07 Nov Las extintas FARC-EP no cometieron actos de esclavitud
Nosotros, los firmantes del Acuerdo Final de Paz, integrantes del último Secretariado de las FARC EP, continuamos honrando el compromiso que suscribimos en La Habana. Siempre hemos tenido la intención de poner fin a la guerra, aun cuando después de dejar las armas tengamos casi trescientos firmantes asesinados y múltiples desplazados y desaparecidos. Cumplir el acuerdo es un deber ético, jurídico y revolucionario, que seguimos reafirmando en la escucha sincera de las víctimas y sus demandas. Es por las víctimas y por nuestro compromiso con un país en paz que mantenemos nuestra voluntad de reconocimiento, pese a las adversidades y los incumplimientos del Estado en la implementación del acuerdo.
El macro caso 01 ha sido para nosotros una posibilidad de reflexionar sobre la errada política de secuestro que en su momento adoptamos. Hemos reconocido con sinceridad que estos hechos, por su gravedad, son crímenes de guerra y de lesa humanidad. En nuestra respuesta al Auto 019 reiteramos el reconocimiento del dolor que causamos a las víctimas al privarlas de su libertad y atentar en contra de su dignidad; someter a sus familias al sufrimiento por la incertidumbre del paradero de sus allegados, y el haber truncado sus proyectos de vida.
Por todas estas razones y porque está en juego la dignidad de quienes firmamos, estamos cumpliendo con lo pactado en el Acuerdo y hemos tomado conciencia de nuestros errores, no compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados sean ahora calificadas como esclavitud. Sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las FARC-EP fue una
organización esclavista.
Hemos llevado a cabo más de doscientos actos de reconocimiento de manera unilateral, donde escuchamos a las víctimas, conmoviéndonos profundamente con su dolor. Desde nuestra ética revolucionaria aceptamos responsabilidad, pese a que algunos sectores de la sociedad han querido desconocerlo o desinformar al respecto.
El sentido de la Jurisdicción debe ser el de materializar una Justicia para la Paz y la reconciliación, que acoja realmente el enfoque restaurativo y no el punitivista de los Tribunales Penales. En este escenario, el rol del juez transicional debería ser garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y al mismo tiempo buscar que sus decisiones allanen el camino de la paz estable, duradera y completa, como lo pactamos en el Acuerdo Final, firmado entre la insurgencia y el Estado colombiano.
Porque no compartimos la nueva calificación propuesta por la Procuraduría y aceptada por la Sala de Reconocimiento de la JEP, hemos decidido interponer los recursos que contempla la ley y el Acuerdo. Reiteramos nuestra voluntad de seguir aportando toda la verdad y seguir construyendo la paz que anhela el pueblo colombiano.
Los comparecientes: Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime A. Parra, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel.
