Desde la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) hemos recibido varias exigencias en materia de comparecencia, en su mayoría estos requerimientos por parte de este organismo son producto de nuestra intención de cumplir con el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición. Sin embargo, hasta la fecha y después de estar plenamente creado este modelo de Justicia, no se cuenta con un sistema implementado de defensa con derechos y garantías para comparecientes y abogados, por el contrario ha operado una lógica de desconocimiento de garantías y derechos fundamentales.
Los Acuerdos de La Habana firmados en noviembre de 2016 mencionan que: “El Estado ofrecerá un sistema autónomo de asesoría y defensa gratuita así el solicitante careciere de recursos-, que será integrado por abogados defensores debidamente cualificados y cuyo mecanismo de selección será acordado por las partes antes de entrar en funcionamiento el competente de justicia del SIVJRNR”. Finalmente la Ley de Amnistía y el decreto 1166 del 2018, crean y regulan el Sistema de Asesoría y Defensa de confianza. Sin embargo a pesar de existir este robusto marco normativo, las autoridades competentes de esta Jurisdicción Especial Para la Paz, en cabeza de su Secretaria Ejecutiva y el ministerio de Hacienda han sido indolentes con este derecho fundamental, pues después de dos años de largos y de costosos estudios, no se cuenta con un Sistema de Defensa.
La JEP gasta cuantiosos recursos en funcionarios y en infraestructura, en muchas ocasiones inoperantes, viajes al exterior, estudios pagados a prestigiosas universidades a efectos de determinar su funcionamiento, sin embargo estos nunca tomaron medidas respecto a la garantía de este derecho fundamental. Hasta este momento hemos encontrado propuestas inoperantes para solucionar la crisis, estas son la asignación de “abogados voluntarios”, hasta la puesta en marcha de un inexistente “Plan de Choque”, que funcionaría solo con los recursos de la comunidad internacional.
A los ya sumados incumplimientos se suman las persecuciones en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, quien anunció la investigación a funcionarios de la JEP que tenían como labor principal estructurar administrativa y funcionalmente el Sistema de Defensa. Dicha acción por parte del ente investigador ha dejado desestructurada la sección encargada de la defensa de los comparecientes. Genera enorme sospecha que tras las muchas presiones realizadas por la Fiscalía al Congreso –para alterar el acuerdo de Paz- y a la Jurisdicción Especial para la Paz, para iniciar “incidentes de incumplimiento”, se ataque ahora de manera frontal el Sistema de Defensa, incluido funcionarios y abogados, lo cuales no cuentan hoy con las garantías suficientes para realizar su trabajo, garantías propias de cualquier sistema de justicia. No cabe duda que estamos frente a un modelo de guerra jurídica impulsado por las fuerzas que desde el primer día se han opuesto al acuerdo de paz incluso antes de conocer sus contenidos, guerra jurídica en la que se pretende anular cualquier derecho al oponente incluido en este caso el fundamental derecho a la defensa, consustancial a un Estado de Derecho. Regresamos nuevamente al Derecho Penal Del Enemigo.
En vista de lo anterior, ponemos en conocimiento este grave incumplimiento a la Segunda Misión de Naciones Unidas, a los países garantes y acompañantes.
Anunciamos que de continuar el desconocimiento del Derecho Universal a la Defensa acudiéremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Justicia y sobre independencia de jueces, magistrados y abogados, con el objeto de la tutela internacional a nuestros derechos.
Bogotá, 24 de septiembre de 2018.
FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN
