08 Jul Comunicado sobre los primeros avances de la JEP con respecto a los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado
Los firmantes del Acuerdo final de paz, que comparecemos ante la Jurisdicción Especial para la Paz como excombatientes de las extintas FARC-EP, reconocemos como un importante paso para esclarecer todas las responsabilidades respecto a hechos y conductas ocurridas en el marco del conflicto, la decisión proferida en auto número 125 de 2021, Caso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
La imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a un General, seis oficiales, tres suboficiales del Ejército y a un tercero civil, por los mal llamados “falsos positivos” en la región del Catatumbo, constituye un punto de partida significativo en la determinación y calificación de los hechos más graves y representativos cometidos por agentes de la fuerza pública en el marco del conflicto armado tal y como fue pactado en las negociaciones de paz en La Habana, en la aplicación de un modelo de justicia para la paz destinado a todos los que participaron en graves afectaciones a la población civil.
Queremos recordar que el punto 5 del Acuerdo Final, referido a los derechos de las víctimas y seguridad jurídica, para aquellos que comparecen, establece como principio del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo de los miembros de la fuerza pública. Esto quiere decir que las antiguas FARC-EP y el Estado colombiano pactamos el compromiso de no intercambiar impunidades. En este sentido, los excombatientes hemos cumplido la palabra empeñada.
En el marco del Caso 001, sobre toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, quienes hacíamos parte del antiguo Secretariado de las FARC-EP hemos aceptado en detalle los hechos y conductas ocurridos en el marco de las políticas de secuestro. Hemos reconocido, además, el dolor causado a las víctimas y sus familiares y nos hemos comprometido ampliamente con la no repetición de estas conductas.
Bajo esta perspectiva, en la medida en que avance la investigación del Caso 03, invitamos de manera reflexiva a los estados mayores de la época y a los civiles máximos responsables de estas conductas a asumir las responsabilidades que correspondan, y a la JEP determinar estos hechos y conductas.
Aunque se han identificado pocos responsables, confiamos en que la JEP irá identificando con celeridad a todos los actores que participaron y ocasionaron este número tan alto de victimizaciones, no solo a los responsables desde el punto de vista regional, sino también a los máximos responsables del patrón macro criminal del asesinato de civiles y su presentación como “bajas en combate” por parte de agentes de la fuerza pública a nivel nacional, como ha ocurrido con el modelo de imputación adjudicado a las FARC-EP en calidad de ejército irregular.
Con el esclarecimiento de todas las responsabilidades, incluidas las de las élites políticas, económicas y militares del Estado colombiano, caminaremos en dirección a dar cumplimiento de manera integral a lo establecido en el Acuerdo Final respecto a graves conductas ocurridas en el marco del conflicto armado por parte de todos los actores involucrados.
Bogotá 7 de julio de 2021.
