Al entablar las conversaciones de La Habana, las dos altas partes contratantes partimos de la idea de que el conflicto social y armado que superaba los 50 años de existencia obedecía a causas de carácter objetivo, que debían solucionarse. Dentro de estas se hallaban la inequitativa distribución de la propiedad de la tierra, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales.
El punto 1 del Acuerdo de Paz, en aras de encontrar un camino civilizado a la escandalosa concentración de la propiedad rural, contempló la creación de un fondo de tierras en manos del Estado, integrado inicialmente por 3 millones de hectáreas en el término de 12 años, para entregarlas a los más necesitados de ellas en disposición de trabajarlas.
Datos oficiales dan cuenta hoy, tras más de seis años de la firma del Acuerdo, de la adjudicación de 251.122 hectáreas desde la constitución del Fondo, apenas un 8.37 por ciento. La única explicación coherente para esto es la falta de voluntad política del gobierno anterior, de Iván Duque Márquez, caracterizado por oponerse al cumplimiento del Acuerdo.
Por la misma causa, apenas se alcanzó un 32 por ciento en la formalización de los 7 millones de hectáreas que se prometieron formalizar, al tiempo que los subsidios y créditos comprometidos para el acceso a tierras apenas fueron esbozados en normas, careciendo en la realidad del diseño y la planificación que los haga posibles.
De los otros dos grandes componentes del punto 1, Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, y Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial o PDETs, tendientes a disminuir la pobreza rural en un 50 por ciento en el término de 15 años, hay que decir que su implementación efectiva es pobre. Nuevamente enfrentaron la ausencia de voluntad política de la administración Duque, así como de los suficientes mecanismos de monitoreo y evaluación, limitada implementación y alto riesgo de corrupción. Recién se denunció la apropiación indebida por funcionarios estatales, de más de 500.000 millones de pesos que el mecanismo de OCAD PAZ aprobó para tales planes.
En cuanto al punto 2, Participación política, su mayor avance se encuentra en la aprobación final del Estatuto de Oposición y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Pero hay un enorme rezago en la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como consecuencia de los insuficientes recursos destinados. Este fue reglamentado con sus respectivas instancias, sin ponerlas nunca en funcionamiento. El anterior gobierno no hizo nada por crear el canal de televisión cerrada para partidos y organizaciones sociales, ni se molestó en los ajustes normativos que lo hicieran posible.
Las antiguas FARC dimos pleno cumplimiento al punto 3sobre Terminación del Conflicto. Dejamos las armas y nos convertimos en un partido político, a más de comparecer sin dilación alguna a los mecanismos de justicia y verdad contemplados en el punto 5. Hemos aportado verdad sobre innumerables casos, suplicado perdón una y otra vez a las víctimas, contribuido a la reparación y la no repetición de manera decidida. Esperamos las primeras condenas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, que deben estar enmarcadas en lo que se pactó en el punto 5, así como reconocimos los méritos del Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
Los grupos disidentes que retomaron las armas representaron un porcentaje minúsculo de quienes firmamos el Acuerdo. Su reproducción ha sido producto de gente nueva reclutada en los campos. Sus actividades dejan mucho que desear desde el punto de vista moral y político. El Estado nunca cumplió su compromiso de ocupar las regiones que las antiguas FARC abandonamos tras la dejación de armas, facilitando así el fortalecimiento de diversos grupos delincuenciales en los territorios.
Es ostensible en nuestro país la desprotección a líderes y lideresas sociales, que caen asesinados permanentemente por esos grupos, como somos víctimas también los firmantes de paz, todo lo cual constituye una flagrante violación de las garantías a la vida y la seguridad pactadas en el punto 3 del Acuerdo. Igual lo son los desplazamientos forzados y amenazas constantes, que terminaron por acabar con numerosos espacios de reincorporación aprobados. Pasan de 350 los firmantes de paz asesinados impunemente desde la firma del Acuerdo. El fin de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo sigue siendo una aspiración pese a lo pactado en La Habana.
Apenas ahora se comienza a trabajar en la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad y Protección aprobado en el Acuerdo, así como en el Programa de Protección Integral para personas en proceso de reincorporación del que se habló en ese mismo punto 3. La situación de los firmantes también es crítica en materia de tierras para trabajar y proyectos productivos que garanticen su reincorporación integral, al tiempo que necesidades básicas como la vivienda y la educación no encuentran satisfacción ni siquiera a largo plazo. Tales situaciones han generado una diáspora de los firmantes hacia distintas regiones de la geografía nacional, dificultando su organización en defensa de la implementación, y hasta reforzando el desánimo y la falta de credibilidad en el propio Acuerdo y los mecanismos previstos para su cumplimiento.
El gobierno anterior asignó sumas irrisorias al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito previsto en el punto 4. Así como a los pilares de Solución al Fenómeno de Producción y Comercialización de Narcóticos y Prevención del Consumo y Salud Pública, dejando sin implementación la política acordada para erradicar de los campos colombianos los cultivos de uso ilícito, aspecto transversal a la Reforma Rural Integral del Punto 1. Por fortuna para nosotros y el país, represadas inconformidades con la situación económica y social de Colombia, unidas al clamor por la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, se expresaron de manera masiva y contundente en los estallidos sociales de los años 2019 y 2021, que finalmente condujeron a la victoria electoral de las fuerzas progresistas, de avanzada y amantes de la paz en las justas electorales de 2022, siendo elegido presidente el doctor Gustavo Petro.
Este llegó con una clara posición a favor de las transformaciones políticas y sociales, que incluyen su promesa de implementar integralmente el Acuerdo de Paz, a lo cual suma una política de Paz Total que busca crear en Colombia condiciones de democracia plena y justicia social. El camino inicial en esa dirección son los diálogos con la antigua guerrilla del ELN, los grupos disidentes del Acuerdo de La Habana y otras agrupaciones armadas.
Semejante esfuerzo cuenta con nuestro apoyo, aunque creemos que debe tener más en cuenta la experiencia de los diálogos y el Acuerdo con nosotros. Con modestia, nos permitimos afirmar que este Acuerdo debe ser el cimiento de cualquier negociación. Los grupos en armas deben reconocer que el gobierno actual es democrático y progresista, que su lucha contra él no tiene sentido. El cese al fuego debería por tanto partir de estas organizaciones.
Somos conscientes de que el conjunto de reformas que se requieren en nuestro país, de las que las contempladas en el Acuerdo Final de Paz son apenas un capítulo, representan un enorme reto, sobre todo ante la declarada oposición de los sectores y partidos que rodearon el pasado gobierno, empeñados en impedir las mínimas transformaciones a favor de las mayorías. En buena medida eso explica el ritmo con el que Petro busca ponerse a tono con la implementación de lo acordado en La Habana. Confiamos en su palabra, esperamos una actuación decidida y a fondo en esa dirección. Nos hemos reunido en varias ocasiones, y las cosas comienzan a andar.
Reconocemos una y otra vez que si no hubiera sido por el apoyo de la comunidad internacional, en particular por las Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad y su Misión en Colombia, que constantemente movieron al gobierno de Iván Duque a tomarse en serio el Acuerdo de Paz y a implementar algunos de sus aspectos, el esfuerzo de alcanzar una solución política a la confrontación con nosotros hubiera podido fracasar.
Acudimos por ello hoy, esperanzados, a esta sesión del Consejo de Seguridad. Sabemos que un espaldarazo de su parte al gobierno actual, en su propósito de cumplir integralmente el Acuerdo, tendrá efectos multiplicadores muy superiores a los del pasado reciente.
Petro ha puesto en marcha la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación CSIVI, así como al papel en ella de las instancias étnica y de género, y se ha comprometido a financiarlas. Ha entregado 681.000 hectáreas de tierra y formalizado otras muchas. Se reúne con nuestro presidente, dirección y bancada de Comunes, y visitó el ETCR Mariana Páez, interesado en garantizar la seguridad de su población.
Aspiramos a que se active efectivamente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y que sean puestos en libertad los 187 firmantes aún en cárceles, algunos en el exterior. También ha facilitado que recursos para la Implementación queden garantizados en el Plan Nacional de Desarrollo, cosa que obvió por completo el anterior gobierno. El hecho de haber tenido que retirar su proyecto de reforma política de los debates del Congreso, por cuenta de la desnaturalización que a su objeto democratizador imprimieron fuerzas políticas contrarias, demuestra la resistencia que encuentra todavía la implementación de la participación política prevista en el Acuerdo. Con el respaldo de ustedes, las cosas serán más llevaderas. Petro propuso comprar a ganaderos los tres millones de hectáreas del Fondo de Tierras, lo cual cuesta una cifra astronómica. Quizás la comunidad internacional pueda poner su grano de arena para conseguirlo. Los reincorporados tienen la necesidad urgente de tierra para trabajar proyectos productivos sostenibles, así como de vivienda ya sea en el campo o la ciudad.
Pero esto requiere de una condición básica, que su vida, su seguridad y estabilidad estén garantizadas como lo prometió el Estado en los puntos 2 y 3 del Acuerdo. Para nosotros adquiere suma importancia que el Consejo de Seguridad influya para que se cumpla esta premisa fundamental, mediante los mecanismos aprobados en la mesa de diálogos.
Hoy más que nunca somos conscientes de las enormes dificultades que tiene consolidar la paz. Pero, igualmente, estamos más convencidos que nunca de que la vía de las armas y la confrontación sólo conduce al desastre. Creemos firmemente, y por eso nuestro respaldo a la política de Paz Total de Petro, que el camino del diálogo jamás debe ser abandonado, es el único que puede conducirnos a una sociedad civilizada. De todas las alternativas de la humanidad, la peor es la guerra. Sólo la paz y las vías del diálogo nos harán mejores.
Nueva York, 13 de abril de 2023.
