Comunicado a la opinión pública
Las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, ponen en evidencia la política del actual gobierno: la simulación de la implementación del Acuerdo Final de Paz, a través de su programa de paz con legalidad, y la medición de resultados con base en gastos, cifras que ignoran el impacto de la violencia en las comunidades donde se ubican los firmantes de paz.
Recientemente, la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional frente al tema de seguridad. El gobierno y el Estado no han protegido la vida, seguridad e integridad de los exguerrilleros y sus familias.
En el comunicado 01 del 27 de enero de 2022, sentencia SU020-22, entre otras cosas, ordenó: Acompañar sus acciones de un lenguaje concordante con las obligaciones que se desprenden del ordenamiento jurídico, asertivo, respetuoso, constructivo, empático y generador de confianza para que no refuercen imaginarios sociales y culturales de estigmatización y odio.
En lo que parece la continuidad del proceso de estigmatización, el Alto Comisionado Restrepo asegura, ante un medio nacional, que cumple con los compromisos en materia de seguridad y cita cifras sobre el gasto económico para el mantenimiento de los esquemas de protección. Usa como ejemplo del supuesto gasto a Pastor Alape, delegado del Partido Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), convirtiéndolo en el blanco de quienes le siguen apostando al productivo negocio de la guerra.
Aún más, las cifras reales de financiamiento no alcanzan lo citado por el Alto Comisionado, durante el 2020 el presupuesto de la subdirección fue de 136 mil millones de pesos y para 2021 fue de 113.732.307.451 pesos.
El Alto Comisionado y el gobierno olvidan que el Acuerdo Final es una política de Estado que debe cumplirse de buena fe. También, que la situación de orden público se ha deteriorado durante su gestión. Entre otras razones, por la falta de voluntad para convocar de manera regular la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la activación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, así como para avanzar en la formulación de política pública en materia de seguridad a partir de estas instancias.
Un doloroso ejemplo de ese deterioro de la seguridad e incumplimiento por parte del Estado es lo acontecido el sábado 12 de febrero con el esquema de nuestra compañera Lucila Moreno Páez en San Vicente de Caguán. En horas de la noche, el esquema de seguridad asignado para su cuidado fue abordado a las afueras del hotel Casablanca por personas de armadas de civil. Las pruebas audiovisuales recopiladas demuestran que el esquema fue atacado por la espalda sin menguar palabra y posteriormente accionado con armas de fuego. Posteriormente el ataque fue repelido e inició un intercambio de disparos que dejó el desafortunado saldo de una menor de edad muerta y heridos a varios atacantes y al personal de la UNP.
Lo más preocupante y que vulnera la misión estatal de proteger la vida es que posteriormente se identificó a los agresores como miembros activos de civil de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Nos preguntamos qué estaban haciendo miembros activos de las fuerzas de seguridad del Estado sin identificación y atacando a firmantes de Paz. ¿Qué responsabilidad ante estos hechos tienen el capitán de la Policía de San Vicente del Caguán, Diego Restrepo y el mayor José Alfredo Jiménez, comandante de batallón Bato-70?, ¿Están vulnerando los derechos de los firmantes de paz por cuenta propia o están obedeciendo órdenes de sus superiores?
Nos enfrentamos a una de las muchas acciones que evidencian el fracaso de un gobierno que se negó a valorar la paz e implementar el Acuerdo. Vivimos una continua crisis humanitaria en el país. Estamos frente a un gobierno que se niega a eliminar las causas y los actores que ponen en vilo al país y que asesina a líderes sociales y firmantes de paz.
Exigimos respeto por la vida e integridad de Pastor Alape y Lucila Moreno, y una respuesta oportuna a sus necesidades de seguridad. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los países garantes, al Consejo de Seguridad de la ONU, a los amantes de la paz, para hacer seguimiento a esta situación.
Bogotá, 13 de febrero de 2022.
Consejo Político Nacional
