Comunicado a la Opinión Pública sobre las actuaciones del Fiscal General ante la JEP

Comunicado a la Opinión Pública sobre las actuaciones del Fiscal General ante la JEP

Autor: Consejo Político Nacional

Bogotá, 05 de octubre de 2018

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC- rechaza tajantemente el atropello de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial de Paz llevado a cabo el día de ayer 4 de octubre de 2018. Según una nota de prensa emitida por la misma JEP, la Fiscalía procedió a realizar un allanamiento arrogándose irregularmente capacidad para realizar una inspección judicial sobre el caso 001 que adelanta la jurisdicción, allanamiento ilegal que se llevó adelante el día 4 de octubre de forma compulsiva, sin respetar la independencia judicial de la JEP por norma constitucional, y que tuvo como resultado la confiscación de una copia del expediente del proceso. Además se procedió a notificar a la presidenta de la Sala de Reconocimiento, que tramita el caso, una citación para declarar ante la Fiscalía General de la Nación sobre las actuaciones de dicha Sala en este caso.

Frente a esta diligencia arbitraria, intempestiva e ilegal es necesario ser enfáticos en la independencia judicial inherente a la JEP y el rango constitucional que tiene la misma. Dicha actuación mina la confianza de quienes comparecieron de forma voluntaria a la Jurisdicción Especial de Paz y pone en entredicho las garantías jurídicas que quedaron consignadas en el Acuerdo Final. Vale la pena recordar que la Fiscalía tiene como única función trasladar a la JEP los procesos e investigaciones que se enmarquen en el conflicto armado. Como FARC entendemos al Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y no Repetición y a su órgano judicial, la JEP, como pilares fundamentales del Acuerdo, esta fórmula de Justicia para la Paz pactada entre el Estado colombiano y las FARC debe ser respetada por el bien de la paz de la paz de Colombia.

Con esta esta última actuación de la Fiscalía se han excedido los límites de lo aceptable desde el punto de vista constitucional y político. El actuar de esta institución del Estado viene precedida de constantes injerencias, acosos y coacciones al Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No repetición (SIVJRNR) establecido en el Acuerdo de Paz, así como a los servidores públicos que forman parte de este sistema. Baste recordar la apertura de un procedimiento penal contra la alta funcionaria de la JEP Marta Lucia Zamora y dos contratistas, criminalizando su principal trabajo de poner en marcha el Sistema Autónomo de Asistencia y Defensa (SAAD) cuya creación ha sido establecida por distintas leyes acordadas en el proceso de implementación y convertido en norma constitucional

Igualmente el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez-Neira, ha intervenido sistemáticamente en el proceso de implementación legislativa del Acuerdo de Paz para dejar sin efecto lo acordado. Como ejemplo, a fecha de hoy tiene bloqueada la aprobación del proyecto de ley de tratamientos penales alternativos a pequeños cultivadores, imprescindible para garantizar el éxito de los programas de sustitución voluntaria de cultivos susceptibles de uso ilícito.

También ha impedido la aprobación de las necesarias normas para garantizar la independencia del Director/a de la Unidad Especial de Investigación del Paramilitarismo creada por el Acuerdo de Paz, poniendo a la Directora de esta Unidad bajo su autoridad directa con el resultado ya conocido: trescientos dirigentes sociales y comunitarios asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz así como más de 70 ex guerrilleros y sus familiares. Debido al bloqueo de Martínez Neira, el paramilitarismo sigue vivo y en absoluta impunidad.

A estas últimas amenazas al Estado de Derecho y a la independencia judicial de la JEP, se han sumado seguimientos y amenazas al equipo de defensa que actúan en el marco del Caso 001, en sus casas y lugares de trabajo, así como también panfletos por parte de supuestos grupos paramilitares.

Le exigimos a la Fiscalía General de la Nación que respete la Constitución Política de Colombia, que cese de inmediato estos actos temerarios e inconstitucionales y se abstenga de continuar torpedeando las funciones jurisdiccionales en cabeza de la JEP y de agredir al SIVJRNR. Así mismo les solicitamos a los organismos internacionales pronunciarse sobre el atropello al que viene sometiendo el Fiscal General a la Jurisdicción Especial de Paz. Instamos a sí mismo a la sociedad colombiana a rechazar de forma enfática estas intromisiones y a exigirles a todos los organismos del Estado que respeten el Acuerdo Final de Paz. Por nuestra parte, presentaremos esta situación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones en los próximos días, y solicitaremos la intervención de los organismos de Derechos Humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC-



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