La madrugada del pasado día jueves 11 de octubre se produjeron dos atentados contra las sedes políticas, del Partido Comunista y la Unión Patriótica; y contra la sede de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, partido surgido del Acuerdo de Paz; en los dos casos, los atacantes dejaron panfletos amenazantes.
Se trata de un hecho muy grave, en medio de una campaña electoral caracterizada por la falta de garantías de seguridad, más allá de las declaraciones de los voceros del gobierno nacional, en las que se afirma que hay garantías para todos los partidos y movimientos políticos.
Lo ocurrido, se suma al asesinato sistemático y las amenazas contra líderes sociales, políticos y exguerrilleros, que se presentan en distintas regiones del país, sin que el gobierno de Iván Duque acierte a dar una respuesta contundente que ponga a buen recaudo los responsables materiales e intelectuales de estos hechos, que atentan contra la paz territorial.
Se trata sin duda, de un aviso terrorista de la extrema derecha fascista, en su intención de reeditar los alevosos ataques contra sedes políticas, que precedieron al asesinato de más de cinco mil dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, en los años 80s y 90s del siglo pasado, constituyendo el genocidio político más aberrante de la historia reciente en el mundo.
No es ninguna casualidad que estos ataques se produzcan a escasos días de haber sido presentado el caso del Partido Comunista Colombiano, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por la persecución histórica que ha sufrido esa organización política hermana; y, a menos de tres semanas de que el nuevo partido se apreste a participar en su primera contienda electoral a nivel local y regional.
Estos ataques, al igual que los asesinatos, vienen precedidos de una fuerte campaña de estigmatización contra los dirigentes y militantes del partido FARC, así como de una ofensiva legislativa, lanzada desde partido de gobierno, dirigida enviar un mensaje de inseguridad jurídica a los firmantes del Acuerdo, lo que pone al descubierto la doble moral del gobierno, al quererse mostrar, ante la opinión nacional e internacional, como proclive a la implementación de lo acordado.
A la vez que exigimos a las autoridades el pronto esclarecimiento de los hechos, hasta dar con los autores intelectuales y materiales, demandamos del Estado cumplimiento integral de los compromisos pactados, incluida la seguridad para el ejercicio de la política.
Llamamos a los sectores democráticos de Colombia, a todos los compatriotas que anhelan la paz, a alzar su voz de rechazo a estos hechos, con el convencimiento que la unidad de las mayorías en torno a la paz, podrá cerrar el paso a quienes quieren regresarnos por el camino de la confrontación fratricida.
A la Segunda Misión de las Naciones Unidas, a los países garantes, al grupo de notables; y, a la comunidad internacional, que nos ha expresado su apoyo, les pedimos permanecer atentos, para no permitir que un reducido grupo que se benefia con la guerra, se interponga en lo que es sin duda, el logro más importante de los últimos años en materia de paz en el mundo.
Consejo Politico Nacional, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Bogotá, octubre 15 de 2019
