A un año del cuatrienio del presidente Iván Duque Márquez debemos manifestar nuestra honda preocupación por el estado crítico de la implementación del Acuerdo paz, y reiterar que existe una enorme distancia entre el discurso presidencial sobre su compromiso de cumplir lo convenido en los acuerdos de La Habana, y las prácticas y ejecutorias del gobierno.
Además de las reiteradas pretensiones de revisar aspectos sustanciales del Acuerdo, como se apreció en las fallidas objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, es evidente el propósito de romper su integralidad para despojarlo de su potencial transformador, particularmente en puntos nodales de la reforma rural integral, la participación política y la apertura democrática, y la solución al problema de la drogas ilícitas. En esos campos, se advierte el desconocimiento, la inacción, la parálisis e incluso la regresión, como en el caso de la política frente a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
Se equivoca el Gobierno de Duque cuando considera que el Acuerdo de paz puede ser simplificado, entre otros, primero, a la comparecencia de los exintegrantes de las FARC-EP a la JEP, presionándola indebidamente para buscar la sanción y el castigo; segundo, a la reincorporación socioeconómica a través de proyectos productivos de menor alcance; y tercero, a la reducción de la RRI a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET en función de su política de estabilización y consolidación territorial, así como a la alteración de los contenidos y propósitos originales del Fondo de Tierras, de la formalización de la pequeña y mediana propiedad, y del catastro multipropósito.
Un vez más debemos afirmar que las reformas contenidas en el Acuerdo de paz fueron concebidas para el conjunto de la sociedad colombiana y, especialmente, para favorecer los intereses y condiciones de vida y de trabajo de los humildes y desposeídos, sobre presupuestos de integralidad y sincronía en la implementación. Asimismo, que una reincorporación exitosa, además de garantizar la preservación de la experiencia guerrillera de vida en comunidad, se sustenta en los señalados presupuestos.
Hoy debemos reafirmar nuestro rechazo a la política de implementación contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, pues abre aún más las puertas para la consumación de la perfidia. En el mismo sentido, llamamos la atención sobre la financiación de la implementación; más que convencer, genera dudas mayúsculas pues se asemeja a una simulación calculada y arbitraria en la asignación de recursos.
Percibimos que no se están dando las debidas garantías para la reincorporación integral. A la continuidad en la cárcel de cerca de 400 de nuestros exguerrilleros y exguerrilleras, por cuenta de un no resuelto cierre en los listados de nuestros integrantes, se agrega la locuacidad de funcionarios del Alto gobierno que ponen en duda en forma recuerrente nuestros compromisos de cumplimiento del Acuerdo; y sobre todo la inexistencia de garantías para la preservación de nuestras vidas, como lo evidencia el asesinato de 143 de nuestros hombres y mujeres. En este último aspecto, aunque reconocemos esfuerzos anunciados del Gobierno, consideramos que se trata de medidas y acciones insuficientes, explicadas en parte por la no aplicación intregral del punto 3.4 del Acuerdo de paz sobre garantías de seguridad, que constituyen además un verdadero sistema para enfrentar también el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales.
A quienes desde diversos sectores de sociedad y del Congreso de la República nos han acompañado en la defensa de la paz y la implementación de los acuerdos, queremos brindarle nuestro agradecimiento. Confiamos en que el creciente apoyo social y ciudadano tendrá la capacidad de impedir que el esfuerzo colectivo por la construcción de una paz estable y duradera no derive en frustración. Nuestro reconocimiento a los los Países Garantes, Cuba y Noruega por su constante acompañamiento, a la Segunda Misión de la ONU por un importante labor de verificación, a las agencias de la ONU y a Unión Europea por su acompañamiento financiero a la reincorporación.
Exhortamos al presidente Duque a cesar el desgaste inútil en sus propósitos de revisar y limitar el Acuerdo de paz, y a encauzarse más bien a cerrar la brecha entre el discurso de compromiso con la paz y la implementación, y sus hasta ahora conocidas magras realizaciones en ese campo. Lo instamos asimismo a reanudar las conversaciones con el ELN para hacer realidad el ahnelo común de la paz completa.
Consejo Político Nacional
Bogotá, 7 de agosto de 2019.
