Como firmantes del acuerdo de paz, rechazamos las aseveraciones del Gobierno Nacional, en particular las emitidas por el consejero para la estabilización, Emilio Archila, sobre la falta de formulación y adopción de un Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Sus declaraciones generan desinformación con el fin de justificar su propia desidia para implementar integralmente el acuerdo de paz.
El Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) es una medida necesaria para detener el desangre que hasta la fecha ha cobrado la vida de 253 personas en proceso de reincorporación a la vida civil. Su adopción es una de las instrucciones impartidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a través de las medidas cautelares decretadas mediante el Auto AI-008-2020 de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
No resulta admisible que después de cuatro años de ingentes esfuerzos del Componente FARC por movilizar a las instituciones para la formulación del PESP, hoy la Consejería pretenda desviar la atención de su incumplimiento responsabilizando al Componente. En la Mesa Técnica de Seguridad y Protección hemos presentado seis versiones diferentes del PESP, todas objetadas por la delegación gubernamental. No se entiende ahora cómo la Consejería afirma que el Componente FARC “no ha dado respuesta” sobre el mismo. Además, dice el consejero Archila que el gobierno ya había presentado a la Mesa Técnica el proyecto de Plan Estratégico de Seguridad y Protección, pero lo que en realidad presentó fue una versión de lineamientos del PESP y no el plan en sentido estricto.
La recurrente violencia contra la población en proceso de reincorporación ya fue reconocida por la JEP y por los diferentes informes de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. La adopción e implementación del PESP es una oportunidad de lograr mejoras sustantivas en materia de garantías para la población en proceso de reincorporación. Por eso rechazamos que se responsabilice al Componente FARC de que no se haya implementado aún. También denunciamos los intentos de desvirtuar el carácter y alcances de la Mesa Técnica, una instancia legítima derivada del acuerdo de paz y de decretos presidenciales en vigor.
Finalmente, exigimos que el Estado colombiano garantice los recursos presupuestales necesarios para materializar no sólo el Plan Estratégico, sino la integridad del acuerdo de paz. Al contrario de lo afirmado por el gobierno, se siguen desfinanciado sus mecanismos, como la Subdirección Especializada, lo que imposibilita cumplir las actividades que obliga el Acuerdo Final, en detrimento de la construcción de paz.
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC.
23 de enero del 2021
