La Bancada COMUNES votó en favor de indultar a los jóvenes criminalizados por su participación en la protesta social.
En plenaria de Senado se discutió por segunda vez el proyecto de Paz Total, la propuesta del presidente Gustavo Petro para buscar por la vía del diálogo y negociación una paz integral.
En la jornada, los congresistas de la Bancada Comunes votaron negativo a la proposición de eliminar los artículos que otorgaban al Presidente de la República, la facultad para indultar a los jóvenes criminalizados por su participación en la protesta social. La senadora Imelda Daza manifestó que: “es fundamental el derecho a la protesta que debe ser garantizado por el Gobierno” y nombraron un proyecto de Ley Estatutaria de su autoría, donde se reglamenta y protege el derecho constitucional a la protesta.
La Bancada Comunes, partido que surgió del Acuerdo de Paz, saludó todos los esfuerzos hacia la paz completa, el senador Julián Gallo consideró que: “es necesario en este
momento, que el Congreso de la República demuestre su voluntad de Paz poniéndose a la altura del reto e invitar a las fuerzas sociales y políticas a rechazar todas las expresiones de violencia”.
Al respecto, se pronunciaron también en torno a que el proyecto de Ley de Paz Total se robustece con la implementación integral del Acuerdo de Paz y que junto al proyecto de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, serán un aporte sustancial en la materialización de la paz completa, porque serán un marco jurídico que permita llevar a feliz término el cese de hostilidades y la protección de los derechos de las comunidades más afectadas por la violencia que se sigue presentando en el país.
“Si se quiere la paz total, esta tiene que incorporar a todos los actores armados que están al margen de la ley” dijo en su intervención el senador Omar Restrepo. De otro lado, en relación con el servicio social para la paz, como alternativa al servicio militar obligatorio, se señaló lo que la Corte Constitucional ha expresado: que los jóvenes tienen el deber de prestar un servicio social y a su vez el Estado está obligado a proveer alternativas para contribuir al logro de la paz y en plena garantía de los derechos humanos.
