El día 6 de noviembre se realizó la reunión entre los voceros de la Peregrinación por la Vida y por la Paz y el señor presidente Iván Duque en compañía de Emilio Archila y de Andrés Stapper.
Por parte de los voceros de la peregrinación participaron:
– Diana María Viloria Blanco
– Abelardo Caicedo Colorado
– Desiderio Aguilar Vargas
– Jhoverman Sánchez Arroyave
– Diego Ferney Tovar Henao
– Oswaldo Miguel Mendoza Pérez
– Rodrigo Granda
– Víctor Ramírez
– Pastor Alape
La reunión se desarrolló en un ambiente cordial y propositivo. Se abordaron los siguientes tres puntos de la agenda:
TEMA DE SEGURIDAD: cuyo vocero fue Rubén Cano, o Jhoverman Sánchez Arroyave. Las líneas que se abordaron fueron:
- La necesidad de superar el discurso estigmatizante que desde diferentes instancias de gobierno se vienen promoviendo contra las personas firmantes del acuerdo hoy en proceso de reincorporación y contra los líderes y lideresas que desde diferentes organizaciones y regiones del país vienen trabajando en la defensa e implementación integral del Acuerdo de Paz y más aún de cara a las futuras contiendas electorales que se aproximan.
Propuesta: exhortar al gobierno nacional y al estado en su conjunto para que se dé inicio a una jornada nacional contra la estigmatización en contra de las personas firmantes del acuerdo en proceso de reincorporación, líderes y lideresas que propugnan por la defensa e implementación integral del acuerdo final de paz y las organizaciones sociales del territorio, en el marco del gran pacto social por la vida y por la paz - La seguridad no solo expuesta como las garantías físicas necesarias para conservar la vida; pues debemos ver la seguridad desde el conjunto integral y dentro de esto la necesidad de avanzar en cada uno de los aspectos que contempla el acuerdo. La reincorporación no puede excluir a las personas firmantes que se encuentran ubicados por fuera de los ETCR como consecuencia de las lentitudes en la implementación de los acuerdos.
- Temas específicos en materia de seguridad:
a. Se hace necesario darle cumplimiento vía decreto presidencial a la implementación de los 686 escoltas que hacen falta en este momento para completar los esquemas requeridos y que fueron aprobados desde el mes de junio del año 2019.
b. Se debe garantizar la movilidad de todos los beneficiarios de las medidas de protección ya que se ha ido condicionando su movilidad desde la subdirección y esto coloca en riesgo no solo su seguridad física sino al mismo tiempo se violan las garantías para su participación política.
c. Es necesario que se le indique con claridad a la UNP el presupuesto que le corresponde a la SESP para que ingrese de forma directa garantizando así un mejor desempeño del mismo en los requerimientos y atención de las necesidades planteadas por la SESP.
Además, el camarada mencióno la amenaza a Aida Abella y otros cuatro comunistas por parte de las águilas negras.
TEMA DE TIERRAS Y VIVIENDA: Vocera, Diana M. Viloria Blanco o Laura Vega.
El acceso a la tierra es fundamental para garantizar la sostenibilidad económica y social a mediano y largo plazo en el proceso de reincorporación territorial.
El 80% de los proyectos aprobados en el CNR son de tipo agropecuario. No obstante, en estos casos no se ha habilitado ninguna de las rutas de acceso a tierras definidas en el Conpes 3931 de 2018, razón por la cual han tenido que acudir a formas temporales de acceso, como la de arrendamiento con opción de compra, que empiezan a llegar a su límite afectando su sostenibilidad económica.
Después de casi 4 años en este proceso sólo se ha avanzado en la compra de 2 predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que corresponden a los ETCR La Fila (Icononzo) y el ETCR Colinas (San José del Guaviare), que se encuentra embargado. No existe ningún proceso de acceso a tierra activo para las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) o el desarrollo de proyectos productivos. A lo que se suma que en ninguno de estos casos se ha avanzado en la adjudicación en propiedad a las y los reincorporados.
Lo anterior deja en evidencia que la oferta institucional activa en materia de acceso a tierra es limitada, pues mientras el acceso a tierras se siga circunscribiendo a los predios de los ETCR en donde habitan 2755 personas en proceso de reincorporación, se está desconociendo la demanda de tierra con fines de vivienda o proyectos productivos de los reincorporadas y reincorporados que se ubican por fuera en Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) o zonas aledañas y las ciudades.
Propuestas:
– Activación de todas las rutas existentes en el ordenamiento jurídico para facilitar el acceso en propiedad a la tierra de las personas en proceso de reincorporación para el desarrollo de las iniciativas productivas y de vivienda, en términos de lo planteado en el Conpes 3931 de 2018, como base de sostenibilidad del proceso de reincorporación
económica a mediano y largo plazo.
– Priorización de población en proceso de reincorporación en otros programas de acceso y formalización de tierra a cargo de la ANT.
– En particular, se propone la actualización y fortalecimiento del Programa Especial de Acceso a Tierras para la Reincorporación con el fin de asegurar su financiación y que los requisitos exigidos para la titulación atiendan a las dinámicas de la reincorporación y aseguren el acceso individual a la tierra con fines de vivienda y la posibilidad de acceso individual y/o colectivo con fines de desarrollo de proyectos productivos.
– Revisar sobre adjudicación de predios de la SAE para el desarrollo de proyectos productivos con fines de reincorporación.
– Para el desarrollo de los proyectos de vivienda que se haga apalancamiento financiero y técnico a los municipios dónde se asentarán definitivamente los ETCR, para la actualización y ajustes de los planes de ordenamiento territorial de manera que incorporen las propuestas de asentamiento rural de forma armónica con las dinámicas económicas, sociales, culturales y ambientales del territorio.
– Acceso a suelo habilitado para el desarrollo de los proyectos de vivienda rural o urbana, con las condiciones normativas de ordenamiento territorial y ambiental. Esto de cara a materializar las apuestas de vida de los ex-combatientes en los que se garanticen la tenencia de la propiedad, la vivienda digna y los proyectos productivos.
TEMA: SISTEMA NACIONAL DE REINCORPORACION: Vocero Pastor Alape.
Se dio lectura al documento de 15 propuestas mínimas de los peregrinos que se le entregó al presidente y que anexamos.
COMPROMISOS:
– Avanzar en las medidas para detener la estigmatización.
– Acelerar las acciones para la reincorporación política, económica y social de los firmantes del acuerdo incluida la necesidad de tierra para proyectos productivos, tierra para vivienda y vivienda rural digna para los firmantes en proceso de reincorporación.
– Adelantar la reunión entre la vocería de la peregrinación, la ministra y viceministro del ministerio del interior y el director de la UNP.
– Siguen vigentes los CNR en cada una de las siete regiones para abordar allí las particulares de cada una de ellas y avanzar en la búsqueda de rutas concertadas para la reincorporación.
– La naturaleza de nuestra vocería no modifica ni desconoce los acuerdos e instancias derivadas del acuerdo final de paz.
Se anexa el documento de las 15 propuestas mínimas a continuación:
15 Propuestas Mínimas de los peregrinos para la reincorporación política, social y económica de los firmantes del acuerdo
En el marco de la Peregrinación por la Vida y la Paz, aproximadamente 2000 firmantes del Acuerdo Final de Paz nos hemos movilizado desde las ciudades y campos, donde desarrollamos nuestro proceso de reincorporación, para ser escuchados. Esta vez no marchamos buscando la selva sino hacia la capital, el epicentro de las decisiones políticas, para insistir en la necesidad de implementación integral del Acuerdo de Paz como respuesta a la realidad de riesgo, estigmatización y ausencia de garantías para la vida que enfrentamos día a día, que se refleja en el asesinato de 237 compañeros y compañeras que como nosotros habían empeñado su palabra y compromiso con el sueño de la paz para nuestro país.
A la crítica situación humanitaria, se suman los retrasos en la estructuración de los planes y programas sociales para la reincorporación, la inexistencia de un Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) que defina con claridad las competencias de las distintas entidades del Estado en su implementación, así como los recursos requeridos con este propósito. A la fecha tampoco hay lineamientos que permitan la corresponsabilidad Nación-Territorio y la respectiva concurrencia de recursos en este marco.
La tierra sigue siendo una promesa pendiente, lo que impide asegurar la sostenibilidad económica de los proyectos productivos en el mediano y largo plazo, y condena a las y los reincorporados en el mejor de los casos
a otros 2 años de condiciones de habitabilidad precarias, en desconocimiento de sus derechos.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que los primero 5 años son decisivos para asegurar el éxito de un proceso de reincorporación a la vida civil, proponemos trabajar en torno a “15 Propuestas Mínimas para la reincorporación política, social y económica de los exintegrantes de FARC-EP”, en torno a los siguientes ejes de trabajo:
Sobre el marco normativo y de política pública para la reincorporación
- Instalación de una Mesa de Trabajo Conjunto entre CNR y CSIVI con el fin de revisar y ajustar los indicadores y metas trazadoras del Plan Marco de Implementación (PMI) a la luz de las dinámicas actuales del proceso de reincorporación social y económica.
- Garantizar los desarrollos normativos requeridos para la creación del Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), la definición de corresponsabilidad de los entes territoriales en torno al proceso de reincorporación y la incorporación de los nuevos asentamientos rurales (ETCR y NAR) al ordenamiento territorial.
- En consonancia con lo anterior, la operatividad de la Ruta de Reincorporación requiere de la expedición de un instrumento de mayor rango legal al de una resolución de la ARN, que permita vincular la acción de las entidades competentes definidas en el SNR e impida una posterior derogación por otras administraciones.
- Instalar una Mesa Técnica con el fin de precisar el presupuesto global del proceso de reincorporación política, social y económica, analizar las partidas presupuestales de las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) en el Conpes 3931 de 2018 y establecer un trazador presupuestal que permita hacer seguimiento a los recursos.
- Realizar un diagnóstico conjunto sobre el estado actual de los Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR) como línea base para diseñar un plan de fortalecimiento y creación de nuevos consejos, de acuerdo a la actual distribución territorial de la población en proceso de reincorporación.
Sobre las garantías de seguridad
- Construcción participativa y actualización permanente de mapas de riesgo territorial, que permitan identificar el nivel de riesgo de los colectivos y personas en proceso de reincorporación, con especial atención a los liderazgos activos, a partir de un análisis de las variables amenaza, vulnerabilidad y capacidades como medida de prevención y base de la formulación de medidas de protección diferenciadas. Se sugiere priorizar este ejercicio en los departamentos de Antioquia, Meta, Norte de Santander, Nariño, Caquetá, Valle del Cauca y Cauca. Se deberá atender a los enfoques territorial, étnico, de género y etáreo.
- Renovación y ampliación del beneficio de seguro de vida para las personas en proceso de reincorporación hasta la finalización de la ruta de reincorporación, en atención a las condiciones de vulnerabilidad persistentes.
- Impulso a la implementación de la Estrategia nacional para la prevención temprana y la superación de la estigmatización, diseñada en cumplimiento de lo definido en el Conpes 3931 de 2018. Se hace necesario avanzar en el PACTO NACIONAL POR LA VIDA Y POR LA PAZ.
- Instalar una Mesa Técnica en el marco del CNR para el análisis de los impactos de las violaciones a derechos humanos en el desarrollo del proceso de reincorporación social y económica y la formulación de políticas públicas que permitan superarlos. Se deberá atender a los enfoques territorial, étnico, de género y etario.
- Asegurar la acción articulada e integral del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP), priorizando la implementación del Decreto 660 de 2018 a través del cual se crea el Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones en los territorios con presencia de población en reincorporación y el pleno funcionamiento de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección en los términos de las funciones establecidas en el Decreto 300 de 2017.
Sobre el acceso a derechos y las dinámicas territoriales de la reincorporación
- Activación de todas las rutas habilitadas en el ordenamiento jurídico para facilitar el acceso en propiedad a la tierra para el desarrollo de las iniciativas productivas, en los términos de lo planteado en el Conpes 3931 de 2018, como base de la sostenibilidad del proceso de reincorporación económica a mediano y largo plazo.
- Diseñar en el marco del CNR un plan de choque para la atención especial de los ETCR y NAR que debido a razones de seguridad o barreras de acceso a la tierra deben ser reubicados, en aras de acelerar los tiempos y generar condiciones mínimas de habitabilidad.
- Revisar las restricciones introducidas por la Resolución 4309 de 2019 en materia de acceso a derechos sociales (educación, salud, vivienda, etc.) a la luz de lo planteado en los Decretos 899 y 897 de 2017 y en el Conpes 3931 de 2018.
- Fortalecimiento de procesos asociativos, de economía solidaria y cooperativismo como motor de las dinámicas colectivas del proceso de reincorporación.
- Tratamiento en igualdad de condiciones en materia de acceso a derechos a todos los firmantes del Acuerdo de Paz, sin distinción de su ubicación territorial en ETCR o por fuera de ellos.
