08 Feb Presentación de la Alta Parte Contratante ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
Jueves 08 de febrero de 2024 de las 10:30 a las 11:30
En la Cancillería de Colombia
Estimados Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
Es un placer volver a verlos en Bogotá, después de su última visita, en 2019.
Agradecemos especialmente a Guyana, al Reino-Unido y a Suiza, coorganizadores de su venida a Colombia, como a Naciones Unidas, y a la Cancillería.
Consideramos de la máxima importancia su presencia hoy en nuestro país, como su apoyo trimestral y unánime en Nueva York, acerca de la implementación integral del histórico Acuerdo de Paz, firmado en 2016, entre el Estado de Colombia y la extinta guerrilla FARC-EP.
Desde 2017, con una Declaración Unilateral de Estado del entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, el texto completo del Acuerdo es un documento oficial del Consejo de Seguridad, garantizando, al más alto nivel, su integralidad e implementación.
Igualmente, el pasado 17 de octubre el presidente Petro, a nombre del Estado, ha vuelto a ratificar mediante una carta al Secretario General, Antonio Guterres, en un nueva Declaración Unilateral de Estado, su compromiso, como Jefe de Estado, de cumplir integralmente lo contenido en el texto del documento S/2017/272, de este Consejo.
Saludamos la importancia que da el Consejo de Seguridad al carácter bilateral del Acuerdo de Paz. Como lo consagra los Convenios de Ginebra, somos la Alta Parte Contratante del Acuerdo con la responsabilidad de seguir e impulsar su implementación integral.
Agradecemos el Consejo por permitirnos compartir, trimestralmente a sus Misiones en Nueva York, nuestra narrativa sobre el estado de la implementación, y por habernos invitado a informar al Consejo, tanto en enero de 2022, bajo la presidencia de Noruega, como en abril de 2023, bajo la de Rusia.
Como lo reiteramos siempre, sin su apoyo trimestral, el Acuerdo de Paz no seguiría vivo tras siete años de su firma.
Ahora, teniendo en cuenta la magnitud de los obstáculos que enfrenta la implementación integral, quisiéramos compartirles nuestras observaciones y recomendaciones.
- Arquitectura del Acuerdo de Paz
Primero, sobre la arquitectura del Acuerdo de Paz.
Como lo hemos manifestado trimestralmente, coincidiendo con Naciones Unidas, la implementación integral del Acuerdo de Paz es y debe seguir siendo la base de los esfuerzos de la consolidación de la paz en Colombia.
Sin embargo, llamamos la atención sobre la falta de coordinación y de activación regular de las instancias creadas para implementar las disposiciones del Acuerdo.
Como ustedes han podido constatar, el Acuerdo de Paz creó 15 instancias para liderar reformas claves, como el acceso a tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, el dialogo entre las partes, la reincorporación de firmantes, garantías de seguridad, reparación a víctimas, desmantelamiento de grupos armados, tomando en cuenta los capítulos transversales de género y étnico.
Como lo alertó el pasado 11 de enero en Nueva York el Representante Especial del Secretario General, estas instancias, a siete años de implementación, todavía están, en fase de planeación y estructuración. Requerimos ejecución y resultados.
Por nombrar sólo algunas instancias cuyas actividades se encuentran funcionando, pero sin regularidad, ni coordinación adecuada: la CSIVI, la Instancia Étnica, la Instancia Especial de Mujeres, la Junta de Direccionamiento Estratégico del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Es evidente la frágil coordinación interinstitucional entre estas instancias, ministerios, agencias del Estado y con la comunidad internacional, que tiene un papel clave de acompañante en cada uno de los seis puntos del Acuerdo.
Son al menos 50 entidades del Estado con funciones de implementación y su articulación es indispensable para que lo pactado se materialice.
Además, y como lo menciona trimestralmente el Secretario General Guterres, insistimos en la urgencia de la creación de una entidad específica y suficientemente capaz en el seno de la Presidencia, para que se haga cargo de la implementación del Acuerdo Final, como lo anunció el presidente Petro en marzo de 2023.
Esta entidad presidencial debería liderar acciones tan determinantes para el presente año, como la revisión y ajuste del Plan Marco de Implementación, principal hoja de ruta que define metas, tiempos, competencias y presupuesto para ejecutar el Acuerdo de Paz.
Esta es nuestra primera recomendación al Consejo de Seguridad: Para lograr la implementación integral del Acuerdo de Paz en armonía con el ambicioso Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida” se necesita proteger y fortalecer las instancias creadas por el Acuerdo de Paz.
Así mismo reiteramos en la urgencia de crear una entidad, en el más Alto Nivel del Gobierno Nacional, que asuma la coordinación y ejecución de acciones institucionales tendientes al cumplimiento integral de lo acordado.
- Garantías de seguridad jurídica
Segundo, sobre las garantías de seguridad jurídica.
Compartimos las preocupaciones mencionadas en la carta que envió el presidente Petro al Secretario General Guterres, el pasado 17 de octubre de 2023. Preocupaciones que fueron reiteradas por el Canciller de Colombia en las sesiones del Consejo en Nueva York, en octubre y enero.
A pesar de las varias reuniones realizadas los últimos meses en Colombia con la Jurisdicción Especial para la Paz para buscar soluciones, la JEP sigue desconociendo lo que fue acordado y depositado en Nueva York.
Por ejemplo:
El Acuerdo de Paz prevé la imputación de los máximos responsables del conflicto. Sin embargo, la Jurisdicción decidió procesar a los mandos medios y ex-guerrilleros de base, creando una inseguridad jurídica total para las y los que hicieron dejación de las armas y vincularse a procesos de reincorporación y de reparación a víctimas.
El Acuerdo prevé también, siguiendo los estándares internacionales de justicia transicional, conceder las amnistías más amplias posibles. Después de siete años, hay más de 6.000 amnistías pendientes.
Alertamos también sobre la débil articulación entre las sanciones, que está elaborando la JEP y el proceso de reincorporación política y socioeconómica, tal como fue negociado y firmado. Las sanciones tienen que permitir una reincorporación sostenible.
La Jurisdicción está generando inseguridad jurídica para los firmantes, razón por la que están huyendo del proceso de paz y engrosando las filas de grupos armados, lo cual nos genera una gran preocupación y alerta.
Las decisiones tomadas por la JEP que llevan, por ejemplo, a procesar a cientos de mujeres y hombres firmantes de paz, generan un ambiente de inseguridad jurídica que se suma al complejo contexto de violencias persistentes en la que se lleva a cabo la reincorporación en el que no se logra aún sostenibilidad.
De este modo, las decisiones judiciales de la JEP favorecen el recrudecimiento de la violencia y estimula el incremento de combatientes de los grupos armados al margen de la ley.
La Jurisdicción, que debe ser una de las mejores herramientas para construir paz, y aportar a la no repetición del conflicto, se convierte en un obstáculo que impide la verdad y crea desconfianza.
Al no poder encontrar una solución a estas preocupaciones, decidimos como lo anunciamos en una carta al presidente Gustavo Petro esta semana, y tal como lo permite el articulo 6 del Tercer Convenio de Ginebra, firmar con el Estado de Colombia, nuestra contraparte, un Acuerdo Especial para reafirmar el espíritu y la letra del documento S/2017/272 del Consejo de Seguridad.
Seria nuestra segunda recomendación al Consejo, que tiene el mandato, desde 2021, de monitorear las sanciones propias: Respetando su autonomía y su independencia, la JEP tiene que respetar lo que fue acordado y que está garantizado por el Consejo.
- Garantías de seguridad física
Tercero, sobre las garantías de seguridad física.
El Consejo de Seguridad como su Secretario General, se pronuncian periódicamente sobre la grave situación de violencia y de impunidad en Colombia.
La violencia en contra de firmantes del Acuerdo, lideresas y líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, de comunidades étnicas y de la población LGBTIQ persiste y tiende a agudizarse de manera desproporcionada.
La violencia contra mujeres reincorporadas y personas de comunidades étnicas es una preocupación mayor.
El Estado tiene que cumplir sus obligaciones con las mujeres y los hombres que hicieron dejación de armas por una solución negociada a décadas de guerra, para trabajar por la paz.
Como lo alerta Antonio Guterres, existe un patrón de ataques cada vez mayores contra líderes involucrados en la restitución de tierras, autoridades tradicionales indígenas y afrocolombianas y miembros de juntas administrativas locales, obligados a abandonar sus hogares, lo que obstaculiza los procesos de paz que lideran y destruye el tejido social.
Naciones Unidas lo confirmó en enero de 2024: La violencia en municipios que habían visto mejoras tras la firma del Acuerdo Final es motivo de preocupación y pone de relieve la necesidad de una respuesta rápida de todo el Estado.
Para que la Reforma Rural Integral y la Reincorporación produzcan resultados sostenibles, la seguridad es esencial.
Pedimos avances concretos en el despliegue de una presencia integrada de instituciones y servicios del Estado, un objetivo central del Acuerdo de Paz y una condición para erradicar las raíces del conflicto.
Hace dos meses, la Experta Internacional en Derechos Humanos de Naciones Unidas, Antonia Urrejola, alertó sobre la impunidad estructural, frente a los perpetradores y en particular los autores intelectuales de los asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de las personas firmantes
Como lo sabemos, por los ya 418 firmantes de paz y cientos de lideres asesinados desde la firma del Acuerdo, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de garantías de seguridad tal como fueron establecidas en el Acuerdo Final.
El Acuerdo creó la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, cuya misión es la de investigar y judicializar agresiones y hechos victimizantes en contra de la población firmante.
Sin embargo, a siete años de su creación, esta Unidad Especial sigue sin resultados, y el grado de impunidad por los homicidios y ataques es alarmante.
Desde la firma del Acuerdo solo se condenaron el 15% de los casos de homicidios en contra de la población firmante, y solamente 5 autores intelectuales fueron identificados.
Son precedentes nefastos para la paz del país.
Urge que la Unidad Especial asuma su independencia, genere resultados que esclarezcan los casos de violencia contra firmantes y asigne recursos que permitan mayor eficiencia, la revisión de las estrategias de protección, y la necesidad de complementariedad entre las disposiciones de garantías de seguridad del Acuerdo y los esfuerzos de diálogo en curso, en el marco de la política de Paz Total.
Consideramos que la búsqueda de la Paz Total y el cese definitivo de la violencia persistente en el país debe hacerse sobre la base de protocolos sólidos para la protección de la vida de la población civil y reincorporada.
Seria nuestra tercera recomendación al Consejo de Seguridad: Solicitar al Estado de Colombia la puesta en marcha, de forma inmediata, de los mecanismos de garantías de seguridad contenidas en el Acuerdo de Paz, para proteger la vida de firmantes, líderes, defensores, y comunidades étnicas.
- Reincorporación sostenible
Cuarto, sobre la reincorporación de las y los firmantes.
Como saben, el proceso de reincorporación tiene dos aspectos: Reincorporación política por un lado y socioeconómica por el otro.
Sobre la reincorporación socioeconómica:
Nos alientan los recientes esfuerzos del actual Gobierno acerca de la dimensión colectiva del proceso.
Como sabemos, miles de excombatientes están llevando a cabo su reincorporación en zonas rurales, donde el acceso a la tierra es fundamental para sus medios de vida y su estabilidad a largo plazo.
Esperamos que su visita mañana al ETCR de Agua Bonita en el Caquetá, les mostrará concretamente los logros y desafíos del proceso de reincorporación con arraigo comunitario.
Es necesario anotar, que no todos los ETCR y Nuevas Áreas de Reincorporación tienen los mismos desarrollos y buenos resultados.
Más del 80% de las y los firmantes viven por fuera de estos lugares y afrontan desafíos en todos los aspectos, incluyendo la afectación del principio de la colectividad con el que fue concebida la reincorporación.
Recientemente, hemos saludado la voluntad y el esfuerzo demostrado por el Gobierno Nacional por avanzar en la compra de tierras para la reincorporación.
Nos complace la aprobación del Programa Integral de Reincorporación, herramienta necesaria para encausar el proceso y que esperamos cuente con los recursos necesarios para acelerar su puesta en marcha, a la luz de los temas en rezago absoluto: Vivienda, empleabilidad, sostenibilidad económica, participación política efectiva en general y en particular para las mujeres firmantes y las y los firmantes étnicos como lo ha señalado el Secretario General Guterres.
Ejemplo de ello: en los departamentos de Chocó y Nariño, más del 45% de ellos no están vinculados a proyectos productivos.
Sobre la reincorporación política:
La principal razón por la cual hemos hecho dejación de armas es para participar políticamente en la vida pública del país, y nos complace que el Secretario General lo mencione regularmente en sus informes trimestrales.
Participación que ejercemos, como el Partido “Comunes” surgido del Acuerdo de Paz, desde el Congreso de la República donde lideramos la Comisión especial creada para seguir la implementación integral del Acuerdo Final y en la cual apoyamos activamente toda legislación propuesta en este sentido.
Los firmantes mantenemos un espíritu democrático que nos ha permitido posicionarnos en medio del debate político y la construcción de acuerdos programáticos.
El colectivo de firmantes paz mantiene su compromiso y realiza ingentes esfuerzos por la paz de Colombia, a pesar de los persistentes desafíos para acceder a fondos y medidas de protección, a la estigmatización, asesinatos y violencia persistente en el país.
Sin desconocer los pasos importantes de la administración Petro para consolidar la paz, esperamos mayores avances por parte del Estado para una reincorporación política sostenible, implementando el punto 2 del Acuerdo.
En este sentido es apremiante priorizar la reforma política contemplada en el Acuerdo, así como la estrategia de seguridad resumida en el Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), que hasta ahora ha funcionado de manera desarticulada y que requiere con urgencia que su Instancia de Alto Nivel entre en funcionamiento.
Seria nuestra cuarta recomendación al Consejo de Seguridad: Continuar apoyando el proceso de reincorporación hasta que sea sostenible, tomando en cuenta los enfoques étnicos y de género.
- Reforma Rural Integral
Quinto y, para terminar, sobre la Reforma Rural Integral.
Aplaudimos los avances de la administración Petro en este punto.
Estimulan los esfuerzos del actual Gobierno en establecer mecanismos para acelerar la compra de tierras para fines de reforma rural, las definiciones para poner en marcha el catastro multipropósito y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), incluyendo la priorización de obras de impacto en esas regiones.
Sin embargo, seguimos alertando sobre la necesidad de tener una mejor articulación con el Punto 4 del Acuerdo sobre la solución al fenómeno de las drogas y en particular con la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Persisten muchas dudas sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución que sigue desfinanciado y sin coordinación con la nueva política de drogas, construida por el actual Gobierno.
A los esfuerzos de acelerar la compra, adjudicación y formalización de tierras, es necesario sumarle esfuerzos a la articulación con los demás pilares de la Reforma Rural Integral.
Los 16 Planes Nacionales Sectoriales que representan el acceso a derechos para las comunidades han sido adoptados por ahora en la norma, pero están lejos de ser tangibles.
Nuevamente se requiere una adecuada articulación institucional e incidir en los planes de desarrollo de las y los nuevos mandatarios regionales.
Seria nuestra quinta recomendación al Consejo de Seguridad: Insistir en la importancia de mostrar más resultados en la adjudicación y formalización de tierras, utilizando la arquitectura creada por el Acuerdo Final, activando el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, involucrando a las comunidades étnicas y de mujeres, que sufren de una discriminación sistemática, estructural, de la falta de oportunidades de desarrollo y de violencia.
Para terminar, queremos reafirmar nuestro profundo agradecimiento por su atención y apoyo durante estos siete años desde que alcanzamos el Acuerdo Final de Paz.
Estamos atentos a sus preguntas y observaciones.
Gracias, señoras y señores Embajadores.
