12 Mar Whitaker, la FARC y la lucha contra las drogas
Afirmaciones como las del embajador Whitaker merecen nuestro rechazo, las consideramos tendenciosas y con evidentes propósitos de reposicionar la fracasada política de interdicción y aspersión aérea.
Más allá de que las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, desde el punto de vista diplomático y político deban interpretarse como injerencistas, nos vemos obligados a realizar este pronunciamiento a fin de fijar posición ante la opinión pública sobre una serie de afirmaciones equivocadas que confunden y ponen obstáculos al buen desarrollo del proceso de paz en Colombia.
Comencemos por precisar que Estados Unidos conoce perfectamente los compromisos que el Gobierno Colombiano y las FARC suscribieron en La Habana, porque mantuvieron un Enviado Especial de manera constante, por lo tanto no es admisible que nos asignen incumplimientos de asuntos no contemplados en el punto 4 del Acuerdo de Paz.
El cumplimiento de compromisos por parte de las FARC ha sido público y notorio, y donde se han presentado observaciones o dudas hemos estado en absoluta disposición de aportar respuestas y soluciones satisfactorias.
En los términos convenidos por las partes, el asunto de las drogas de uso ilícito es un problema de carácter global e integral que compromete a la comunidad internacional en su conjunto. Por tanto, exige ser abordado desde esa perspectiva.
En Colombia, el combate a la producción de narcóticos requiere enfrentar la pobreza y exclusión socioeconómica de las comunidades rurales empujadas por la miseria hacia prácticas de economía ilegal. Esta gran conclusión de las discusiones en La Habana no debe pasarse por alto, y en tal sentido, en lugar de chantajear o amenazar a Colombia con la descertificación, Estados Unidos debiera mostrar resultados en la persecución al blanqueo de dinero -que es el alma del narcotráfico-, frenar el flujo hacia la periferia pobre de los precursores químicos, y ayudar a Colombia con recursos para que formalice, distribuya y titule tierras a los campesinos, asegurando la financiación de los planes alternativos de sustitución consensuados con las comunidades rurales. Se requiere apoyo con hechos y no la retórica de la fracasada política de la guerra contra las drogas.
La subjetividad del embajador no puede seguir confundiendo a los campesinos pobres de Tumaco con FARC, ni inventando que estamos incentivando el cultivo. Con mentiras no se puede hacer política o influir en el continente.
Si la embajada de Estados Unidos quiere ayudar a la consolidación de la paz, no puede quedarse en el pasado con un discurso sin fundamento que califica a las FARC -solo por razones políticas- como organización terrorista internacional. Es hora de renovar la visión frente a una organización que ha cumplido a cabalidad lo pactado en el acuerdo de paz firmado hace un año y que cuenta con una activa interlocución con Naciones Unidas, la Unión Europea, el Vaticano y otros entes de la comunidad internacional.
No está de más recordar que la esencia del nuevo acuerdo, en la materia que tratamos, es la sustitución consensuada, como base de solución, tanto a los problemas socio-económicos de la población involucrada, como a los problemas socio ambientales que se han generado y que se agravaron con la aspersión de un veneno letal como el glifosato, el cual, en hora buena, ha sido prohibido por Francia. Y todo ello debe ir totalmente engranado con el buen desarrollo de la Reforma Rural Integral; en consecuencia, la implementación acertada de los PDET, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, deberían tener plena aplicación en todos los escenarios donde hayan cultivos de uso ilícito, porque el proceso no puede quedarse en el paliativo de emergencia que significan los Planes de Acción Inmediata, PAI.
Que el gobierno diga en dónde hemos incumplido el acuerdo, porque el embajador le endosa al gobierno de Colombia la responsabilidad de decir eso. ¿Cuántas reuniones con los campesinos hemos protagonizado junto con el Gobierno? Hasta con el Presidente hemos estado en las zonas cocaleras invitando a las comunidades a la sustitución.
Cómo quiere el gobierno que se pongan en marcha los programas de sustitución sin aprobar ley de tratamientos penales alternativos para cultivadores, la cual estaba definida para facilitar la vinculación a los programas sin sanciones penales.
Para balancear los programas y planes del caso debemos tener en cuenta que si bien los resultados dependen de los tiempos y de la concertación con las comunidades productoras, el Estado debe mostrar mayor eficacia y compromiso con el espíritu del acuerdo. No es nada conveniente ceder a las presiones dando rienda suelta a la erradicación forzada y a la distribución de pobres recursos que acentúan los conflictos socio-territoriales.
Afirmaciones como las del embajador Whitaker merecen nuestro rechazo, las consideramos tendenciosas y con evidentes propósitos de reposicionar la fracasada política de interdicción y aspersión aérea. También advertimos en ellas la intención de argumentar una supuesta violación del acuerdo por nuestra parte a fin de colocarnos por fuera de la normatividad y presionar indebidamente a que se de un trato por fuera de la convenido. En este campo son evidentes las coincidencias entre la labor de la Fiscalía y el trabajo de la Embajada de los Estados Unidos, con cuentos sobre listados, disidencias, reincidencias y deserciones, como si la regulación de todo ello no estuviese diseñada y concebida en el Acuerdo Final y en la Jurisdicción Especial para la Paz.
La pretensión de la Embajada de los Estados Unidos y de la Fiscalía de ponernos por fuera del acuerdo, demandar la acción penal y habilitar condiciones para la extradición, representa una tarea llena de perfidia que desconoce nuestro estricto cumplimiento de todo lo que hemos acordado. Es evidente, además, el propósito de obstaculizar el proceso de reincorporación y afectar la alternativa política que hoy representamos frente a los grandes problemas del país.
