18 Oct La improvisación se ha impuesto como forma de gobierno
El miércoles 17 de octubre y como ya es tradicional en este gobierno, se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2020 de forma apresurada, descoordinada e improvisada. No es cierto que la ley de presupuesto haya sido discutida de forma profunda en el congreso. Su discusión en comisiones económicas se dio en los salones de MinHacienda y de espaldas, no solo al capitolio sino al país, que hasta hoy empieza a conocer los pormenores de las decisiones que las mayorías de gobierno han impuesto a “pupitrazo” limpio.
Las principales características del presupuesto aprobado son su desfinanciación en más de 8.5 billones de pesos y su marcado carácter neoliberal (el mayor rubro es el pago del servicio de la deuda, aumenta exenciones y gabelas tributarias a los más ricos, golpea la inversión en lo social), además desconoce de manera abierta las responsabilidades del Estado en la implementación del Acuerdo de Paz, en particular las inversiones en los territorios priorizados, que no son otros que las regiones más golpeadas por el conflicto y con mayores índices de pobreza y la reparación de las víctimas. Para agravar las cosas, la Honorable Corte Constitucional declaró el mismo miércoles 17 de octubre, la inexequibilidad por vicios de trámite de la ley de financiamiento con la que se buscaba solucionar los problemas de improvisación que ya arrastramos con el presupuesto de este año y cuyo principal propósito era generar el recaudo mínimo necesario para ejecutar el presupuesto general de la Nación 2019.
Debemos resaltar el hecho de que tanto en Senado como en Cámara la FARC al lado de otros partidos de oposición insistimos hasta el último minuto por hundir este proyecto de ley tan nefasto para los trabajadores e igualmente impulsamos una ponencia alternativa que fue hundida por las mayorías. Queremos alertar y denunciar los efectos negativos de dos de los más desastrosos artículos aprobados de forma azarosa: el primero es el
artículo 78 que permite que el gobierno reconozca como deuda pública las obligaciones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional de Vías, surgidas de los contratos de concesión por concepto de sentencias y conciliaciones hasta por doscientos cincuenta mil millones de pesos ($250.000.000.000), curiosamente la misma cifra que el entramado de corrupción de Odebrecht dice que se le adeuda y el segundo es el artículo 44, verdadero “orangután” que posibilita que con el presupuesto de las universidades públicas se paguen las sentencias proferidas contra la nación y que condena a las IES públicos prácticamente a la quiebra.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ratifica que continuará firme y decidida en la defensa de los intereses nacionales y populares y hace un llamado al país a preparar el Paro nacional del próximo 21 de noviembre contra estas nefastas políticas.
Consejo Político Nacional
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC
Bogotá DC, octubre 18 de 2019
