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Por Sara Palmezano
“Hemos establecido que existen, según las carpetas del ICBF* inspeccionadas en la Fiscalía, 378 casos entre el 2018 y el 2020 de indígenas mujeres que han sido víctimas en algún sentido de violencia sexual”, indicó el Fiscal General de la Nación, tras una visita que realizó al Guaviare, producto de la oleada de denuncias de violaciones a mujeres y niñas que se están presentando en el departamento. ¡Escandalosa cifra!
Desde Comuneras, Mujeres y Diversidades, al enterarnos de tan aterradora noticia, repasamos el material que existe sobre estas denuncias. Triste es encontrarnos con un informe de la Defensoría del Pueblo que señala que, en San José del Guaviare, capital del departamento, existe una zona donde niños y niñas de los resguardos indígenas Jiw y Nukak constantemente son víctimas de violencia sexual. La misma Defensoría reportó un incremento en el índice de víctimas de abusos pertenecientes a las comunidades indígenas del Guaviare, registrando hasta 81 abusos en el 2022, en comparación al 2021 donde se registraron 69.
No obstante, nos surge una profunda preocupación, y es que las entidades implicadas en el asunto (Defensoría, ICBF, Alcaldía, Gobernación, Comisaría de Familia y Fiscalía) arrojan cifras exponencialmente diferentes, lo que imposibilita saber a ciencia cierta cuántos son los casos de abuso presentados en el departamento, lo que deja en evidencia que es un gran problema que afrontamos y al que debemos prestar especial atención.
Una de las cifras más alarmantes que encontramos fue del ICBF, que señala que, entre el 2019 y el 2022, hubo un total de 587 casos registrados de violencia sexual contra menores de edad en el Guaviare. ¡587 casos! Preocupante es también, que hay múltiples denuncias contra militares activos como parte de los perpetuadores de estos crímines.
Tales cifras y acusaciones nos llevan a preguntarnos: ¿qué papel ha jugado la dirección regional del ICBF en el Guaviare frente a esta escalofriante situación? y a responder, a manera de crítica y con profundo rechazo, que el rol de la regional en cabeza de Joaquín Mendieta, no solo ha sido ineficaz, sino que ha sido violento también, como demostró ante Univisión, donde, después de aceptar que existía una problemática en torno a la violencia sexual hacia las comunidades indígenas Nukak y Jiw, afirmó: “en este momento no son tan preocupantes, pero sí se reciben casos que tienen que ver con este tema”. ¿Cómo puede restarle así importancia a una situación que no da espera y que es una clara violación a los derechos humanos?
El Presidente de la República, Gustavo Petro, ha informado que se implementarán acciones urgentes para frenar esta situación, entre las que se destacan: la creación de una ruta de acción integral de prevención y atención de la problemática; la orientación a la Gobernación y Alcaldía del Guaviare para la creación de un alojamiento transitorio seguro para las víctimas; una revisión exhaustiva para determinar si hubo alguna omisión por parte de la regional Guaviare del ICBF, al igual que, un seguimiento a los casos que involucren miembros de las fuerzas militares para emprender acciones legales en su contra y, fundamentalmente, la instalación de 2 unidades interdisciplinarias y focalizadas en el fortalecimiento de las Defensorías de Familia del ICBF en el Guaviare, haciendo especial énfasis en las violencias basadas en género y en la población indígena que habita el departamento.
Desde Comuneras, Mujeres y Diversidades esperamos y exigimos que estas medidas preventivas y de atención sean activadas inmediatamente y que se dé celeridad a los procesos jurídico-legales que no han sido llevados a cabo de manera plena o correcta.
No olvidamos que hay 118 miembros de la fuerza pública que aún están siendo investigados por violencia sexual en contra de las niñas y adolescentes del Guaviare, ni a las menores de edad que fueron agredidas sexualmente por militares estadounidenses de las bases militares en Colombia, y mucho menos, el caso denunciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde una pequeña niña fue abusada sexualmente por al menos 6 militares en ese departamento.
Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a estar atenta en torno a este proceso. ¡Los niños, niñas y adolescentes del Guaviare tienen derecho a una vida digna, tranquila, ajena y lejana a la violencia sexual y segregacional que hasta ahora han vivido y que, sistemáticamente, muchas y muchos han decidido ignorar!
*Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
