La declaración del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por parte de la Corte Constitucional, debido al bajo nivel de implementación del componente de garantías de Seguridad de la población firmante en tránsito a la vida civil –y sus familias–, previsto en el numeral 3.4 del acuerdo final de paz y desarrollado en las normas constitucionales y legales, el pasado 27 de enero de 2022, se constituye en el reconocimiento de la inaplicación de la Constitución Política por parte del gobierno de Iván Duque y su política de Paz con Legalidad.
La llamada Paz con Legalidad no solo no implementó el Acuerdo, sino que desprotegió a población en reincorporación y a los liderazgos sociales, dejando en manos de los múltiples actores violentos la suerte de la población civil.
La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) mantener las medidas de protección individual y colectiva en Nariño, mantener y actualizar las medidas de protección a los tutelantes, reevaluar los diferentes esquemas para mantenerlos o fortalecerlos y, de ser necesario, implementar nuevos esquemas. Recordemos que más de 35 excombatientes fueron asesinados a pesar de encontrarse en Ruta de Protección. Esto significa que existe una responsabilidad del actual gobierno en estas muertes.
Se ordenó al Gobierno nacional que en el término de dos meses se impulsen las acciones necesarias para otorgar las garantías del Sistema Integral de Seguridad. La ejecución de esta orden contará con la participación y aprobación efectiva de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, CSIVI. Además, el gobierno debe iniciar las acciones indispensables para garantizar el funcionamiento de la Instancia de Alto Nivel y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. También ordenó a la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que se adopten medidas concretas para garantizar la articulación entre los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS) y los Programas Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, medidas para evitar la estigmatización y la incorporación del enfoque étnico y de género, entre otras medidas.
Se hizo público el sentido del fallo que da órdenes al gobierno y los entes de control, con el fin de garantizar su adopción y seguimiento, así como la disposición presupuestaria que garantice la implementación de las medidas ordenadas. Así mismo, la Corte Constitucional anunció la creación de una Sala de Seguimiento a las medidas emitidas.
Esta decisión se convierte en la ratificación de las múltiples denuncias que hemos realizado a nivel nacional e internacional, es el llamado a que como sociedad nos sigamos movilizando en defensa del Acuerdo y a que el Estado asuma el Acuerdo final como política de obligatorio cumplimiento.
Como CSIVI componente Comunes, reafirmamos nuestra decisión de acatar y cumplir con esta decisión. Por lo anterior anunciamos que solicitaremos una sesión conjunta con el actual gobierno a efecto de solicitar el cumplimiento de las órdenes acá emanadas, además de la aplicación del punto 3.4 en materia de garantías de Seguridad.
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI)
