El anhelo del país de alcanzar una paz estable y duradera se funda en el reconocimiento de la necesidad de superar el conflicto armado
El Concejo Político Nacional, órgano ejecutivo de la recién creada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, valora positivamente el pronunciamiento del jefe máximo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, anunciando su disposición de acogerse a la justicia, como contribución al clima de paz y reconciliación que se vive en Colombia, a la vez que expresa la decisión de su organización, de respetar los procesos de paz entre el Estado y las FARC-EP; así como el que se desarrolla con el ELN.
Dicho anuncio, conocido a pocas horas de la llegada al país del Papa Francisco, recoge lo contenido en el Acuerdo Final de La Habana cuando menciona que:
“El anhelo del país de alcanzar una paz estable y duradera se funda en el reconocimiento de la necesidad de superar el conflicto armado. El Gobierno Nacional y el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, se comprometen a promover un Pacto Político Nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la Nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, sindicatos, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, las iglesias, confesiones religiosas, organizaciones basadas en la fe y organizaciones del sector religioso, la academia e instituciones educativas, las organizaciones de mujeres y de población LGBTI, de personas en condición de discapacidad, jóvenes, los pueblos y comunidades étnicas, las organizaciones de víctimas y de defensoras y defensores de derechos humanos y las demás organizaciones sociales.
“Este Pacto Político Nacional que deberá́ ser promovido desde las regiones y sobre todo en las más afectadas por el fenómeno, busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más, se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos/as vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad. En este sentido, el Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o practicas paramilitares y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias. Además, se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos/as”.
Bogotá, septiembre 5 de 2017
