Declaración pública
El pasado 10 de marzo se realizó un encuentro entre el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez y los antiguos mandos de las FARC-EP Rodrigo Londoño y Pastor Alape, hoy miembros del Consejo Político Nacional del partido Comunes.
La reunión, que fue resultado de la gestión de las Naciones Unidas en Colombia, contó con la participación de Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de Paz en Colombia y Raúl Rosende, jefe de Verificación de la Misión de la ONU. A ella también asistieron Miguel Ceballos, comisionado para la Paz, Emilio José Archila, consejero presidencial para la Estabilización, y María Paula Correa, jefe de Gabinete. El encuentro se caracterizó por el diálogo respetuoso y el ambiente propositivo.
Así lo dimos a conocer al país los delegados del partido Comunes, tanto en declaraciones a los medios de comunicación, como en diversas publicaciones en redes sociales.
Hoy queremos manifestar nuestra sorpresa por la publicación que hace la revista Semana, en la cual el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio José Archila, asegura que de parte nuestra se pactó con el presidente Duque la entrega de información sobre bandas del narcotráfico, miembros, rutas, aliados, etc., todo lo cual será manejado bajo reserva. Rechazamos tales aseveraciones, que interpretamos como una maniobra del alto gobierno.
Consideramos que el consejero Archila busca posicionar, a costa nuestra, la interpretación unilateral que del Acuerdo Final de Paz hace la actual Administración. Históricamente hemos sostenido una posición completamente distinta al problema del narcotráfico, tal y como quedó explícitamente acordado en el punto 4 de los Acuerdos de La Habana.
No compartimos la visión del actual gobierno al respecto y pretender hacer creer lo contrario, como intenta irresponsablemente el consejero Archila, afecta profundamente el difícil proceso de construcción de confianza en el que la comunidad internacional y nosotros estamos empeñados. La supuesta entrega de información de que habla Archila, refleja su desconocimiento total del fenómeno de las drogas y su disparatada visión acerca de cómo solucionarlo.
De acuerdo con lo manifestado por el presidente Duque, el gobierno mantiene su estrategia de persecución militar y policial, que incluye las fumigaciones y la erradicación forzada, estrategia en la que aspira a poner a los firmantes de paz en el rol de informantes. Sin necesidad de emplear la
mala educación, rechazamos de plano esa propuesta. Las declaraciones en contrario del consejero Archila nos ponen en la mira de las diversas organizaciones y grupos narcotraficantes.
No fue a eso que acudimos al encuentro con el presidente Duque. El número de los asesinatos contra excombatientes sigue creciendo y lo que reclamamos es garantías para la vida y la implementación integral de los Acuerdos de Paz. Afirmar que la comunidad en reincorporación obrará como delatora o informante al servicio del gobierno, no solamente es una falsedad, sino que dispara los estigmas y las acciones violentas contra ella.
Hoy más que nunca es evidente que la guerra contra las drogas es una política fracasada, que debe ser reemplazada por la atención económica y social a las comunidades de las regiones donde se cultiva la hoja. Así quedó consignado, entre otros puntos, en el Acuerdo Final de Paz. Lo que el gobierno nacional debería hacer era cumplir el punto 4 de dicho Acuerdo y reactivar el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) que echó en saco roto.
La prensa de hoy concede amplio espacio a la postura de Joe Biden y el Partido Demócrata con relación al problema de las drogas: “Esencialmente, nuestra idea es que la transformación territorial que llegaría de la plena implementación de los acuerdos es la mejor estrategia de seguridad a largo plazo y la salida más prometedora y sostenible al problema de los cultivos ilícitos”, declaró al diario EL TIEMPO un alto funcionario de la embajada de los Estados Unidos.
El presidente Duque y sus consejeros deberían reflexionar en las cambiantes realidades del presente, antes que insistir en políticas erradas y maniobras maliciosas, que sólo agravan los problemas del país y acarrean fatales consecuencias para sus destinatarios.
Consejo Político Nacional de los COMUNES
Marzo 15 de 2021
