Hace algunas semanas recibimos con esperanza las manifestaciones realizadas por cientos de miles de personas en las principales plazas públicas del país como rechazo a ola de asesinatos y a la violencia desplegada en varios municipios del país, llegamos a imaginar que como consecuencia de las grandes movilizaciones sociales el Gobierno entrante iba a tener el tesón para combatir de manera decidida al grupo político instigador de la violencia y a las estructuras paramilitares situadas en varias regiones; sin embargo el desconsuelo volvió con la continuidad de los asesinatos que hoy cobra la vida de al menos 350 de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y 74 ex combatientes en proceso de reincorporación que le han apostado a la construcción de la Paz.
Las escenas del pasado 20 de agosto, daban testimonio de la tortura y posterior asesinato de Breiner Conda y Yefferson Sánchez ex combatientes en proceso de reincorporación adscritos al ETCR “Dagoberto Ortiz” de Miranda Cauca, en hechos ocurridos a escasos metros del puesto de control militar ubicado en la zona conocida como los “Tanques”.
En día de ayer fuimos sorprendidos con dos actos de barbarie, por una parte la desaparición forzada de Jeferson Arévalo, sobreviviente del Genocidio contra la Unión Patriótica y las torturas causadas a su compañera sentimental Gladis Tirado en el municipio de Puerto Rico Meta, hecho al que le sumó el atentado con artefacto explosivo contra la vida e integridad de Hugo Perdomo y Viviana Camacho ex combatientes y militantes de nuestro partido quienes se encontraban en su lugar de residencia ubicada en la vereda el “El Oso” del corregimiento de Gaitania municipio de Planadas en el departamento del Tolima. Hechos que, de acuerdo con las informaciones aportadas, ocurrieron en lugares de alto control de la fuerza pública.
Han sido innumerables las exigencias al Estado colombiano por parte del movimiento social y la comunidad internacional para que se garantice la implementación del Acuerdo Final y cese la ola violencia que se extiende en gran parte del territorio nacional. Hoy, del nuevo Gobierno demandamos un compromiso real y acciones oportunas frente a los miembros de la fuerza pública comprometidos con los crímenes, al grupo político que propicia la guerra y las estructuras paramilitares; no puede existir contradicción entre los actos de Gobierno y el mensaje del Alto Comisionado para la Paz que se compromete a continuar con la implementación del Acuerdo.
Insistimos en unir todas las fuerzas políticas del país con el objetivo de alzar una sola voz, materializar ese gran Pacto político Nacional para lograr la abolición de las armas de la política y promover inmensas movilizaciones en defensa de la vida en Colombia. Así mismo queremos convocar al presidente Duque y su bancada ministerial a un dialogo para proteger ese bien común llamado Paz.
Consejo Político Nacional
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –FARC-
22 de Agosto de 2018.