Los firmantes del Acuerdo final de paz, que comparecemos ante la Jurisdicción Especial para la Paz como excombatientes de las extintas FARC-EP, reconocemos como un importante paso para esclarecer todas las responsabilidades respecto a hechos y conductas ocurridas en el marco del conflicto, la decisión proferida en auto número 125 de 2021, Caso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
La imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a un General, seis oficiales, tres suboficiales del Ejército y a un tercero civil, por los mal llamados “falsos positivos” en la región del Catatumbo, constituye un punto de partida significativo en la determinación y calificación de los hechos más graves y representativos cometidos por agentes de la fuerza pública en el marco del conflicto armado tal y como fue pactado en las negociaciones de paz en La Habana, en la aplicación de un modelo de justicia para la paz destinado a todos los que participaron en graves afectaciones a la población civil.
Queremos recordar que el punto 5 del Acuerdo Final, referido a los derechos de las víctimas y seguridad jurídica, para aquellos que comparecen, establece como principio del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo de los miembros de la fuerza pública. Esto quiere decir que las antiguas FARC-EP y el Estado colombiano pactamos el compromiso de no intercambiar impunidades. En este sentido, los excombatientes hemos cumplido la palabra empeñada.
En el marco del Caso 001, sobre toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, quienes hacíamos parte del antiguo Secretariado de las FARC-EP hemos aceptado en detalle los hechos y conductas ocurridos en el marco de las políticas de secuestro. Hemos reconocido, además, el dolor causado a las víctimas y sus familiares y nos hemos comprometido ampliamente con la no repetición de estas conductas.
Bajo esta perspectiva, en la medida en que avance la investigación del Caso 03, invitamos de manera reflexiva a los estados mayores de la época y a los civiles máximos responsables de estas conductas a asumir las responsabilidades que correspondan, y a la JEP determinar estos hechos y conductas.
Aunque se han identificado pocos responsables, confiamos en que la JEP irá identificando con celeridad a todos los actores que participaron y ocasionaron este número tan alto de victimizaciones, no solo a los responsables desde el punto de vista regional, sino también a los máximos responsables del patrón macro criminal del asesinato de civiles y su presentación como “bajas en combate” por parte de agentes de la fuerza pública a nivel nacional, como ha ocurrido con el modelo de imputación adjudicado a las FARC-EP en calidad de ejército irregular.
Con el esclarecimiento de todas las responsabilidades, incluidas las de las élites políticas, económicas y militares del Estado colombiano, caminaremos en dirección a dar cumplimiento de manera integral a lo establecido en el Acuerdo Final respecto a graves conductas ocurridas en el marco del conflicto armado por parte de todos los actores involucrados.
Bogotá 7 de julio de 2021.
