema integral y la JEP. Sus críticas a esta última han sido atendidas y resueltas tanto en el Congreso de la República como en la Corte Constitucional.
No son ciertas las cosas que con tanta vehemencia ha salido a decir en los grandes medios de comunicación, que curiosamente han expandido su poder de difusión para hacer parecer cierto lo que definitivamente no es verdad. Ni el Parlamento colombiano, ni la máxima instancia constitucional están conformados por integrantes o ex integrantes de FARC, como para pretender endilgarles torcidas intenciones de favorecer a estas últimas.
Por el contrario, tanto el país como la comunidad internacional son claros de que en diversas instancias estatales, más aún en la rama ejecutiva, se hallan enquistados furibundos enemigos de la paz y del esclarecimiento de la verdad. Curioso que la embestida contra la JEP se produzca cuando la Corte Suprema de Justicia ha decidió reactivar el proceso contra el ex presidente Uribe, y luego de que más de 370 reclusos de la Picota hayan solicitado su inclusión en esa nueva jurisdicción.
Que personajes como Gordolindo o el hacker Sepúlveda manifiesten de manera pública que es absolutamente indispensable no guardar más en secreto cómplice los hechos de violencia y guerra interna, las circunstancias propias de los mismos, los nombres de actores participantes sin consideración de su sexo, raza, estirpe, oficio o condición económica, social o profesional, al parecer han puesto a pensar a muchos en cómo hundir definitivamente la JEP.
Colombia necesita de la Jurisdicción Especial para la Paz, como necesita de esta última, para superar la noche de odios y rencores en que se hundió por tanto tiempo. Todos los trámites legales de la ley estatutaria han sido cumplidos. Su constitucionalidad está fuera de toda duda. El Presidente Duque está obligado a sancionarla en su integridad, so pena de hacer del Estado colombiano un agente de perfidia y condenar la nación a un futuro trágico y vergonzoso.
Consejo Político Nacional
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC
Bogotá D.C. 19 de febrero de 2019
