Comunicado a la opinión pública
Mayo 27 de 2023
Nuestra salida del territorio es inminente. Nos vamos porque nos están amenazando y nos están matando, a la fecha van 2 asesinatos, 9 amenazas directas y el desplazamiento de familias. 223 firmantes de paz, 150 núcleos familiares, 25 personas mayores, 104 niñas y niños y 61 personas con discapacidad saldremos del ETCR Georgina Ortiz, ubicado en el municipio de Vista Hermosa, Meta. Cientos de sueños de paz que la violencia desplazó.
Nos marchamos de la vereda La Cooperativa con los anhelos que sembramos en nuestros proyectos productivos colectivos: Caña, Sacha, Ganado, Turismo, Comunicaciones, Del cuidado, Tienda de víveres y sastrería; en nuestras formas asociativas: una junta de acción comunal, una cooperativa, un cabildo indígena en proceso de legalización y una asociación de mujeres, porque eso somos: mujeres y hombres que trabajamos por la vida y por la paz. Nos hacen salir del territorio y nos obligan a abandonar los procesos que beneficiaban a la comunidad: el puesto de salud, la modalidad de cuidado integral con el ICBF y todas las iniciativas de reincorporación comunitaria.
A nuestra comunidad la desplazó la falta de garantías de seguridad para la vida, acentuada por la indolencia protagonista de la institucionalidad que no se ha apersonado de su misionalidad de protegernos. Si bien la tierra es y seguirá siendo uno de los motivos principales de esta guerra que parece no acabar, queremos dejar claro que nuestra decisión de salir no está motivada por la posibilidad de acceder a un lugar donde reconstruir nuestra vida, salimos por la falta de garantías de seguridad integral. Salimos porque nos están matando. Nuestra tierra estaba aquí pero nos obligaron a salir. Ahora, dormimos con el miedo al lado, con la posibilidad latente de tener que salir corriendo en cualquier momento y sin previo aviso, con nuestro hogar y nuestros hijos e hijas al hombro, y para eso no firmamos el Acuerdo de Paz.
No han sido seis años fáciles. Víctimas de amenazas, desplazamientos forzados, entre otros hechos, hemos visto desaparecer proyectos productivos, el deterioro de la carretera y el infortunio del gobierno municipal y departamental que no le apostaron ni aportaron a la construcción de paz. Sin embargo, no sabíamos que mayo de 2023 cambiaría nuestra historia, el riesgo se agudizó con el anuncio de ejecutar asesinatos día de por medio. Además, nos sometemos a la victimización por parte de Instituciones como la Gobernación de Meta y la Unidad Nacional de Protección, a quienes les generamos la alarma, les solicitamos acompañamiento y manifestaron no poder comprometerse, mientras desesperados dábamos a conocer que las familias amenazadas se estaban desplazando forzosamente y necesitaban ayuda.
Hace un año en el Consejo Departamental de Reincorporación del departamento del Meta elevamos la alerta de construir rutas de prevención ante casos de desplazamiento masivo y creyeron que no pasaría. En marzo, desplazaron al ETCR Mariana Páez, y tan solo dos meses después a nosotros y nosotras. Dos centros poblados de un mismo departamento y con arrogancia nos reiteran que toca esperar.
Y aunque los hechos nos han dado la razón, el Alto Comisionado para la Paz persiste en los pronunciamientos que aumentan la estigmatización, como los que dio en la audiencia de seguimiento de la Corte Constitucional, que minimizan la gravedad de nuestra realidad. Parece irrisorio recordárselo, pero lo seguiremos haciendo: tanto los compañeros de Mesetas, como nosotros y nosotras, no salimos por nuestra voluntad, nos obligaron a salir a causa de un desplazamiento forzado. Nuestra vida y la de nuestra familia está en riesgo. Nuestra esperanza resiste, pero nuestro sueño de paz parece quebrarse y no podemos sostenerlo solos y solas.
En medio de la zozobra, la falta de garantías y la ausencia de atención, hemos decidido salvaguardar nuestras vidas junto a la de nuestras familias, así ello implique comenzar de nuevo en otro territorio. Nuestra comunidad se encuentra en primer grado de alistamiento y hemos decidido que el 29 de mayo instalaremos el Campamento Humanitario del ETCR y posteriormente, saldremos del territorio el 31 de mayo.
Al gobierno local, departamental y nacional les alertamos: la población en reincorporación está en riesgo y persiste un patrón de vulnerabilidad. A estos y a todas las instituciones competentes les reiteramos que, como nosotros y nosotras, el universo de firmantes de paz de la región Oriente y de todo el país aguarda, también con temor, por garantías para su reincorporación integral.
A las comunidades les manifestamos que no las dejaremos solas, seguiremos estando donde nos inviten, pero ellos y ellas saben que no podemos estar donde nos quieren arrebatar la vida.
Exigimos garantías para la vida de los y las firmantes de paz, para los y las presidentes de Juntas de Acción Comunal, las mujeres defensoras y buscadoras, para cada líder y lideresa, para los jóvenes que le han apostado a construir paz.
Con vehemencia seguiremos defendiendo la paz, la vida y por ello ratificamos que creemos en que la paz total es posible. No tenemos definido el sitio hacia el cual nos dirigiremos, eso les corresponde a las entidades, brindarnos condiciones que preserven nuestra vida e integridad. Pero mientras el aparato estatal se dispone en función de nuestra protección, la incertidumbre es nuestro destino y nuestras experiencias nos dirán a dónde llegaremos.
¡Nuestras experiencias nos guiarán! ¡Porque para construir paz, necesitamos vida… decidimos preservarla!
