Reforma Rural Integral con enfoque feminista: un asunto de cuidado

Por: Laura Ramírez, militante de la comuna Mariana Páez, Comunes Risaralda.

La Ley 1413 de 2010 es una política en la agenda feminista, pues regula la inclusión de la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales, para medir las contribuciones de las mujeres al desarrollo económico y social del país. Surge como una posibilidad de restablecer derechos a una población revictimizada, en los procesos transicionales, aún después de la salida negociada al conflicto social y armado que por más de sesenta años ha sido el flagelo de Colombia.

La revisión documental de las acciones para contrarrestar la inequidad de género en el país, contenidas en el Conpes 3931, comprende 4 ejes, en los que se ven inmersos: El fortalecimiento de los procesos de planificación entre los actores involucrados entre los que se encuentra como acción el seguimiento en los territorios donde se da la reincorporación, para asegurar el enfoque diferencial, étnico y de género y, por otro lado, las condiciones para el acceso a programas para la estabilización y proyección económica que incluye, por ejemplo, la acción 11, destinada a la promoción de estrategias para reducir las barreras que enfrenta las mujeres sobre el cuidado, en el marco de la reincorporación. [1]

El anterior preámbulo goza de plena vigencia y estructuración legislativa. Sin embargo, el caso que describimos a continuación interpela la visión articulatoria de los mecanismos que inciden en los procesos de consolidación del buen vivir y bienestar para mujeres en proceso de reincorporación, en relación con el cuidado.

Es así como visitamos el territorio del Darién, en el primer trimestre del año 2023, en un encuentro lleno de camaradería y esperanza.

Al bajarnos del transporte, nos esperaba Yurisara, una antigua guerrillera de las FARC-EP, quien realiza su proceso de reincorporación siendo una reconocida lideresa social en la zona de Brisas, Chocó. “Crucemos, que los ranchos están en una finca detrás del monte”, exclama, señalando un camino lleno de trillo al galope de mulas.

Más adelante, encontramos tres casas distantes, a medio construir. Allí estaba  Yuliana Usuga Velazquez, mujer de 28 años, integrante de un núcleo familiar que hace parte del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Brisas. Mientras estamos en una ramada, a medio construir, a ras de tierra, en la cocina, señala, haciendo un gesto con su cabeza:

– Estamos en el ETCR de Brisas, Caracolí. Soy madre de un hijo de 3 años y otro bebe de seis meses, está allá arriba acostado.

Mientras conversa, carga a su hijo de tres años, Dylan, quien padece un deterioro del movimiento de sus extremidades y no logra sostener la cabeza.

– Él tiene una cardiopatía. Lo han remitido a Medellín, para realizarle los exámenes que emitan un dictamen médico. El bebe nace prematuro. En las ecografías preliminares, el médico encuentra que estaba muy bajito de peso. En un accidente doméstico, me caí en el baño estando embarazada y empecé a sangrar. Por eso nació antes de tiempo.

Dylan no tiene ningún subsidio, aunque es evidente su estado de  discapacidad. Tampoco cuenta con una certificación médica que acredite que efectivamente tiene  una discapacidad.

Una pregunta que nos lleva hacer seguimiento al proceso transicional en el cual se encuentra Colombia es: ¿Qué piensa del Acuerdo?

– “Creo que la firma del Acuerdo de Paz fue una buena idea”, responde Yuliana, un poco parca, mientras Dylan duerme en su regazo.

El Punto 1 del Acuerdo de Paz se estructura a partir de pilares que corresponden a distintas necesidades para la transformación del campo colombiano. Uno de sus pilares corresponde al desarrollo social y acceso a derechos y contempla un Plan de Salud Rural, un Plan de Vivienda Rural, un Plan Progresivo de Protección Social y garantías para los trabajadores y trabajadoras rurales. [2]

Han pasado siete años de la firma y el avance es precario con respecto a la materialización de estos planes que no solo beneficiarán a las personas en proceso de reincorporación, sino a todas las que viven y trabajan en el campo colombiano.

El peso del cuidado sigue estando mayoritariamente en los hombros de las mujeres, por lo que los retrasos en la implementación las impactan de manera particular, y siguen quedando pendientes leyes y políticas que llevan años en el papel.

Las mujeres de algunos espacios de reincorporación deciden adoptar formas organizativas como asociaciones lideradas por ellas. En esta comunidad, Herbapaz es el proyecto de plantas aromáticas que, con mucho esfuerzo, mujeres como Yuliana sacan adelante. Al mirar alrededor se notan cogollos de limonaria. “Antes en el ETCR teníamos albahaca, orégano y limonaria, pero la incertidumbre de que algún día nos desplazarán de aquí está latente”.

Los cuidados siguen siendo una tarea pendiente para la construcción de paz.

[1] Cepdipo: Centro de Pensamiento y Diálogo Político, 2021.

[2] Informe de la Mesa Técnica de Género, Consejo Nacional de Reincorporación, 2022, lo que evidencia este aparte es que el Acuerdo en este nivel no ha logrado la cobertura esperada.