El Partido Comunes manifiesta gran preocupación ante el repunte de la violencia paramilitar, la indiferencia y participación estatal en muchos casos, dejando como saldo asesinatos de jóvenes, defensores y defensoras de derechos humanos, firmantes de paz y liderazgos sociales. Por acción u omisión, el Estado colombiano es responsable al no proteger la vida y desmantelar estas organizaciones criminales, tal como lo establece la legislación colombiana y el Acuerdo final para una Paz estable y duradera firmado en 2016.
Son escalofriantes las cifras y los hechos que rodean el exterminio que hay en marcha contra quienes pensamos diferente. No son hechos aislados, todo hace parte de una misma doctrina de seguridad que entiende el pensamiento divergente como “subversión” y por tanto un enemigo a exterminar. Producto de esto, hay una fuerte estigmatización contra la juventud, haciendo que haya más de 80 asesinatos de manifestantes del Paro Nacional reciente, en su gran mayoría jóvenes; también, que desde la firma del Acuerdo de Paz hace casi 5 años, contemos más de mil líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados en todo el territorio nacional. A esto se suma la desgarradora cifra de 278 personas que firmaron el Acuerdo de Paz asesinadas.
¿Podemos hablar de hechos aislados? Claro que no, son sistemáticos y responden a patrones y formas de acción con víctimas claramente definidas. En los últimos días fueron asesinados: el firmante de paz JESÚS DANILO MORA LONDOÑO en el departamento de Putumayo por sujetos desconocidos; en Purificación, Tolima, JUAN DAVID VALLESTEROS y otra persona a manos del grupo “AUC”, que ingresó por municipio de Prado, pintando algunas fachadas y decomisando un vehículo para llegar al lugar del crimen. A esto se suma que en La Jagua de Iribico, Cesar, el 20 de julio ocurrió un atentado contra el líder sindical RICARDO JOSÉ DAZA ROJAS, exvicepresidente del Sindicato de Drummond, quien en días anteriores visitó el Espacio de Reincorporación de Tierra Grata, en el mismo departamento. Esto sólo para mencionar algunos hechos que suceden diariamente en Colombia.
Exigimos al Estado colombiano proteger la vida y nos sumamos a los millones de voces de la comunidad nacional e internacional, una vez más, que claman para que haya paz en Colombia, así como lo manifestamos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado 3 de julio de 2021 y como también lo ha reiterado la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. La seguridad es con garantías y condiciones integrales que permitan convivir en un país que quiere y merece transitar hacia una paz completa y con justicia social. El Estado colombiano en cabeza de Iván Duque Márquez debe desmantelar los grupos armados sucesores del paramilitarismo como lo establece la ley y el Acuerdo final de Paz. Se debe proteger la vida de todas y todos los colombianos.
Señor Presidente, nuestra propuesta es concreta, cumpla integralmente el Acuerdo de Paz. Las garantías para la participación política no han sido cumplidas a cabalidad y no son sólo para nosotros, son para que nadie pierda la vida por expresar sus ideas. Debemos avanzar en la consolidación de un pacto político nacional que aparte la violencia de la política y construir una verdadera democracia. Cuente con nosotros para eso.
