“No nos cansaremos de señalar que el acuerdo no fue concebido exclusivamente para los exguerrilleros y exguerrilleras, sino para el conjunto de la sociedad colombiana”
Durante los días del 14 al 16 de diciembre, se reunió en Melgar, Departamento del Tolima, el III Pleno del Consejo Nacional de los Comunes, el cual contó con la asistencia y participación de 81 mujeres y hombres dirigentes del Partido, provenientes de toda la geografía nacional, con el propósito de analizar la coyuntura política, la construcción partidaria, el estado de la implementación y la reincorporación, y de trazar los derroteros de nuestra acción política para el 2019. Tras las deliberaciones del Pleno, declaramos:
1. A más de cuatro meses de iniciado el nuevo cuatrienio presidencial, existen suficientes elementos de análisis para comprobar que se está frente a un gobierno de continuismo del modelo económico neoliberal, imperante en nuestro país durante las últimas décadas. Así lo evidencian, entre otros, la regresiva reforma tributaria que está por ser aprobada por el Congreso de la República, y particularmente las bases del Plan Nacional de Desarrollo para el período 2018-2022. Estímulo a las economías de extracción minero-energética, profundización del agronegocio, favorecimiento del sector financiero, conjugados con la retórica del emprendimiento y de la llamada economía naranja, son los pilares sobre los cuales descansan las principales orientaciones económicas del Gobierno. De las políticas anunciadas en el PND, más que equidad, lo que debe esperarse es la persistencia y acentuación de las desigualdades de la sociedad colombiana y la agudización de los conflictos derivados de la profundización y extensión territorial del modelo económico.
2. Aunque el Gobierno ha pretendido presentarse ante a la opinión pública dentro del espectro del centro político, en realidad responde a los lineamientos de la derecha y de sus sectores más extremistas; se encuentra articulado con las estrategias de la derecha transnacional y del gobierno de los Estados Unidos para la Región, y hace parte de la cruzada por la recuperación de las posiciones perdidas por las clases dominantes en Nuestra América en los lustros anteriores, por cuenta de gobiernos democráticos y progresistas. Más allá de los magros resultados del Gobierno en materia legislativa, debe destacarse su intención restrictiva de la organización y el funcionamiento de un orden verdaderamente democrático, y la pretensión de posicionamiento de las políticas de seguridad en la primera línea de la agenda política.
3. La presidencia de Duque es la expresión de un proyecto político mediocre y en declive en popularidad, que cabalgó sobre un enemigo inventado y magnificado, y sobre las mentiras acerca del Acuerdo de paz y su implementación. De cara a los efectos políticos y culturales de los acuerdos de La Habana que trazan una senda de construcción de paz, de alcance distinto a la hasta ahora implementación precaria, el Gobierno no parece encontrar una salida diferente a la de persistir en los viejos propósitos de la “seguridad democrática”, con nuevas formas y renovado lenguaje. Ello explica en buena medida su posición actual frente al Acuerdo de paz y su implementación, en la que es apreciable una gran brecha entre el discurso y la actuación gubernamental.
4. La consistencia del Acuerdo; su protección jurídica, constitucional y a la luz del derecho internacional; los avances de la implementación, así sean magros; el incontrovertible cumplimiento de las FARC-EP y ahora de nuestro Partido; el apoyo de importantes sectores de la sociedad colombiana, y la presencia de la comunidad internacional con un orden normativo y con instituciones de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, constituyen todos un conjunto de vectores que obligaron al Gobierno a incorporar en su lenguaje el compromiso con la implementación y la reincorporación. Pero debemos decirlo enfáticamente, más que la intención de cumplir con lo acordado, lo que estamos apreciando hasta el momento es un singular asedio para socavar los fundamentos de lo convenido, en el que se conjugan las más variadas y pérfidas modalidades.
5. Siempre hemos tenido claro que la implementación es un campo en disputa y que ésta tendrá mayores alcances y desarrollos, si es apropiada por las grandes mayorías y se sustenta en la organización y la movilización social y popular. No nos cansaremos de señalar que el acuerdo no fue concebido exclusivamente para los exguerrilleros y exguerrilleras, sino para el conjunto de la sociedad colombiana. De nuestra parte, en este Pleno hemos reafirmado el compromiso irrestricto con lo acordado. Nos regimos por el principio de “pacta sunt servanda”; los “acuerdos son para cumplirlos”. No ahorraremos esfuerzo alguno para hacer valer este principio, incluyendo las acciones nacionales e internacionales, políticas y jurídicas, que nos brinda el Acuerdo. Esa es parte importante de nuestra acción política presente. Exhortamos al gobierno del Presidente Duque a que transite la senda del cumplimiento de la implementación y no el camino de la consumación de la perfidia.
6. El proceso de reincorporación socioeconómica atraviesa un momento crucial en el que se precisan definiciones urgentes de política pública comprensivas del ofrecimiento de condiciones materiales que garanticen la normalización de la vida cotidiana de quienes estuvimos alzados en armas. Para ello se requiere un entendimiento de la reincorporación en la que los ETCR y las nuevas áreas de reincorporación – ARN se comprendan articuladas con las dinámicas territoriales, concebidas como procesos de construcción social y colectiva. Sin el acceso a la tierra será imposible poner en marcha proyectos productivos con alguna perspectiva de sostenibilidad de mediano y largo plazo. Los pocos avances logrados hasta ahora en este campo se explican esencialmente por el compromiso y el trabajo de los exguerrilleros y exguerrilleras y los apoyos localizados de la comunidad internacional. Mientras el Estado no cumpla con sus compromisos para la estructuración de salidas dignas y sostenibles, deberán mantenerse las asistencias convenidas en el Acuerdo de paz, incluida de los ETCR, de la renta básica y el suministro de alimentos. Las orientaciones del CONPES de reincorporación deber hacerse realidad.
7. La reincorporación política ha tenido que sortear toda suerte de vicisitudes. Valoramos la existencia de nuestro Partido como organización política legal y la presencia decorosa de nuestra bancada en el Congreso de la República. Saludamos el fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca que tuteló los derechos del Partido y obligó a la recuperación de la curul despojada a Jesús Santrich, por cuenta del montaje urdido por la Fiscalía y la justicia estadounidense. Pero advertimos sobre la persistente situación de inseguridad jurídica y física; denunciamos el asesinato de 89 exguerrilleros; reclamamos la definición de la situación 1.111 los camaradas aún reconocidos como integrantes de las FARC-EP; demandamos la liberación de 412 exguerrilleros y exguerrilleras que todavía se encuentran en la cárcel, de Sonia y de Jesús Santrich símbolos de la arbitrariedad y de la injusticia. Todo ello constituye una vulneración de nuestros derechos políticos y de las condiciones convenidas para el tránsito a la vida política legal. Exigimos igualmente la liberación y repatriación de nuestro camarada Simón Trinidad.
8. 2019 será el año de celebración de los 200 años de nuestra primera independencia. La tarea de la segunda y definitiva independencia se encuentra dentro de nuestro horizonte político. En 2019 estamos comprometidos en contribuir -con espíritu unitario- a la organización de las luchas y de la movilización social y popular en campos y ciudades. Aportar al despliegue de las más diversas expresiones de resistencia y descontento constituye una de nuestras prioridades. La reciente movilización estudiantil -con sus diversas organizaciones, sus renovados y frescos liderazgos, y sus logros-, constata la vigencia de la acción política en la calle y la demostración de que si se actúa en torno a propósitos comunes, así haya diferencias, es posible lograr avances democráticos y por el buen vivir y el bienestar de las grandes mayorías. Particular atención merecerán las aspiraciones campesinas, de los pueblos étnicos y de las mujeres. Enfrentar la guerra contra las comunidades rurales por efecto del retorno de las políticas de aspersión aérea contra los cultivos de uso ilícito, de los conflictos socioterritoriales derivados del extractivismo depredador; reivindicar el acceso a la tierra y la normalización de la propiedad de pequeños y medianos productores, demandar la puesta en marcha de los PDET, construir movimiento por la materialización de la Reforma Rural Integral, todo ello se encuentra en el centro de nuestras preocupaciones políticas. A lo cual se agrega nuestro propósito de poner a disposición de la lucha por la materialización de los derechos en los centros urbanos todos nuestros acumulados organizativos. La discusión en el Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo abre la posibilidad de coordinar y articular las más diversas aspiraciones del campo popular, además de enfrentar los propósitos del continuismo neoliberal. La lucha contra la corrupción estructural del régimen imperante y su impunidad hacen parte igualmente de nuestras prioridades.
9. Las elecciones de 2019 en departamentos y municipios representan una oportunidad para consolidar los avances obtenidos por sectores democráticos, progresistas y de izquierda en las elecciones parlamentarias y presidenciales. La existencia por primera vez de una nutrida bancada parlamentaria ha demostrado la importancia de una representación política alternativa en el Congreso de la República, más allá de sus evidentes limitaciones. La coordinación, la articulación y las coincidencias transitorias han posibilitado, junto con otros sectores de los partidos del establecimiento, detener algunos despropósitos normativos y pretensiones de revisión sustantiva de los acuerdos. Ese ejemplo, extendido a los entes territoriales, puede abrir la posibilidad de acceder a gobiernos locales de carácter democrático y progresista, así como garantizar una importante presencia en los órganos de representación, asambleas departamentales y concejos municipales. De nuestra parte trabajaremos por acuerdos programáticos, con candidaturas propias, cívicas o de convergencia política democrática, escogidas bajo reglas de juego que contemplen la más amplia participación, baja el principio de la unidad no excluyente. Ofrecemos nuestros contingentes territoriales para la consolidación de procesos unitarios del campo popular y democrático, que reconozcan la existencia de nuestro Partido y sus aspiraciones programáticas.
10. En 2019 tendremos que redoblar los esfuerzos por la movilización para materialización de condiciones de seguridad en los territorios y las comunidades que los habitan, y de las garantías para la movilización y la protesta social. Es hora del nunca más contra el asesinato de líderes sociales, hombres y mujeres, y con ello del debilitamiento de las organizaciones sociales y populares. Se precisa el cese de la desidia estatal y la puesta en marcha de políticas y acciones para el desmonte de estructuras criminales de carácter paramilitar, la mayoría de ellas contenidas en los Acuerdos de La Habana. Debe cesar la represión violenta y desmedida contra la movilización y la protesta social. Es hora de disolver el ESMAD.
10. Se ha podido constatar que, pese a dificultades y obstáculos de diversa índole y naturaleza, se ha asistido a un proceso de consolidación de la estructura del Partido y de normalización tanto de los órganos de dirección en sus diferentes niveles, como de la misma militancia. Aunque persisten problemas internos y hay limitaciones evidentes, con tareas pendientes particularmente en el campo de la educación, consideramos que hoy contamos con una organización partidaria sólida y unificada. Reconocemos que es preciso ejercer mayor liderazgo y protagonismo, así como darle mayor dinamismo a nuestra capacidad de diálogo e interlocución política.
11. Expresamos nuestra honda preocupación por el rol gendarme que juega el país como miembro asociado de la OTAN, así como por la política exterior del gobierno de Duque frente a países hermanos, en la medida en que con su actividad injerencista contribuye a amenazar el propósito de la CELAC de hacer de Nuestra América un territorio de paz. Frente a la compleja situación de Venezuela reafirmamos nuestra solidaridad con la revolución bolivariana y el pueblo del hermano país; la solución de tal situación debe ser resuelta por la vía del diálogo, atendiendo los principios de la no intervención y de la autodeterminación. Exigimos la normalización de las relaciones diplomáticas; la incomunicación impuesta por el gobierno de Duque incrementa los riesgos de la confrontación. Rechazamos las acciones inamistosas frente a Cuba, país comprometido a fondo con la paz de Colombia, al pretender ponerlo en situaciones de peligroso alcance, por cuenta de acciones previamente concertadas con el gobierno colombiano para facilitar las conversaciones con el ELN.
12. Exhortamos al inmediato restablecimiento de los diálogos con el ELN, al reconocimiento de lo avanzado por las partes. La construcción de la paz en nuestro país pasa por la implementación de los Acuerdos de La Habana y por la solución política con el ELN. Asimismo, demanda la generación de condiciones para la superación de otros factores de violencia.
13. A la comunidad internacional, a los países garantes, Cuba y Noruega, a la segunda Misión de la Naciones Unidades, a la Unión Europea, y en general a todas las instituciones y organizaciones acompañantes de la implementación del Acuerdo, nacionales e internacionales, nuestro reiterado agradecimiento. En el momento actual, su compromiso con el Acuerdo de paz ha sido de vital importancia para garantizar la continuidad del proceso. Su presencia nos da mayores alientos para continuar con la brega por la implementación.
Melgar, 16 de diciembre de 2018
