“Hicimos honor a nuestra palabra, dimos fin a la guerra y dejamos las armas, somos un partido político en total legalidad. Lo menos que podemos esperar de parte del Estado colombiano y sus tres ramas del poder, es que cumplan con lo firmado y refrendado”.
En reciente pronunciamiento recordé que el 23 de septiembre de 2015, en la ciudad de La Habana, me reuní por primera vez con el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en presencia del Presidente de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, del Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, de representantes de los países garantes y acompañantes del proceso de paz y otras distinguidas personalidades nacionales y extranjeras.
Tan trascendental encuentro tuvo por objeto anunciarle a Colombia y al mundo, que se había alcanzado un acuerdo sobre la justicia a aplicar para garantizar una paz estable y duradera. Se subrayó de él que era un ejemplo excepcional para todas las naciones. Tratábase ni más ni menos que de la Justicia Especial para la paz, JEP, enmarcada dentro de lo que se vino a denominar Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR.
Acudimos a esa cita sobre la base de que lo que se daba a conocer a Colombia y a la comunidad internacional en la materia referida, se había pactado por las partes asumiendo como propios los principios aceptados por las naciones civilizadas para esos efectos, la buena fe y la ineludible obligación de cumplir lo pactado (pacta sunt servanda). Reglas estas de oro, sin las cuales la humanidad perdería su capacidad de creer y la paz jamás sería alcanzada.
La reunión de La Habana se efectuó ante tan ilustres personalidades para darle mayor solemnidad y alcance al compromiso suscrito ese día entre antiguas partes combatientes, de revestir de plena seguridad jurídica a quienes por las razones señaladas en el mismo acuerdo, tendrían que comparecer ante la JEP, tribunal autónomo, prevalente, y de cierre, con la amplia mira de alcanzar mediante decisión suya la justicia restaurativa a la luz de las normas establecidas.
Además en la JEP se señalaría la verdad, se reconocería a las víctimas y sus derechos y se les ofrecía reparación. Todo enmarcado dentro de principios que se encuentran plasmados en los textos firmados y refrendados así:
“El Estado tiene autonomía para conformar jurisdicciones o sistemas jurídicos especiales, derivado de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas sobre la soberanía y libre autodeterminación de las naciones, y de lo establecido en los Principios del Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional”.
En ningún aparte del texto citado se indica que la soberanía y libre determinación del pueblo de Colombia debe condicionarse a pareceres y caprichos de terceros Estados, o al capricho de un funcionario local de ocasión. Enormes manchas de sangre cubren los continentes y los mares del globo por conductas irresponsables que no pasan desapercibidas, por injerencias indebidas, ya de Estados, ya de funcionarios inescrupulosos de distintas latitudes. La historia lo registra todo.
Como registrará el intento de atropello a la decisión tomada por la JEP el 17 de este mes, en uso de facultades privativas suyas consignadas no solo en los Acuerdos de La Habana, refrendados debidamente, sino en el artículo 19 del Acto Legislativo Número 1 de 2017 y en documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas S/2017/272, que a su vez consigna en su cuerpo la Declaración Unilateral de Estado que reafirma el ya mencionado principio pacta sunt servanda.
A pesar de los varios atropellos institucionales y de lo que consideramos hasta ahora un asalto a nuestra buena fe, hemos decidido comparecer ante las Justica Especial para la Paz, con la esperanza de que el Presidente Santos cumplirá con la palabra empeñada mundialmente, y propugnará porque las reglas que garantizan seguridad jurídica para todos, no se cambien en la mitad del camino. Sería vergonzoso para él y la nación entera que algo así sucediera.
Somos conscientes de que se está haciendo todo lo posible, por fuerzas visibles e invisibles de carácter local y no local, para dar al traste con la obra alcanzada con esmero, audacia y patriotismo en la ciudad de La Habana. Pese a ello, continuamos haciendo todo lo necesario para seguir sirviendo a Colombia con nuestra conducta de paz. Que no se diga que la responsabilidad por un fracaso recae sobre nosotros.
Hicimos honor a nuestra palabra, dimos fin a la guerra y dejamos las armas, somos un partido político en total legalidad. Lo menos que podemos esperar de parte del Estado colombiano y sus tres ramas del poder, es que cumplan con lo firmado y refrendado. No quieran los dioses de Colombia que la mejor obra de ingeniería de la patria, la gigante presa de la paz, termine derrumbándose so pretexto de un perverso, inoportuno y mentiroso malabarismo jurídico penal.
RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY
Presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
