Rodrigo Londoño – Timo
Dos años atrás, en el Teatro Colón, firmamos con el Presidente Juan Manuel Santos el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Seis días más tarde, el Congreso de la República en pleno lo refrendó en su totalidad, y luego, mediante sentencia judicial, la Corte Constitucional lo declaró exequible.
De ese modo, por decisión voluntaria, sin que hubiera mediado ninguna clase de imposición, el Estado colombiano y las FARC-EP, tras una discusión que se llevó cinco años de encuentros y desencuentros, conseguimos sellar la fórmula de solución al más largo conflicto armado del continente. 53 años de enfrentamientos a muerte llegaron así a su fin. Estado y FARC nos comprometimos a sacar las armas de la actividad política.
Desde luego que hacer posible la solución política al conflicto implicaba examinar las causas del mismo y la forma de solucionarlas. Por eso la Agenda pactada para la Mesa de Conversaciones de La Habana y luego el Acuerdo Definitivo contemplaron y definieron medidas concretas sobre asuntos específicos como la Reforma Rural Integral, el problema de las drogas visto en su integralidad, la Participación Política y los Derechos de las Víctimas de la violencia.
No se trató, como quisieron interpretarlo luego algunos, de la capitulación de la insurgencia, de su simple dejación de armas y su sometimiento al ordenamiento que combatió por décadas. El documento que firmamos el 24 de noviembre de 2016 es un verdadero tratado de paz, un conjunto de transformaciones institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales que el Estado reconoció como necesarias e imprescindibles para superar el pasado, a cambio de las cuales la guerrilla aceptó convertirse en un partido político legal cuya única arma sería la palabra.
El Acto Legislativo número 002 de 2017, incorporó a la Constitución Nacional la obligación de garantizar la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo Final, norma declarada exequible por la Corte Constitucional, quien además determinó que “las instituciones y autoridades del Estado” tienen, entre otras, la obligación constitucional de “cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”.
El Acuerdo de La Habana se halla más que blindado ante las normas del derecho interno, no puede ser modificado ni alterado a capricho de legisladores, gobernantes o intérpretes. Característica que además se deriva de los compromisos que ambas partes, por su libre voluntad, convinieron conferirle en el plano del derecho internacional.
El Acuerdo se firmó en su integridad como Acuerdo Especial del Articulo 3 Común de las Convenciones de Ginebra de 1949 y fue depositado ante el Consejo Federal Suizo en Berna, organismo depositario de las citadas Convenciones. Sobre él se efectuó una Declaración Unilateral del Estado colombiano realizada por el Presidente de Colombia ante las Naciones Unidas, obligando a Colombia al cumplimiento y respeto del Acuerdo Final.
Además, el texto íntegro del Acuerdo Final fue incorporado a un documento oficial anexo a la Resolución 2261 (2026) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todo lo cual significa que ninguna institución o autoridad del Estado está autorizada o legitimada para incumplir lo acordado, y si lo hicieran deberán asumir que no se trata de “mejoras” introducidas, sino de alteraciones unilaterales que rompen el Acuerdo Final de 24 de noviembre de 2016.
Cuando un Estado, de conformidad con las reglas del derecho internacional, suscribe un Acuerdo, queda irremediablemente obligado a cumplirlo, en aplicación del principio universal de pacta sunt servanda. Tampoco puede modificarlo a su capricho de manera unilateral. Nuestro partido, de manera pacífica, invocando la autoridad que le confiere el riguroso cumplimiento de lo pactado, reitera nuevamente su posición, el Estado colombiano está obligado a honrar su palabra.
Y no en uno o dos aspectos de lo firmado, sino absolutamente en todo. Mal haríamos nosotros en afirmar que nada se ha cumplido. De hecho, si estamos aquí, en este acto, conmemorando los dos años de la firma del Acuerdo Definitivo, es porque gozamos de garantías suficientes para hacerlo. Fuimos amnistiados, se levantaron las órdenes de captura que teníamos en contra, pudimos celebrar nuestro congreso fundacional como partido político, tomamos parte en la campaña política al Congreso, contamos con senadores y representantes.
Son múltiples y de diversa naturaleza los puntos pactados que se han ido implementando con el tiempo. Pero tanto el país como la comunidad internacional son testigos de las dificultades que hemos encontrado a todo momento. Poco nos ha sido reconocido de manera espontánea, hemos tenido que reclamar y luchar por casi todo. De hecho tenemos aún casi cuatro centenares de los nuestros retenidos en las cárceles, librando muchos de ellos huelgas de hambre, en exigencia de una libertad que se ordenó en leyes y decretos, pero de la que no se han beneficiado.
Partidos enteros y personajes de la vida nacional se han empeñado en atravesarse de uno u otro modo para impedir el desenvolvimiento normal de lo acordado. Celadas y embestidas frontales se han repetido durante el paso de los acuerdos por el legislativo. Las interpretaciones de la Corte Constitucional excedieron más de una vez los contenidos acordados. El Fiscal General, seriamente cuestionado por la nación, no dilapida ocasión para ensañarse contra el Acuerdo, e incluso contra nuestra buena fe, en exhibición pública de rencor e intolerancia.
Por eso nuestro camarada Jesús Santrich permanece detenido y amenazado con su extradición, pese a la flaqueza de la acusación que se le hace. Por eso la desconfianza que apareció en muchos otros. Al fin y al cabo la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo judicial pactado en La Habana y al cual nos comprometimos a comparecer, viene siendo víctima de virulentos ataques, que buscan deslegitimarla y deformarla, en aras de garantizar la impunidad para ciertos personajes, al tiempo que se pretenden condenas ejemplares contra nosotros.
En un desmedido esfuerzo de síntesis, podríamos intentar recordar los puntos firmados en el Acuerdo Definitivo, para hacer una ligera comparación con la realidad que vivimos a dos años de su suscripción. De los tres componentes del punto uno, Reforma Rural Integral, vistos uno a uno, es muy poco lo realmente implementado. Sobre acceso y uso de la tierra, cabe preguntar por el Fondo de tierras, los subsidios y créditos a campesinos para acceder a ellas, por el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina, por el catastro multipropósito o la jurisdicción agraria.
Poco se conoce de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, mientras que de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral falta todo por implementar. La infraestructura de vías, la electrificación rural, la conectividad, el desarrollo rural en salud, educación y construcción o mejoramiento de vivienda. Los estímulos a la economía campesina, la asistencia técnica, los subsidios y créditos, la protección social, la garantía progresiva del derecho a la alimentación.
Las garantías previstas para la oposición política son pocas. A duras penas se aprobó el estatuto para la Oposición, mientras son débiles los componentes del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. El elevadísimo número de líderes y lideresas sociales asesinados, y el de los exguerrilleros ultimados violentamente, son el mejor argumento para describir la situación del punto de Garantías de Seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.
No creemos que pueda hablarse de un cambio en materia de garantías para la movilización y la protesta. Las recientes actuaciones del ESMAD lo ponen de presente. Igual puede decirse de las Garantías para la Reconciliación y la Convivencia. Los estigmas contra nosotros como nuevo partido político y contra otras fuerzas opositoras siguen siendo la conducta de importantes sectores políticos. ¿Qué tal si mencionamos la reforma del régimen y la organización electoral o las circunscripciones transitorias especiales de paz previstas en el punto de participación política?
El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el tratamiento diferencial a pequeños cultivadores, los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, el Programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito en Parques Nacionales Naturales, la política de salud frente al consumo y los distintos puntos acordados como solución al problema del narcotráfico, son despreciados frente a las fumigaciones y la erradicación forzada que pregonan las autoridades hoy.
En cuanto al Acuerdo sobre víctimas, quizás el componente más desarrollado, pese a sus enormes falencias, es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición. Sobre este último aspecto cabe recordar que se sostuvo siempre que las Garantías de No Repetición serán resultado de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general del cumplimiento de todos los puntos del Acuerdo Final.
Del mismo modo no vemos que se haya desarrollado el compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. De allí que sostengamos que la deuda del Estado colombiano con el movimiento popular de oposición, con las organizaciones sociales, con los defensores y defensoras de derechos humanos, con las víctimas, con los campesinos, indígenas y comunidades negras, al igual que con los ex guerrilleros y ex guerrilleras sigue siendo muy alta.
Frente a estas situaciones nuestra actitud no es negativa. Somos revolucionarios, comprendemos la naturaleza de la lucha de clases y de los intereses que se cruzan a la hora de dar solución a los clamores más sentidos del pueblo colombiano. No es de ahora que las clases dominantes faltan a su palabra. Bastantes ejemplos nos brinda la historia. Sabemos que frente a eso la única y mejor alternativa es la lucha de los de abajo, su protesta, su movilización, su decisión de hacer cumplir lo acordado. A los comuneros perseguidos de Galán, siguió el triunfante Ejército de Bolívar.
Los anhelos populares no se detienen, no se aplastan. Estamos convencidos de que el pueblo colombiano, con el respaldo de la comunidad internacional que tantos esfuerzos dedicó a la concreción de este Acuerdo de Paz, logrará que lo pactado termine cumpliéndose al pie de la letra. La sangre, la violencia, la guerra, la persecución y el odio tienen que quedar definitivamente en el pasado de Colombia. Tenemos derecho a la paz, no podrán arrebatárnosla.
Al fin y al cabo ella es la condición básica para cualquier modelo económico y político. Nuestro partido no va a echar pie atrás, no dejará de trabajar por la difusión, el conocimiento, la apropiación del Acuerdo por las grandes mayorías, por su implementación cabal. Estamos seguros de que es el mejor camino para nuestra nación.
Confiamos en que la cordura y la racionalidad terminarán por imponerse. No volveremos a las armas, estamos profundamente convencidos de que hoy existen formas de lucha superiores, vamos a demostrarlo. Nunca renunciaremos a nuestros sueños y objetivos de una nueva Colombia soberana, justa, democrática, en desarrollo y en paz. Sentimos que crece el clamor por ella, nos unimos a él. Y llamamos a alcanzarla a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Bogotá, 26 de noviembre de 2018
